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domingo, noviembre 18, 2012

Caso en vías de extinción*


Tomado de La Jornada, Hernández.


Anabel Hernández

 Con declaraciones ante el juez, Édgar Valdez Villarreal agita los fondos del caso que puso en entredicho la honorabilidad del Ejército y del propio gobierno de Felipe Calderón, y en el cual el principal imputado es el general en retiro Tomás Ángeles Dauahare, exsubsecretario de la Defensa y crítico de los desatinos de la guerra calderonista. La Barbie afirma ahora que la SIEDO lo presionó y amenazó para obligarlo a declarar contra los oficiales de alto rango acusados de tener nexos con el narcotráfico. Así empieza a tambalearse uno más de los casos prototípicos de la gestión de la actual titular de la PGR.

 En los últimos años La Barbie cobró fama en México expuesto por las autoridades como uno de los narcotraficantes más peligrosos y sanguinarios.

Édgar Valdez Villarreal nació en Laredo, Texas, el 11 de agosto de 1973 y por lo menos desde que tenía 20 años en Estados Unidos se le consideraba un criminal. Entonces tenía un apodo menos glamoroso: Mike.

Hoy usa el uniforme caqui reglamentario de los presos, está rapado y, según dicen quienes lo describen, ha bajado más de 10 kilos. De acuerdo con los testimonios, La Barbie asegura haberse vuelto cristiano y anda dentro del penal de máxima seguridad del Altiplano en el Estado de México con una Biblia bajo el brazo.
Se le acusa de haber formado parte de La Federación, cártel en el que trabajaban en colaboración con Joaquín El Chapo Guzmán y Arturo Beltrán Leyva, El Barbas.
La Procuraduría General de la República (PGR) lo señala también como uno de los operadores de la sangrienta guerra entre El Chapo y los hermanos Beltrán Leyva que se desató en enero de 2008, cuando se fracturó La Federación.

Además se le acusa de haber sido brazo derecho del Barbas y responsable de reclutar y manejar a sus grupos de sicarios, entre ellos Los Números y Los Maras, así como de encargarse de la logística del tráfico de drogas de Sudamérica a México y de México a Estados Unidos junto con Gerardo Álvarez Vázquez, El Indio.

En los días finales de este sexenio, de acuerdo con algunas fuentes, La Barbie podría ser extraditado a Luisiana, donde una corte lo ha solicitado al gobierno de México para someterlo a juicio.

Según los testimonios de Jennifer y Mateo (nombres clave de Roberto López Nájera y Sergio Villarreal Barragán, El Grande, testigos de cargo de la PGR), Valdez fue parte de una trama de corrupción en las Fuerzas Armadas en la que están involucrados los generales Tomás Ángeles Dauahare, Roberto Dawe González, Ricardo Vargas Escorcia, Rubén Pérez Ramírez, el coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto y el mayor Iván Reyna Muñoz, acusados de diversos delitos relacionados con el crimen organizado. 

Sin embargo, las más recientes declaraciones procesales de La Barbie están poniendo en entredicho el proceso penal contra los militares, señalados como presuntos cómplices del propio Valdez y de Arturo Beltrán Leyva. 

En mayo pasado el general Ángeles, ya en retiro, y sus coacusados fueron detenidos en un operativo de la Secretaría de la Defensa y la PGR que desató una crisis en el Ejército y que mostró una cara política: los hechos ocurrieron mes y medio antes de las elecciones presidenciales, cuando en la Defensa empezaban los golpes y jaloneos para definir al sucesor del secretario Guillermo Galván Galván. 

La principal víctima del operativo contra los militares –Ángeles Dauahare– es un personaje cercano al PRI –y en especial a Enrique Peña Nieto–, partido que no se ahorró críticas a la lucha antinarco emprendida durante este sexenio. 

Así, en la recta final de su gobierno, Felipe Calderón deja al Ejército dividido y desacreditado. 

En su momento, analistas en seguridad nacional advirtieron que la detención de los militares tenía todas las trazas de ser otra de las muchas pifias de la PGR, como el michoacanazo o la captura de Jorge Hank Rhon. Las declaraciones recientes de La Barbie apuntalan esta tesis. 

Denuncia presiones


El pasado 26 de septiembre en el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, en Almoloya de Juárez, hubo una diligencia clave en el caso de la PGR contra Ángeles Dauahare, Escorcia, Dawe, Pérez Ramírez, Hernández Soto y Reyna.

De acuerdo con la información que Proceso obtuvo de esa diligencia, La Barbie amplió su declaración inicial y afirmó ante el juez Raúl Valerio Ramírez que el pasado 21 de mayo –días después de la detención de los oficiales del Ejército–, funcionarios de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO, ahora SEIDO) lo visitaron en el penal del Altiplano. 

Asegura que lo hostigaron y amenazaron para que declarara contra los militares y que le mostraron fotografías para que los identificara, aunque él afirma que les dijo que no los conocía. 

“Querían que yo declarara en contra de ellos para ayudar a la SIEDO. Yo les pregunté en qué querían que les ayudara si yo no los conocía. Ellos me indicaron que lo único que yo tenía que decir era que yo los conocía, traían como unas 20 hojas como de oficio y ahí observé el nombre de Roberto López Nájera, con clave Jennifer”, afirmó Valdez Villarreal al juez que lleva la causa penal. 

“La primera vez que vinieron les indiqué que tenía que hablar con mi licenciado, que estaba en Estados Unidos de América, para ver si me convenía o no”, siguió narrando. 

