#1Dmx: Vándalos vs violentos*

Denise Dresser

 MÉXICO, D.F. (Proceso).- “Una peste sobre ambas casas”, exclama Mercutio tres veces en Romeo y Julieta antes de morir. Maldice así a las familias cuya rivalidad lleva a su ruina. Y ese sentimiento de rechazo a ambos bandos también lo produce lo ocurrido el 1 de diciembre. También lo inspira la violencia que acompaña la toma de posesión de Enrique Peña Nieto. El enfrentamiento buscado que engendra la violencia condenable. La confrontación orquestada que incita los peores instintos. Vándalos contra violentos. Estudiantes contra policías. Anarcopunks contra granaderos. Perredistas contra priistas. Mexicanos contra mexicanos. Usando la violencia para cambiar la realidad y ensangrentándola. Condenables unos y otros. 

#1DMX representa mucho de aquello que no funciona. Se ha convertido en un microcosmos de lo que el país no ha logrado resolver. La ausencia del estado de derecho y la dificultad para lograr su aplicación; estudiantes encapuchados que provocan la violencia y policías agresivos que la exacerban; muchachos que quieren actuar al margen de la ley y que –al mismo tiempo– padecen su uso discrecional. #1DMX es ése México repleto de contradicciones. Donde se exige la mano dura para quienes rompen vidrios pero no para quienes se enriquecen ilícitamente. 14 encarcelados en una prisión, y Arturo Montiel –como siempre– vacacionando en una montaña nevada. Decenas de personas acusadas de violentar la paz pública, y políticos impunes a quienes el gobierno ni siquiera ha investigado. La ley del pueblo y la ley contra el pueblo.

La intención detrás de las órdenes policiales dadas ese día es clara; el objetivo es transparente. Se trata de mostrarle al país lo que ocurriría – supuestamente– si la izquierda lo gobernara. Se trata de enseñar a los mexicanos todo aquello que –supuestamente– deberían temer. De ligar a Andrés Manuel López Obrador y #YoSoy132 con los porros y los anarcopunks y los vándalos. Los abogados del orden evidenciando a los promotores del desorden. Quienes quieren manipular el miedo provocando a quienes lo producen. Quienes se dicen los defensores de la “mano firme” creando oportunidades para usar la mano dura. Vinculando a AMLO y #YoSoy132 con las pedradas y las barricadas. Distorsionando la información para aprovecharse políticamente de ella. 

Todo eso es cierto. Todo eso es innegable. Todo eso es condenable. Pero todo eso no justifica el comportamiento de los vándalos y quienes se sumaron a su causa. Pero todo eso no justifica los vidrios rotos y los policías golpeados. Los puños empuñados y los granaderos agredidos. Los comercios destrozados y los ventanales despedazados. La frustración legítima desembocando en métodos que no lo son. El argumento de que los fines justicieros avalan los métodos antidemocráticos. El resentimiento que todo lo absuelve. Los excesos aplaudidos ante los reclamos desatendidos. La violencia redentora que en realidad no lo es. La convicción de que una causa buena sanciona los métodos malos. Ese viejo desfase entre justicia y ley, haciéndose presente una y otra vez. El 1 de diciembre y más allá de allí. 

Pero México no debe creer que la violencia de los desesperados es aplaudible. Pero México no debe pensar que la violencia de los vinculados con #YoSoy132 es aceptable. La violencia –escribe Hannah­ Arendt–, como cualquier otra acción, cambia al mundo, pero lo hace para mal. Crea vencedores y vencidos, triunfadores y resentidos. Crea heridas profundas que tardarán mucho tiempo en cicatrizar. Produce sociedades que empuñan el odio en lugar de promover el diálogo. Produce sociedades divididas, llenas de ciudadanos que no pueden reconocer la humanidad esencial de quienes caminan a su lado. 

