Córdoba, feudo zeta*

Tomados de La Jornada, Hernández y Rocha y El Universal, Helioflores y El Fisgón.


 Jorge Carrasco Araizaga

La captura de tres presuntos integrantes de Los Zetas en octubre pasado permitió a las autoridades detectar la existencia de una presunta red de complicidades de ese grupo criminal para operar a sus anchas en Córdoba, Veracruz. El amplio entramado –al decir de los tres capturados por la Marina– incluye a empresarios, políticos y sobre todo a funcionarios de la procuraduría del estado de Veracruz, que ahora está obligada a investigarse a sí misma. Mientras tanto, el mandatario Javier Duarte rendía el jueves 15 un triunfalista informe de gobierno… 

Córdoba se convirtió en el refugio de Los Zetas en Veracruz, con la protección de funcionarios de seguridad y procuración de justicia y el apoyo de empresarios para el lavado de dinero. La reciente captura de tres operadores de esa organización delictiva por parte de la Marina descubrió una presunta red de favores que implica sobre todo a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado en la ciudad donde nació el gobernador Javier Duarte de Ochoa.

La PGJ tiene ahora que investigarse a sí misma, por lo menos en lo que hace a los delitos del fuero común atribuidos a los tres detenidos por la Marina el pasado 10 de octubre, acusados de portación de armas largas y posesión de cocaína y mariguana para su venta al menudeo.

La detención se hizo pública el pasado 14 de octubre, cuando la Secretaría de Marina informó que sus efectivos habían aprehendido en el puerto de Veracruz a Cristopher Fuentes Letelier, El Chuletón; Gerardo Trejo Cruz, El Trejo, e Ignacio Valdez Ramírez, El Chilango, quienes se identificaron como zetas.

Desde su captura los tres presuntos zetas apuntaron hacia las oficinas de la procuraduría veracruzana en Córdoba. Sus declaraciones las conocen tanto el gobierno de Duarte como la Marina pues la PGJ tiene un “fiscal investigador especializado adscrito a la Fuerza de Tarea de la Secretaría de Marina-Armada de México”, la que prácticamente está a cargo de la seguridad en el estado mediante el Operativo Veracruz Seguro. 

“El Chuletón” 

El modus operandi de Los Zetas en Córdoba está detallado en la investigación ministerial 947/2012 VER-FIEAFTVS-10, abierta en la Subprocuraduría Regional de Justicia Zona Centro Veracruz por el “fiscal investigador especializado” Pedro Alberto Huesca Barradas. La averiguación se dio a conocer en el estado de forma extraoficial, sin papel membretado de la PGJ. 

El Chuletón, de 26 años y originario de Córdoba, se dedica a la venta de cocaína. Integrante de Los Zetas desde 2008, había viajado al puerto para encontrarse con El Trejo y El Chilango y entregarles la droga que transportaba, un paquete de más 76 bolsitas de mariguana, además de 500 bolsitas de cocaína, para distribuirlas en el puerto de Veracruz. 

Los tres dijeron estar bajo el mando del Comandante Javid o El Pájaro, a quien identificaron como “segundo comandante” del cártel en la zona de Córdoba-Fortín de las Flores y Orizaba. Lo señalaron como el encargado del narcomenudeo, la extorsión a los líderes cañeros de la zona durante el corte de caña, el cobro de derecho de piso, secuestros y el control de “todo el personal de sicarios que llamamos estacas”, así como dueño de bares en Córdoba, de cuyo distrito electoral Duarte fue electo, en 2009, diputado federal a la LXI Legislatura en la que ejerció sólo unos meses.

En su declaración ministerial, referida sólo por algunos medios locales, El Chuletón es prolijo en nombres de sus jefes, de los empresarios que supuestamente han puesto sus negocios para lavar dinero y de los funcionarios de la PGJ que, dijo, protegen a Los Zetas. 

“Tenemos personas de la procuraduría trabajando para nuestra organización. De los que me acuerdo y conocí son el licenciado Abraham Becerril Hernández”, quien fue subprocurador de Justicia en Córdoba y precandidato del PRI a esa alcaldía. De él dijo que “recibía una nómina de 100 mil pesos mensuales. Nos presta sus bodegas, donde guardamos los tráileres robados y a las personas que levantábamos o secuestrábamos”.

