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domingo, noviembre 25, 2012

Contra el narco, la improvisación desastrosa*


Tomado de La Jornada, Hernández.



Jorge Carrasco Araizaga

De manera atropellada, cuestionada la legitimidad de su elección, Felipe Calderón asumió la Presidencia el 1 de diciembre de 2006. Él mismo definió las circunstancias en las cuales alcanzó el poder federal: “Haiga sido como haiga sido”, dijo con soberbia pueril. Parodiando la parodia, “haiga sido como haiga sido” termina su mandato, para el bien momentáneo de la República. Ordenó en soledad, por sí y ante sí, emprender la guerra contra los cárteles del narcotráfico que, a la hora del balance, sólo sus beneficiarios podrían considerar que ha tenido resultados positivos. La guerra, su guerra, la guerra de Calderón, dejó el territorio irrigado de sangre. Hizo perder la Presidencia a su partido, en medio de torpezas y traiciones. Y dejó correr la corrupción impune. En el anochecer de su paso por Los Pinos, el presidente que se va tendrá que enfrentar a su conciencia. Para muchos millones de mexicanos, incontables, una pesadilla angustiante está terminando. Para decenas de miles, igualmente fuera de cálculo, no hubo despertar. 

Las Fuerzas Armadas de México terminaron por asumir el costo del sexenio “valiente” de Felipe Calderón. Su exposición en el combate al narcotráfico, marcada por una violación sistemática de los derechos humanos y sin ninguna regulación de su actuar, dejó al Ejército y a la Marina divididos en la “guerra al narcotráfico” a la que los condujo en pos de su legitimidad presidencial.

Mientras la Marina formó parte de la espectacularidad con la ejecución y detención de jefes del narcotráfico, el Ejército vio desfilar hacia la prisión a algunos de sus generales en activo y en retiro por su presunta colaboración con la delincuencia organizada, acusados por testigos protegidos de la Procuraduría General de la República (PGR). 

Pero la Marina Armada de México tampoco quedó incólume: Acabó con un historial de graves violaciones a los derechos humanos, incluidos crímenes de lesa humanidad, como tortura y desaparición forzada. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Marina superó incluso al Ejército en el número de recomendaciones en relación con las quejas presentadas en su contra. 

Aunque el Ejército concentró casi 90% de las quejas abiertas este sexenio en contra de las Fuerzas Armadas, los infantes de Marina, al convertirse en los arietes de Calderón contra cabecillas del narcotráfico, acabaron también entre los principales violadores a la dignidad humana en México.


Desde que Calderón asumió la Presidencia el 1 de diciembre de 2006 y hasta el 31 de octubre pasado, la CNDH registró 8 mil 929 quejas. De ellas, 7 mil 800, fueron contra el Ejército; es decir, 87.35%. El 12.65% restante, mil 129, fueron contra la Marina. Pero en proporción, la Armada tuvo más recomendaciones que el Ejército cuando el organismo comprobó la existencia de violaciones.


De las quejas contra el Ejército, 108 acabaron en recomendaciones de la CNDH, mientras que las de la Marina devinieron en 19. En proporción, el Ejército tuvo 1.38, contra 1.68 de la Armada. La cifra es todavía más negativa para la Marina al considerase que el Ejército desplegó a 90 mil hombres contra el narcotráfico, mientras que la Marina envió una tercera parte de esta cifra. 

La propia Secretaría de Marina Armada de México (Semar) da cuenta del nivel que alcanzaron las violaciones a los derechos humanos desde que Calderón decidió aumentar el número de infantes de Marina para desplegarlos en contra de los grupos del narcotráfico.
 
Espectacularidad
 

En el sexto informe de gobierno de Calderón, la Semar plantea que tan sólo entre 2011 y 2012 “desahogó 360 quejas ante la CNDH por presuntas violaciones cometidas por personal naval en esta materia. La Comisión concluyó que en 132 de ellas no tenía responsabilidad”. Aunque no lo dice, en el resto, 228 casos, hubo responsabilidad, sin que necesariamente hayan derivado en recomendaciones. 

Los infantes de Marina funcionaron para las acciones espectaculares de Calderón: en diciembre de 2009 ejecutaron a Arturo Beltrán Leyva, en Morelos; en noviembre de 2010, a Ezequiel Cárdenas Guillén, en Matamoros, y en octubre de 2012, a Heriberto Lazcano Lazcano, en Progreso, Coahuila. Las muertes de los jefes de los cárteles de los hermanos Beltrán Leyva, del Golfo y de Los Zetas ocurrieron en tierra continental, fuera del ámbito natural de la Armada. 