Y por ello mismo, la violencia promovida por y desde el gobierno es algo que ningún mexicano debe aceptar. Que ningún mexicano debe exigir. Que ningún medio de comunicación debe fomentar. Que ningún político de cualquier partido debe justificar. Porque la violencia estatal es una confesión de fracaso, una admisión de incompetencia. Demostrada allí en los golpes de las macanas. En los inocentes agredidos y aprehendidos. En la agresividad desmedida de los policías. En las personas injustamente arrestadas y encarceladas durante días. En ejemplo tras ejemplo de fuerzas públicas que imponen el orden violando la ley. Evidenciando a autoridades que no saben comportarse como tales. Evidenciando al Estado que existe para impedir la ley de la selva pero que se vuelve promotor de ella. Porque el Estado tiene el monopolio legítimo de la violencia, pero debe usarla con responsabilidad, con proporcionalidad. Con apego a la ley, y no con macanazos por encima de ella. Dentro de los límites que marca la Constitución, y no con toletazos que la mancillan. 

Y medios que padecen el mismo mal, que actúan de la misma mala manera. Erigiéndose en inquisidores; actuando como fiscales; acusando en vez de informar. Promoviendo el pleito en vez de contribuir a su desactivación. Aplaudiendo la violencia policial en vez de criticar su uso. Imagen tras imagen que apila el amarillismo y alimenta la estridencia. Medios que se han convertido en parte del problema y no en parte de la solución al depositar toda la culpa de la violencia en los jóvenes. Porque en lugar del análisis responsable han contribuido a la polarización lamentable. Porque en lugar de calmar los ánimos han ayudado a crisparlos. Sumándose al aplauso colectivo ante la costumbre de ojo por ojo, diente por diente. 

Esa costumbre que el país debe desterrar. Erradicar. Condenar en ambos bandos enfrentados ese día. Porque cada petardo disparado, cada tolete empuñado, cada bolero hostigado, cada hombre pateado, cada policía agredido es una afrenta. Algo que el país entero debe reclamar; algo que todo panista y todo perredista y todo priista debe denunciar; algo que todo ciudadano debe parar. Porque nada que valga la pena ha sido construido sobre los cimientos de la violencia. Y la violencia –como apuntó Emerson– no es poder, sino la ausencia de poder. Es la ausencia de aquello que permite mirar a los ojos de otro mexicano y reconocerse en él.

*Tomado de la revista Proceso.

Zedillo: de la inmunidad a la impunidad*

J. Jesús Esquivel

JusticiaLa matanza de Acteal, ocurrida hace 15 años, sigue siendo una herida abierta. Los familiares de los 45 tzot­ziles asesinados no han dejado de buscar justicia. Y esa justicia –concuerdan defensores de los derechos humanos– debe alcanzar a Ernesto Zedillo. Pero el gobierno calderonista trató de salvarlo ahora que el exmandatario priista goza de su estatus de académico en una prestigiada universidad de Estados Unidos y, con trampas, le pidió a Washington que lo protegiera con un manto de inmunidad… o de impunidad.

 

WASHINGTON.- El equipo de abogados que representa en Estados Unidos a los familiares de las víctimas de la matanza de Acteal exigió a la Corte Federal de Connecticut desechar la recomendación de inmunidad para Ernesto Zedillo, pues asegura que el gobierno de Barack Obama fue engañado para proponer esa excepción judicial al expresidente mexicano. 

“Toda la evidencia indica que el Departamento de Estado fue grotescamente engañado en la petición de inmunidad y que carece de la información para sustentar su propuesta”, sostienen los abogados defensores en un documento presentado el viernes 7 ante la Corte Federal de Connecticut.

“A la luz de esta nueva evidencia (…) los demandantes solicitan a esta Corte: Mantener los procedimientos de la demanda civil (contra Zedillo) hasta que se conozca el decreto final de la solicitud de amparo en las cortes mexicanas; solicitar al Departamento de Estado que revise su sugerencia de inmunidad con base en la determinación que tome la corte mexicana; y declarar en este momento que Zedillo no es inmune a esta demanda porque (…) la inmunidad le es negada según la Constitución de México”, destaca el documento de 10 páginas.