Mencionó también a María Isabel Hernández Cruz, agente del Ministerio Público en Córdoba. “El licenciado Abraham Becerril Hernández nos mandaba con ella para que nos devolviera los tráileres de la empresa de Los Zetas que detenían y ponían a disposición. Le pagamos por su apoyo la cantidad de 50 mil pesos mensuales”.

El secretario del Ministerio Público, Uriel Moreno, “es el que hacía los trámites para devolvernos las unidades. Le pagamos… 10 mil pesos mensuales”. Aseguró que la mercancía que les era devuelta la almacenaban en una bodega propiedad de Becerril Hernández.

“También trabaja para Los Zetas el licenciado Marco Antonio Lezama Moo, quien fue subprocurador en Córdoba de 2008 a 2010”. El siguiente cargo que ocupó Lezama Moo fue como encargado de despacho en la PGJ tras la renuncia de Reynaldo Escobar. Actualmente es subprocurador en Xalapa.

Según el testimonio, Gustavo Cano Sánchez, El Moneneque, quien fue jefe de Los Zetas en Córdoba, le pagaba a Lezama Moo 80 mil pesos mensuales. “Nos entregaba los vehículos que nos aseguraban sin hacer ningún trámite, así como los tráileres y dejar (sic) en libertad inmediata a miembros de Los Zetas”. 

Como muy cercano a Lezama Moo señaló a Lauro Ramos Olmos, quien era agente del Ministerio Público en Córdoba. “Le pagamos la cantidad de 20 mil pesos mensuales. Se encargaba de entregarnos los oficios para liberar los vehículos asegurados y dejar en libertad a miembros de Los Zetas que fueran detenidos.

“También nos decía si aseguraban algún vehículo de nosotros o a algún compañero. Además los ayudaba, cuando tenían que declarar en su oficina o ante cualquier autoridad que los detuviera, para que no delataran a Los Zetas y se pudieran defender mejor. Ahora está como Ministerio Público en Xalapa, a donde lo mandó Lezama Moo”, según la declaración. 

El Chuletón también implicó a Jorge Yunis Manzanares, subprocurador regional de Justicia en Coatzacoalcos: “También es parte de nuestra organización. Es una de las personas a las que el jefe le tiene más confianza”.

“El Pencho”

A partir de menciones de Rubén Ortiz Olivares, El Pencho, identificado en la averiguación previa como lavador de dinero, el detenido dijo que Yunis Manzanares “es el que tiene más tiempo colaborando con nosotros” y “era amigo personal de Braulio Arellano Domínguez, El Gonzo” o El Z-20, quien fue jefe regional de la zona de Córdoba y luego del estado hasta que murió en un enfrentamiento con la Policía Federal en Soledad de Doblado en 2009. 

“Desde ese entonces la organización de Los Zetas está pagándole una nómina de 100 mil pesos, ya que todos los favores que le pedíamos nos los hacía: liberar a nuestra gente, devolvernos los carros asegurados por las fuerzas federales que estaban alterados o robados. Nos prestaba los vehículos oficiales para que nuestra gente se moviera con armamento y droga en la zona donde trabaja.”

Añadió que Yunis Manzanares “también nos fue de mucha ayuda aquí en la ciudad de Veracruz, cuando fue subprocurador. Todos los integrantes de nuestra organización sabemos que podemos contar con su apoyo. Ahora que está en Coatzacoalcos, nuestra gente de aquella zona puede operar con tranquilidad, secuestrar, levantar gente, vender droga, sin tener problemas con las autoridades locales porque la organización… le paga… para que nos ayude”. 

En su lista de supuesta protección oficial añadió a Ricardo Javier Carrillo Almeida, subprocurador de Justicia de Córdoba: “Trabaja para nosotros. Es amigo de Apolo Mar Escalona Barradas, El Picos o Picoreta, jefe regional en el centro de Veracruz, quien le paga su nómina de 100 mil pesos mensuales. Nos apoya en toda la región en lo que necesitemos. Nos avisa si existen denuncias de familiares de gente que levantamos o si su mando superior solicita la colaboración de la gente del Ejército o de la Marina para apoyarlos”.