Además, los infantes de Marina detuvieron, entre otros, a Sergio Villarreal Barragán, El Grande, de los Beltrán Leyva, en 2010; a Raúl Lucio Hernández Lechuga, jefe zeta en Veracruz, en diciembre de 2011, y a Jorge Eduardo Costilla Sánchez, El Coss, del Cártel del Golfo, en septiembre pasado. 

La actuación del Ejército fue menos espectacular. Sólo se acreditó en julio de 2010, en un enfrentamiento en Jalisco, la muerte de Ignacio Nacho Coronel Villarreal, jefe regional del Cártel de Sinaloa, y la detención, en marzo de 2009, entre otras, de Vicente Zambada Niebla, hijo de Ismael El Mayo Zambada, quien junto con Joaquín El Chapo Guzmán encabeza dicha organización. 

Con más despliegue en el país, el Ejército se hizo cargo de casi todo el aseguramiento de droga y detención de personas. De los 50 mil individuos detenidos por las Fuerzas Armadas en la campaña de Calderón contra los grupos de narcotraficantes, 46 mil 942 fueron capturados por el Ejército, 92.67%, de acuerdo con el sexto informe de gobierno. La misma fuente indica que de los mil 500 millones de pesos en que se valuó el decomiso de mariguana y cocaína en el sexenio, mil 494 millones, 99.49% lo hizo el Ejército. 

Afectado durante años por la deserción, entre la que destaca la de los fundadores de Los Zetas, que han seguido reclutando a hombres en las zonas militares, el Ejército detuvo en parte la sangría. De los 107 mil 158 elementos que desertaron en el sexenio de Fox, en el de Calderón la cifra llegó a 43 mil 827 hasta agosto pasado.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) atribuye esa tendencia al incremento de ingresos del personal castrense. Sin embargo, los aumentos anuales de 500 o mil pesos que anunciaba Calderón no se integraron al sueldo base de los militares, lo que ha provocado inconformidad entre el personal que se jubila. 

El mayor desprestigio en la “guerra” de Calderón lo pagó el Ejército con la detención de varios generales. El caso más significativo fue el del general en retiro y exsubsecretario de la Sedena Tomás Ángeles Dauahare, a quien El Grande acusó de haber trabajado para el Cártel de los Beltrán Leyva, aunque Édgar Valdés Villarreal, La Barbie, otro integrante de esa organización, no lo ha reconocido como tal ante la PGR (Proceso 1881). 

Las detenciones de los generales, que después de medio año no se han traducido en sentencia de primera instancia sirvieron para que Calderón echara más leña al fuego a su “guerra contra el narcotráfico” y condenara públicamente a los detenidos: “Lo único que queda claro aquí es que mi gobierno no tolerará actos contrarios a la ley, vengan de donde vengan”, declaró el 21 de mayo de 2012 en Barbados, al final de la II Cumbre México-Comunidad del Caribe. 

Entreguismo


A diferencia del Ejército, en sus operaciones de alto impacto la Marina actuó junto con agentes de Estados Unidos, sobre todo de la agencia estadunidense antidrogas (DEA). La más reciente se frustró en agosto pasado, cuando elementos de la Policía Federal atacaron cerca de Tres Marías, en la carretera México-Cuernavaca, la camioneta que conducía un capitán de la Marina con dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), en una supuesta búsqueda de las casas de seguridad donde se refugia Héctor Beltrán Leyva, El H (Proceso 1869).

Con Calderón, la Armada terminó perfilada, por vía de los hechos y sin ningún respaldo legal, hacia la concepción estadunidense de marines para realizar operaciones en tierra continental con el apoyo de agencias estadunidenses, como la DEA y la CIA. 

Ajustadas a la Iniciativa Mérida negociada por Calderón con Estados Unidos, durante este sexenio las Fuerzas Armadas mexicanas debieron rendir cuentas a ese país acerca de la manera en que han usado la ayuda recibida. También tienen que intercambiar información con la Agencia de Inteligencia Militar (DIA, por sus siglas en inglés), la Oficina Nacional de Reconocimiento (NRO) y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), instancias de inteligencia del Pentágono a las que Calderón les abrió las puertas para operar en México. 