El texto –firmado por los abogados Matthew D. Gordon, Roger S. Kobert y Marc C. Pugliese– acusa al todavía embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhán; al exsubsecretario de Relaciones Exteriores Julián Ventura y en general a la cancillería de la administración calderonista de haber engañado al gobierno estadunidense respecto a la supuesta protección que otorga la Constitución de México a los expresidentes del país.

“Zedillo fracasa en su intento de cambiar estas simples verdades: Que la Constitución mexicana de 1917 niega la inmunidad para cualquier presidente, incluido Zedillo, una vez que concluya su mandato; que una Corte Federal en México ha suspendido la tramposa petición de inmunidad para Zedillo hecha por el embajador mexicano (Sarukhán); y que nuestras cortes federales nunca adoptan automáticamente lo que argumenta el Departamento de Estado”, dice el documento entregado por los abogados estadunidenses y del que Proceso tiene copia.

El equipo legal también entregó copia de la demanda de amparo (contra el pedido de inmunidad) que se presentó el 22 de octubre de 2012 ante el Juzgado Decimosexto en Materia Administrativa en el Distrito Federal.

Las trampas de Sarukhán 

Al cumplirse este 22 de diciembre 15 años de la matanza de 45 tzotziles en la población de Acteal, municipio de Chenalhó, Chiapas, los abogados de los familiares de las víctimas indican que el gobierno de Obama, de forma irresponsable y con sustento en los dichos de Sarukhán, Ventura y del gobierno de Calderón, el pasado 7 de septiembre recomendó a la Corte Federal de Connecticut otorgar inmunidad a Zedillo y desechar la demanda de la que es sujeto. 

Numerosas investigaciones independientes, tesis académicas e incluso informes de organismos de derechos humanos han concluido unánimemente que la matanza de Acteal fue un crimen de Estado. 

Gordon, Kobert y Pugliese le aclaran a la corte en Connecticut que en la “nota diplomática 07654” que Sarukhán envió al Departamento de Estado, el 4 de noviembre de 2011, el diplomático ocultó a Washington las limitaciones constitucionales mexicanas sobre la inmunidad de los expresidentes.

 La mentira de Sarukhán al gobierno de Estados Unidos, según la demanda de amparo, fue deliberada para “hacer valer ante instancias internacionales la inmunidad diplomática” que Calderón pretendió garantizar para Zedillo.

Los tres abogados le explican a la Corte que Zedillo ha guardado silencio ante la demanda de amparo que las víctimas de Acteal presentaron en México para solicitar la nulidad de la inmunidad diplomática.

“Con su silencio Zedillo concede que la Constitución mexicana claramente rechaza su inmunidad”, puntualizan los abogados.

Respecto a la recomendación que hizo el Departamento de Estado para otorgarle inmunidad a Zedillo y con ello anular la demanda civil –por violación a los derechos humanos– que en su contra presentaron las víctimas de Acteal en Connecticut, el documento destaca que este privilegio diplomático antes de ser emitido debe ser analizado minuciosamente para tener la garantía de que se sustenta en los decretos constitucionales del país extranjero al que pertenece el potencial beneficiado. 

Los abogados le hacen notar a la Corte que la Constitución mexicana en sus artícu­los 108 y 111 establece que el presidente de la República goza de inmunidad durante su mandato, excepto en caso de que traicione “a la patria” o cometa crímenes graves. 

Esta determinación constitucional se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917. Respaldados en el contenido del artículo 111, Gordon, Kobert y Pugliese insisten ante la Corte que “la Constitución mexicana guarda un perfecto silencio sobre el derecho de inmunidad para un presidente al concluir su mandato bajo la interpretación jurídica expressio unius est exclusio alterius (expresar una cosa implica excluir las otras)”. 

La defensa de las víctimas de Acteal sostiene, que por “respeto a la soberanía” mexicana, el Departamento de Estado debería acatar las recomendaciones que en el pasado se han hecho ante las cortes federales de Estados Unidos para el caso de emisión de inmunidad diplomática a extranjeros.