Altos mandos 

En la declaración metió en la red a Juan Carlos Herrera Jiménez, David Fabián Espinoza Benítez y Rey Báez Andrade, quienes fueron agentes del Ministerio Público Serpico de Córdoba. “Ellos reciben la cantidad de 15 mil pesos mensuales, nos dan los vehículos chocados sin hacer trámite. Nos permiten llevarnos carga de droga o mercancía robada de esos vehículos”. 

Según el detenido los subprocuradores Lezama Moo y Yunis Manzanares, además del exsubprocurador Becerril Hernández y el delegado de Tránsito en la ciudad de Córdoba, Óscar Barquet Viñas, perteneciente a una familia de empresarios, se reunían con los jefes de Los Zetas en la finca Las Cúpulas, propiedad de Raúl Lucio Hernández Lechuga, El Lucky. 

Conocido también como El Z-16, Hernández Lechuga fue uno de los fundadores de Los Zetas y jefe del cártel en Veracruz, Oaxaca y Puebla, hasta que la Marina lo detuvo en un rancho de Córdoba en diciembre del año pasado cuando celebraba su cumpleaños. 

Además asistían El Pencho, operador financiero del Lucky, y Reynaldo Bernardi Manica, El Reynolds, a quien señaló como el responsable de la venta del combustible robado a Pemex en las gasolinerías de la autopista que pasa por Córdoba, Puebla y Coatzacoalcos, y otra docena de establecimientos de Córdoba y Fortín de las Flores. 

En esos alegados encuentros incluyó a los abogados Luis Avella Alvarado y Jorge Reyes Peralta, muy cercano a los tres gobernadores más recientes de Veracruz, así como al periodista Zenen Domínguez Guerrero, de Televisa Veracruz. 

Según esa versión, junto con Romeo Real Pachín, del “diario Imagen del Golfo” en Córdoba, Domínguez Guerrero trabajó para el cártel lo mismo que los periodistas Gerardo Luna, Juan Carlos Herrera y José Luis Jiménez Zaragoza, de El Sol de Córdoba, además de Saúl Contreras, del diario El Buen Tono, cuyas instalaciones fueron incendiadas por Los Zetas en noviembre del año pasado.

Como lavadores al servicio del Lucky, El Chuletón señaló al Pencho y a su esposa, María Selva Perdomo Pinal, a través de la inmobiliaria Olimpicus, que según el detenido adquiría inmuebles en Córdoba, Fortín de las Flores y Orizaba para casas de seguridad de Los Zetas y a donde llevaban a los secuestrados y almacenaban armas y drogas. Aseguró que también compraron un fraccionamiento residencial de 18 casas atrás del hotel Papanoa.

Además los señaló como socios de la empresa de maquinaria pesada Retrox, junto con El Moneneque, quien fue jefe de Los Zetas en Córdoba, y El Chilango, otro de los detenidos por la Marina el 10 de octubre pasado. 

Según la declaración, esa empresa la ocupaban para construir pistas de aterrizaje de avionetas que transportaban la droga que se distribuiría en Córdoba, Fortín de las Flores, Orizaba, Tierra Blanca y los municipios cercanos. Del Pencho y El Moneneque dijo que también son socios en casas de cambio en Córdoba. 

Identificó a Ernesto Lozano Tello como tío del Pencho, actual presidente de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar y líder del ingenio Motzorongo, en el municipio de Tezonapa, y quien “es prestanombres de Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca, quien fue declarado oficialmente muerto el pasado 8 de octubre luego de un enfrentamiento con la Marina, en Progreso, Coahuila.

El Chuletón señaló a Lozano Tello como propietario de varios ranchos en el área de Laguna Chica, donde hay pistas clandestinas para el aterrizaje de avionetas con droga, pero también donde se baja droga en camiones de volteo. 

Sus acusaciones alcanzaron a los hermanos Juan José y Juan Felipe Yunes Arteaga, “quienes operan en Orizaba, Córdoba, Cancún y Playa del Carmen, Quintana Roo, por medio de la empresa Yunes y Asociados Constructora e Inmobiliaria”. 