El desgaste mayor ha sido para el Ejército. Aunque son las instituciones de gobierno con el aprecio más alto entre la población, el Ejército y la Marina, con una calificación promedio de ocho, durante el sexenio calderonista sólo retrocedieron en el aprecio social a raíz de las denuncias en su contra por sus violaciones a los derechos humanos. 

La encuestadora Mitofsky midió durante cuatro años del sexenio de Calderón la percepción social en torno al Ejército. Si en 2008 el 39.7% de los encuestados a nivel nacional expresaron mucha confianza en la institución, en 2012 esa cifra bajó a 33.7%, mientras que los números del rubro “nada” de confianza pasaron de 11.2% a 13.3%. 

El Ejército fue también el más castigado en los presupuestos, sobre todo en comparación con los recursos que Calderón le dio a su secretario consentido. De acuerdo con los recursos aprobados en el sexenio, Genaro García Luna pasó de recibir 13 mil 664 millones de pesos en 2007 a 40 mil millones para la Secretaría de Seguridad Pública, cuya desaparición fue acordada el jueves 22 por el Congreso, a propuesta del presidente electo, Enrique Peña Nieto. 

Poco más de la mitad del dinero para este año, 22 mil millones de pesos, se destinó a la Policía Federal. La Marina casi duplicó su presupuesto. Pasó de 10 mil 951 millones de pesos a 19 mil 679, mientras que el Ejército pasó de 34 mil 866 a 55 mil 610. 

Pusilanimidad presidencial
 

Cuando en diciembre de 2006 Calderón aplazó la jubilación del general de división Guillermo Galván Galván y del almirante Francisco Saynez Mendoza al nombrarlos al frente de la Sedena y la Semar, respectivamente, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, no tenía claro qué hacer con ellas, más allá de buscar su respaldo para declararle la “guerra al narcotráfico”. 

En el camino fue improvisando. El 11 de diciembre de 2006, a sólo unos días de asumir el poder, anunció el Operativo Conjunto Michoacán, en el inicio de su principal política de gobierno, encabezada entonces por el Ejército. El 3 de enero siguiente se presentó en la 43 Zona Militar del Ejército en Apatzingán, Michoacán. 

El inicio de su campaña contra del narcotráfico quedó marcado por la anécdota. Sin ninguna experiencia castrense, se vistió de jefe militar. Tenía dos opciones: salir con indumentaria del Ejército o de la Marina. Escogió la vestimenta verde. Se puso el quepí de cinco estrellas de comandante en jefe y una camisola que le quedó grande. 

En su primer año de gobierno, en mayo de 2007, intentó estar él mismo al frente de las operaciones y emitió un decreto para crear dentro del Ejército un cuerpo especial denominado Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal. Ello sin reformar la Ley Orgánica del Ejército, en la que se especifican cuáles son los cuerpos especiales de esa Fuerza Armada.

Llevó a los militares a las calles, pero no recurrió al artículo 29 de la Constitución para suspender las garantías en todas aquellas zonas del país tomadas por el narcotráfico. Sin ninguna regulación ni un marco legal adecuado, sacó al Ejército y a la Marina de sus cuarteles para enfrentarlos con los narcotraficantes, afectando a civiles ajenos a los grupos de la delincuencia organizada. 

“No se trataba de suspender las libertades, sino de garantizar la vida de los ciudadanos. Pero Calderón no se atrevió a pagar el costo político que representaba la suspensión de garantías a pesar de estar prevista en la Constitución”, asegura Victoria Unzueta, asesora en temas de seguridad de la Cámara de Diputados. 

Calderón prefirió actuar por vía de los hechos y sólo en la segunda mitad de su sexenio intentó darle el respaldo legal a las acciones de las Fuerzas Armadas a través de una reforma a la Ley de Seguridad Nacional. 

“Pero cuando estaba la negociación del Ejército con el Congreso, Calderón se adelantó a presentar una propuesta de reforma que no sólo terminó por ser rechazada por falta de operación política, sino que fue considerada como una desconsideración” a esa Fuerza Armada, confiaron a Proceso involucrados en las negociaciones.

Con esa reforma, que proponía establecer la figura de “afectación a la seguridad interior”, decretada por el Ejecutivo y sin controles del Congreso, Calderón pretendió darle una justificación legal a las actuaciones militares contra la delincuencia organizada. Fracasó también en su intento de proteger a los militares de demandas futuras por violaciones a los derechos humanos.

*Tomado de la revista Proceso.


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