Como compromiso de los acuerdos internacionales –insisten los abogados–, el Departamento de Estado debe cumplir con la doctrina diplomática de respeto mutuo y cortesía para con los decretos constitucionales de naciones soberanas a los que no debería contradecir, porque esto podría ser interpretado como una intromisión.

Por encima de los argumentos internacionales y diplomáticos que se han presentado ante la Corte de Connecticut, los tres abogados reconocen una prerrogativa de Obama:

“Generalmente las cortes federales se muestran reacias a intervenir en asuntos de política exterior que le competen a la autoridad del Poder Ejecutivo. Pero aun cuando el contexto es menos obligatorio, como en este caso cuando se ha perpetrado un fraude –por parte de Sarukhán– al Departamento de Estado y a esta Corte,­ nuestras cortes pueden considerar secretos de Estado e incluso reexaminar juicios hechos sobre el contexto de asuntos extranjeros.”

Ahondando en el caso del juicio de amparo en México, el documento le hace notar a la Corte de Connec­ticut que Zedillo en su defensa argumenta que cuando hizo la sugerencia de favorecerlo, el Departamento de Estado “tenía en la mano” la información de la inconstitucionalidad del pedido de inmunidad hecho por Sarukhán. “El Departamento de Estado no rechaza, ni siquiera menciona haber considerado esta información, por lo cual no tiene fundamento la especulación contraria que hace Zedillo”, asienta la defensa. 

De lo que sostiene el expresidente mexicano acusado en la demanda civil en Connecticut, los tres abogados añaden que Zedillo también ignora una distinción importante y crucial entre lo que significa “presidente y expresidente”. 

Por ello le recuerdan a la Corte que el sistema judicial de Estados Unidos, aun cuando en el pasado haya otorgado inmunidad diplomática a extranjeros, esto ya no se aplica para el caso de ciudadanos que han dejado de ser jefes de Estado o de gobierno. 

“Es más”, acotan en el documento los abogados, “Zedillo no ha podido citar un solo caso que involucre un fraude perpetrado sobre el Departamento de Estado y, consecuentemente a una Corte Federal de Distrito por medio de violaciones a la constitución de una nación soberana”. 

Por otro lado, el argumento legal contra Zedillo le recuerda a la Corte de Connecticut que en el sistema judicial de Estados Unidos se ha reconocido que la posición de un Estado extranjero sobre el tema de la inmunidad para con uno de sus ciudadanos es incluso superior a la opinión del Departamento de Estado.

“Como mínimo esta Corte debería seguir actuando con prudencia… En caso de que el sistema judicial mexicano afirmara la negativa de inmunidad en la demanda de amparo, esta Corte podría referir este asunto nuevamente al Departamento de Estado para cualquier reconsideración sobre su actual sugerencia o decidir sua sponte si la inmunidad se rechaza en concordancia con la decisión judicial mexicana”, concluye el documento de la defens

*Tomado de la revista Proceso.

SNTE: dirigencia complacida*

Tomados de La Jornada, Hernández y El Universal, Naranjo.

Jesús Cantú

MÉXICO, D.F. (Proceso).- A nadie debe sorprender que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se muestre tan complaciente con la reforma constitucional del sistema educativo nacional, pues –por lo menos hasta estos momentos– serán sus personeros en las distintas instancias educativas estatales los que se encarguen de administrar el ingreso y la promoción de los integrantes del llamado Servicio Profesional Docente.

La creación de dicho servicio es una muy buena decisión, y más todavía el hecho de que en el párrafo III del artículo 3° de la Constitución se asiente: “…el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevará a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de conocimientos y capacidades que correspondan (…) Serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley”.

Sin embargo, el problema es quién realizará dichos concursos de oposición, y de acuerdo con la reforma constitucional serán las autoridades educativas, no el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, como muchos creen. Conforme a lo hoy establecido en la fracción VIII del artículo 13 de la Ley General de Educación, corresponderá a las autoridades educativas estatales aplicarlos, en coordinación con la autoridad educativa federal.