–¿Cómo supo que las fotografías que le fueron presentadas por la SIEDO eran de militares? –preguntó el abogado del general Pérez Ramírez en la ampliación de declaración en la que estaban presentes todos los acusados. 

–Porque venían los nombres de las personas y unos venían vestidos como si ya estuvieran vestidos (de civil) y otros con ropa militar, incluso con gorra –respondió. 

El abogado también le preguntó si las personas que estaban en las fotografías eran las mismas que ahora están coprocesadas con él en la causa penal 44/2012-III. 

“De las fotografías en las que venían de militares no se parecen mucho a esas personas porque ya estaban viejas, pero en las que aparecían vestidas de civil se veían recientes y corresponden a alguna de esas personas que se encuentran conmigo. Recuerdo a quienes hoy responden a los nombres de Iván Reyna Muñoz, Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto, Tomás Ángeles Dauahare, Ricardo Escorcia Vargas, Rubén Pérez Ramírez y Roberto Dawe González. 

“Quiero agregar que además de las fotografías que corresponden a las personas que indiqué me mostraron como otras cuatro o cinco personas que no se encuentran en esta sala de audiencias.”

La Barbie afirmó en su declaración que los funcionarios de la SIEDO lo amenazaron con que si no cooperaba con ellos le iban a imputar unos homicidios. “Yo les dije que sacaran lo que ellos quisieran pues estaba seguro que yo nunca había matado ni mandado matar a nadie”. 

Silencio de la PGR 

El episodio de la supuesta presión contado por La Barbie coincide con el que reveló el mayor Reyna Muñoz en entrevista con Proceso en junio pasado (número 1860). 

Reyna afirmó que la SIEDO lo presionó para que declarara contra el exsubsecretario de la Defensa Nacional Tomás Ángeles Dauahare y contra Ricardo Escorcia, detenidos entre el 15 y el 17 de mayo pasado, así como contra los generales Moisés Augusto García Ochoa (uno de los principales candidatos a suceder al actual titular de la Secretaría de la Defensa, Guillermo Galván Galván), Cuauhtémoc Antúnez Pérez, Juan Manuel Rico Gámez, Luis Rodríguez Bucio y Roberto Aguilera, quien ya está retirado. 

Lo señalado por Reyna a Proceso lo reiteró a modo de ampliación de declaración en la misma audiencia del 26 de septiembre último. El mayor abundó en detalles y afirmó al juez que cuando los funcionarios de la SIEDO lo amenazaron para que declarara, le mostraron fotografías de su esposa Magali. 

“Por cierto, mira quién acaba de llegar a tu casa”, le dijeron, y para presionarlo, dice, le mostraron un teléfono celular con una imagen de su esposa en el momento de llegar a su domicilio. 

Bajo esa presión Reyna dijo haber dado testimonio falso contra Ángeles Dauahare sobre un supuesto encuentro con narcotraficantes en Cuernavaca, quienes le habrían enviado dinero al general preso. 

A su vez La Barbie afirmó que funcionarios de la SIEDO volvieron el 13 de julio, días antes de que venciera el plazo de arraigo de Ángeles Dauahare, Escorcia y Dawe, para preguntarle qué había decidido de su propuesta, ya que les “urgía” que declarara contra “los generales”. 

“Les contesté que no me interesaba.” 

En la ampliación de declaración de La Barbie el abogado de Dawe le preguntó qué beneficio específico le había ofrecido la SIEDO si declaraba. 

“Aparte de que me dijeron que iban a hablar con el fiscal de Estados Unidos para lo de mi extradición, me dijeron que me podían dar más comodidades aquí en el penal y me ofrecieron ser testigo protegido. Pero les dije que no me interesaban sus ofrecimientos.” 

El abogado de Ángeles Dauahare preguntó en dicha diligencia a La Barbie específicamente qué le pidió la SIEDO que declarara contra el general. 

“No me dijeron nada en contra de alguna persona, me lo dijeron en forma general, más que nos íbamos a basar en lo que ellos ya traían; me imagino que eran unas declaraciones. Pero como yo no acepté, no me hicieron del conocimiento de lo que ahí decía ni lo que tenía que decir.” 

Respecto de las declaraciones de Jennifer de que La Barbie recibía protección de Ángeles Dauahare, Valdez afirmó: “No conozco al tal Jennifer, no tengo tratos con él…”. Y sobre Mateo: “Tampoco lo conozco”. 

Aunque esto no fuera verdad, su declaración complica ante el juzgado que lleva la causa penal el valor y autenticidad de las declaraciones de los dos testigos de cargo, que son la base principal de la averiguación previa que tiene a los militares en prisión. 

Los funcionarios de la SIEDO a quienes La Barbie acusó directamente de las presiones y ofertas que se le hicieron el 21 de mayo en el penal del Altiplano son Martín Ulises Mejía Rodríguez y al agente del Ministerio Público de la Federación Gustavo Adolfo Flores. 

Fuentes allegadas al proceso señalan que desde que los militares quedaron encarcelados en El Altiplano, la PGR ha descuidado el caso. En vez de que envíen a funcionarios de las oficinas centrales, como lo hacen en los asuntos prioritarios, van funcionarios de su delegación en el Estado de México. 

Durante la audiencia del 26 de septiembre los representantes de la PGR no formularon una sola pregunta.

¨Tomado de la revista Proceso.

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