Otros supuestos lavadores que menciona son Miguel Barquet Viñas, dueño de las dulcerías La Josefina; Miguel Ángel Vázquez Aldazaba, dueño de deportes Satélite; Rodolfo Delfín Terán, dueño de Maderas Delter; Jesús Diez Figueroa, dueño del Centro de Llantas Diez. También mencionó a asesores legales, contables y financieros.

Protección policiaca

El Chilango, de 44 años, señaló también al abogado Jorge Reyes Peralta como compadre del Pencho y supuestamente encargado de negociar con los familiares el rescate de los secuestrados por Los Zetas, y quien además del pago de una parte de los rescates recibe una nómina mensual de 200 mil pesos. 

Sobre la protección institucional, además de asegurar que él hacía los pagos a algunos funcionarios de la PGJ, mencionó a las policías municipales de Córdoba, Fortín de las Flores, Orizaba, Río Blanco, Nogales y Ciudad Mendoza, “quienes nos ayudan a realizar levantones, nos avisan de los operativos que realizan los federales y militares, además de ayudarnos a llevar en sus patrullas la droga y armas para que no sean detectadas”. 

En particular mencionó a Diego Colina, agente de Tránsito de Córdoba, quien según dijo escoltó al Lazca y a Miguel Ángel Treviño Morales, El Z-40, en sus incursiones en Córdoba, por lo que recibe un pago de 10 mil pesos mensuales. Precisó que Jesús Aiza Kaluf, quien fue delegado regional de Seguridad Pública de la zona centro, con sede en Fortín de las Flores, recibía un pago mensual de 10 mil pesos. Según El Chilango, ahora tiene la misión de proteger a los dueños de Yunes y Asociados Constructora e Inmobiliaria. 

Declaró que el padre de los Yunes, Juan Yunes, “nos informa los puntos (donde) podemos instalar tomas clandestinas en los ductos de gasolina y diesel de Petróleos Mexicanos”. 

De acuerdo con esa declaración, el papá del Reynols, Reynaldo Bernardi Castelán, le ordenó junto a otros sicarios quemar las instalaciones del periódico El Buen Tono, “propiedad de José Avella, con quien tiene un problema legal por un rancho. Nos dijo que si con eso no entendía, que le diéramos piso, es decir, que lo matáramos”. 

Apenas el pasado jueves 8 El Buen Tono, cuyo propietario fue candidato ciudadano a la presidencia municipal de Córdoba, publicó un editorial en el que le reprochó a la PGJ la falta de resultados sobre el ataque, que atribuye a los empresarios Miguel y Óscar Barquet Viñas, dueños de publicaciones digitales a los que acusó de estar vinculados con la delincuencia organizada. El diario también hizo referencia a la averiguación previa donde están consignadas las declaraciones de los tres detenidos por la Marina el pasado 10 de octubre. 

El Trejo, originario de Fortín de las Flores y de 41 años, repitió los mismos nombres sobre la supuesta protección institucional y de prestanombres para el lavado de dinero. Añadió que en varias ocasiones acompañó a El Chilango a pagarle en su despacho al abogado Jorge Reyes Peralta.

“Este abogado nos ayudó en el secuestro de una persona en Veracruz, Veracruz, por la que nos pagaron una buena lana y también unos carros clásicos”, que guardaron en la casa de El Pencho.

Reyes Peralta es muy cercano a los priistas del estado. Incluso uno de sus hijos ya fue regidor y líder municipal, mientras que el año pasado una de sus hijas tuvo como testigos de su boda a los exgobernadores Miguel Alemán y Fidel Herrera, además del actual Javier Duarte. 

“Yo soy limpio. Tengo una vida profesional que está en caja de cristal”, declaró el litigante a la prensa el pasado 31 de octubre en el puerto de Veracruz. Acusó al subprocurador Bertoldo Reyes Campuzano, al exdirector de la Agencia Veracruzana de Investigaciones, Enoc Maldonado Caraza, y al fiscal adscrito a la Marina de fabricar las declaraciones de los detenidos para “enlodar” a más de 100 empresarios, abogados y periodistas del estado. 

Dijo que las acusaciones en su contra son “una marranada” y que su nombre forma parte de una supuesta lista de la PGJ “para extorsionar” y que entregó ya a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a Human Rights Watch en Washington.

*Tomado de la revista Proceso.