Esto se puede modificar en la reforma a la legislación ordinaria que se haga con posterioridad a la constitucional, pero el único cambio que podría introducirse sería que dicha función corresponda a la autoridad educativa federal, y no a la estatal. Pero eso no sería muy congruente con lo indicado en la exposición de motivos planteada por el presidente Enrique Peña Nieto y avalada, igual que la reforma, por los dirigentes de los tres partidos políticos con mayor participación electoral (PRI, PAN y PRD).

En dicha exposición, se manifiesta: “Por su parte, la evaluación individual de los elementos que integran el Sistema Educativo Nacional debe continuar como una función ordinaria de las autoridades, propia de su operación, que no puede separarse de su diario quehacer. Sin embargo, la práctica de esas evaluaciones debe obedecer a criterios técnicos idóneos que el Instituto (Nacional para la Evaluación de la Educación, INEE) brinde en el ejercicio de sus funciones”.

Pues bien, en el texto de la reforma la única facultad que se le da al INEE al respecto es “expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federal y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden”. Así, este nuevo órgano autónomo ni siquiera podrá elaborar los instrumentos que sirvan para evaluar la idoneidad de los aspirantes a ingresar o recibir una promoción dentro del magisterio.

De modo que, aun cuando integrantes del nuevo gobierno presumen de haber limpiado la Secretaría de Educación Pública de la injerencia de la lideresa sindical Elba Esther Gordillo, al retomar la rectoría de la educación, como lo pregonan, lo cierto es que en los estados las secretarías de Educación todavía están bajo el control de la dirigencia sindical y ellas serán las instancias responsables de aplicar directamente los concursos de oposición para el ingreso y promoción de los maestros. En octubre de 2009 (Proceso 1719), este autor señalaba que buena parte de la eficacia del control de la dirigencia sindical sobre el gremio “obedece al enquistamiento de sus miembros en la estructura educativa: (…) las secretarías de al menos 11 de los 31 estados; más de medio centenar de subsecretarías; cientos de direcciones…”.

Para que efectivamente haya “idoneidad de conocimientos y capacidades” de los nuevos maestros o directores y supervisores, debiera ser el INEE, órgano con autonomía constitucional, el responsable de administrar estos concursos de oposición en todos los casos, o al menos, como planteaba la iniciativa de senadores panistas y perredistas presentada en diciembre del 2011, establecer que fuese requisito para ejercer la docencia, en instituciones públicas o privadas de educación básica, el “obtener la certificación de conocimientos y aptitudes expedida por el INEE”.

Lo ideal sería que, en el caso de los concursos de ingreso, todo el proceso se realizara a nivel federal; que se institucionalizara la organización de uno o dos concursos anuales, y que, de acuerdo con el lugar que ocuparan los candidatos en ellos, se les diera la oportunidad de elegir el lugar de su adscripción. En los de promoción, si se quiere dejar una participación a las autoridades estatales, se les podrían enviar ternas por cada puesto a ocupar y ese sería su margen de decisión; se garantizaría un mínimo de conocimientos y capacidades y simplemente se dejaría la evaluación final a la autoridad directa.

Pero de acuerdo con las atribuciones mencionadas en la Constitución, el INEE no podrá ni administrar los concursos ni emitir una certificación de idoneidad. Además, el secretario de Educación, Emilio Chauyffet, fue muy claro en una entrevista con Carlos Loret de Mola el pasado 11 de diciembre: La evaluación no será retroactiva, y aplicará únicamente para aquéllos que se incorporen a partir de la entrada en vigor de dicha legislación al servicio profesional docente. Tampoco garantizó que reprobar un examen de evaluación implicase la salida del servicio; sólo ratificó que no ingresará quien no lo apruebe, pero, una vez adentro, el reprobarlo no necesariamente conduciría siquiera a que el educador fuese retirado de sus funciones (puede ser que la ley establezca su salida en algunos casos, pero en la Constitución eso no está establecido), aunque fuese para una capacitación.

El conductor del noticiario se sorprendió ante la respuesta de Chuayffet y le preguntó que si la ley aplicaría únicamente para los nuevos, cuántos años se tardarían en renovar a toda la planta de maestros, y el secretario se remitió a la experiencia de Corea del Sur y respondió que a ese país le llevó 20 años. De manera que, aparte de que el impacto de la reforma sobre la calidad educativa será en el largo plazo, nada garantiza que los que ingresen sean los idóneos, por lo señalado previamente. 

Las dos instituciones incorporadas al artículo tercero constitucional (Servicio Profesional Docente e Instituto Nacional de Evaluación de la Educación) son muy positivas, pero en los términos en los que se redactaron las disposiciones mencionadas no garantizan la consecución de los objetivos planteados.

*Tomado de la revista Proceso.

Represión, cooptación, alianzas oscuras y venta de garage, sello del nuevo gobierno*

Tomado de La Jornada, E Fisgón.

Jesusa Cervantes 

MÉXICO, D.F. (apro).- Al minuto de haberse dado a conocer los integrantes del gabinete presidencial de Enrique Peña Nieto, las burlas arrancaron en las redes sociales, especialmente en Twitter. Los tuiteros preguntaron con ironía cuántos años de cárcel había en la tarima de presentación o cuántos especímenes del paleolítico habían resurgido.

 Pero más allá de la burla y el sarcasmo, lo cierto es que el nuevo gabinete encierra represión, cooptación, venta de garaje y alianzas poco claras.

 La gran sorpresa fue el exgobernador de Coahuila, Enrique Martínez y Martínez, quien luego de un tranquilo paso por la gubernatura empezó a tener reuniones con empresarios de cuestionable enriquecimiento. Martínez y Martínez formó parte del círculo de exgobernadores que en una exclusiva residencia de Missión, Texas, dio todo su apoyo a Enrique Peña Nieto para que –por encima de Manlio Fabio Beltrones Rivera–, fuera el candidato presidencial del PRI.

 No se puede prejuzgar a nadie por sus simpatías políticas. Ese no es el punto con Martínez y Martínez, sino su gran amistad que entabló –como lo hizo en su momento el también exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández–, con el empresario originario del convulsionado Valle Hermoso, Tamaulipas, Carlos Castillo Cervantes, alías “El Dragón”.

 De este personaje se han dicho varias cosas, la principal es que tiene un gran poder corruptor y lo mismo ha engatusado a perredistas que a priistas para que, mediante dudosos acuerdos, le dejen repavimentar todo el estado. También se dice de él que ha embaucado a empresarios estadunidenses en negocios no muy derechos que digamos. Incluso, que ha vendido más de una casa a exgobernadores priistas para que luego las revendan o vivan en ellas.

 Entre el círculo de gobernadores que le son afectos y fieles seguidores está justamente Enrique Martínez y Martínez, el nuevo secretario de Agricultura.

 Ahora, quienes conocen a “El Dragón” se preguntan si con la llegada de sus amigos al poder, Peña Nieto y el exgobernador de Coahuila, el empresario se adueñará de todo Tamaulipas.

 Para la venta de garaje está un joven: Emilio Lozoya Austin, quien es ahora el nuevo director de Pemex. Y con la reforma energética que se avecina, en la cual la iniciativa privada tendrá manga ancha para comprar e invertir en petróleo –aunque la Constitución lo prohíba–, pues el joven Lozoya Austin podrá poner en práctica lo que aprendió de la empresa española OHL, de la cual hasta el 12 de septiembre de 2012 fue secretario del Consejo de Administración.

 La poderosa empresa española es la que llevó a cabo las grandes obras realizadas en el gobierno de Peña Nieto en el Estado de México y se le acusó de sobrevalorar el precio de las mismas para, de ahí, obtener millonarios recursos y hacer, presuntamente, “el cochinito” para la campaña presidencial del mexiquense.

 OHL está en todo el Estado de México; ahora, con su exsecretario del Consejo de Administración no dudemos que estará en todo México, principalmente como inversionista en el devaluado Pemex, que cada día le aparecen nuevos yacimientos de petróleo qué administrar.

 Uno más para la venta de garaje será Gerardo Ruíz Esparza, a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Este personaje está ligado política y empresarialmente al grupo Atlacomulco. Es socio desde hace muchos años de uno de los tíos de Peña Nieto: el exgobernador mexiquense, Alfredo del Mazo.

 Proceso publicó que Ruíz Esparza fue uno de los operadores para entregarle a OHL las grandes obras del gobierno mexiquense y donde, además de beneficiarla con multimillonarios recursos y entregarle por más de 30 años el manejo de algunas obras, como ciertos hospitales, lo hizo su aliado, presuntamente para hacer “el cochinito electoral”.

 Veremos ahora a cuáles empresas el concesiona el gobierno a Ruíz Esparza.

 En la captación, tenemos nada más y nada menos que a Rosario Robles. Ella está en Sedesol, conoce a viejos líderes que por años hicieron trabajo de base en las zonas más pobres del país, no nos sorprendamos ver en los próximos días a exizquierdistas trabajando a su lado y elaborando la estrategia para llegar a las zonas más pobres; pero también y de pasadita, trabajo político a favor de su nuevo partido, el PRI. O ya de plano, rompiendo esquemas de ayuda comunal para debilitarlos. Como sucedió con Carlos Salinas de Gortari y Pronasol.

 Y finalmente tenemos a la mano dura. A los hombres del régimen que todos temerán: Miguel Ángel Osorio Chong en Gobernación, a cargo de la policía federal, la gendarmería y el Cisen.

 El otro personaje es Jesús Murillo Karam, un hombre que mantiene contactos con el sector castrense pero que hoy estará en la Procuraduría General de la Republica. A este hidalguense se le recuerda no por haber hecho un buen gobierno en su estado, sino más bien por dejar pasar enfrentamientos comunales, linchamientos de gente inocente y por no poder contener nunca a la turba. Ahora, con cientos de agentes a su mando, seguramente la palabra represión, la escuchará cotidianamente, así como la de violación a los derechos humanos.

 Este será el gobierno de Peña Nieto: de cooptación, represión y venta de garaje. Si alguien pensó que la pesadilla había terminado, se equivocó; la pesadilla, más bien regresa. El PRI está de nuevo en Los Pinos con lo más antidemocrático y autoritario que tiene: su origen mismo.

Posdata. El 29 de enero de 2012, Proceso ubicó al general Salvador Cienfuegos Zepeda entre los primeros nombres para ocupar Sedena, en caso de que Peña Nieto lograra llegar a la Presidencia. Este viernes se confirmó. Peña Nieto colocó a su gran amigo en la Sedena.

La amistad entre ambos se dio por medio de Jaime Camil, un exproveedor de la Sedena en la época en que el titular era Juan José Arévalo Gardoqui. El empresario tenía casa en Acapulco, donde conoció a Cienfuegos Zapata cuando este ocupó la comandancia de la IX Regional Militar de Guerrero. 

 El lazo entre el político Peña Nieto y el general se fortaleció cuando él primero llegó a la gubernatura del Estado de México y Cienfuegos como comandante de la I Regional Militar del Distrito Federal que abarca la entidad mexiquense. 

 El gobernador se mostró generoso con el Ejército y el 29 de abril de 2009 firmó dos convenios con la Sedena mediante los cuales le entregó en permuta dos grandes predios para la construcción de instalaciones militares. Pero el camino hacia la Sedena se le pavimentó a Cienfuegos cuando el pasado 16 de enero fue nombrado Oficial Mayor de la Sedena. A partir de ahí su paso hacia la Secretaría de la Defensa se ensanchó más y más. Hoy es el nuevo titular y cabeza de los militares.

Comentarios mjcervantse@proceso.com.mx

Twitter @jesusaproceso

*Tomado de la revista Proceso.