Testigo letal*

Tomado de La Jornada, Hernández.

Juan Alberto Cedillo 

El juicio que se lleva a cabo en Texas contra un exjefe de plaza del Cártel del Golfo en Río Bravo, Tamaulipas, derivó en una pormenorizada exposición del testigo principal del caso en torno al modus operandi de esa organización, sus traiciones internas y fracturas, su confrontación con Los Zetas… La fuente de estas letales revelaciones es Rafael Cárdenas Vela, sobrino del extraditado capo Osiel Cárdenas Guillén. Proceso pudo conocer de primera mano esta información al asistir a una de las sesiones del juicio. 

Brownsville, Texas.- A las 6:30 horas del martes 25 de septiembre, Rafael Cárdenas Vela, El Junior, subió al camión blindado, que partió con una escolta de varias patrullas. Minutos antes de las 7:00 llegó a la Corte del Distrito Sur de Texas, atravesando el fuerte dispositivo policiaco. 

La cuarta sesión del caso 1:11-mj-011 45, que desde el 19 del mismo mes las autoridades de Estados Unidos siguen contra Juan Roberto Rincón Rincón, El X-5 o El Primo, exjefe del Cártel del Golfo en Río Bravo, se inició en el salón tres, ubicado en el tercer piso del edificio que ocupa la corte en esta ciudad fronteriza. 

Para entrar fue necesario presentar una identificación oficial, quitarse los zapatos y colocarlos junto con otras pertenencias en las bandas de rayos X; luego, cruzar por los arcos detectores de metales y, finalmente, tolerar una minuciosa revisión. 

Los seis alguaciles que vigilaban al testigo principal se distribuyeron en la amplia sala. Cárdenas Vela, vestido con una camisa café claro a cuadros y un pantalón de color semejante, se acomodó en el banquillo ubicado a la derecha de la juez Hilda G. Tagle y se ajustó a los oídos el audífono de la traducción simultánea para continuar con el testimonio que rinde ante un jurado de 10 mujeres y seis hombres. 

Como ha mantenido entrevistas con los agentes del gobierno durante los últimos meses, enfatiza: “Tengo la esperanza de que me ayuden. Desde que me agarraron, cooperé con el gobierno, les he estado contando información sobre todo lo que sé”. 

Espoleado por los cuestionamientos del abogado Ricardo Zayas, defensor del acusado Rincón, el testigo captó enseguida la atención de los presentes en la sala con sus revelaciones. 

Dijo que empezó a trabajar desde los 16 años en una fábrica de juguetes y después entró a la Policía Federal. En 2001 su tío Osiel Cárdenas Guillén lo envió a San Fernando para “sentar plaza”, ya que en ese tiempo nadie controlaba esa región, hoy estratégica para el trasiego de narcóticos. 

“Osiel me dijo que hablara con el comandante de la Policía Ministerial Noé Hinojosa, ya que él me iba a ayudar. Cuando llegué, empecé paso a paso.” 

El Junior afirma que llegó a San Fernando con 10 mil dólares para ofrecer pagos a policías, militares y oficiales de Marina, así como a gente de la prensa, la radio y la televisión. Ahí reclutó como informantes a bailarinas y desnudistas de centros nocturnos. “Al alcalde no necesitaba pagarle, ya que  habíamos financiado su campaña”. 

San Fernando, una población de aproximadamente 70 mil habitantes, era un lugar propicio para el tráfico de droga porque por ahí pasa la carretera que viene de Centroamérica, de donde se importa buena parte de los estupefacientes; otra parte se traía desde Colombia en aviones y embarcaciones que la dejaban en la Laguna Madre. Posteriormente la llevaban por brechas clandestinas a las principales ciudades fronterizas de Tamaulipas. 

En esa época las operaciones del Cártel del Golfo en San Fernando costaban 95 mil dólares semanales, precisó. Y para consolidar la plaza, dijo, el cártel entregó 20 mil dólares a los jefes de la Policía Federal Preventiva en la región. 

A esos montos debe añadírsele el pago al Comandante Dientes de la Marina, así como a efectivos del Ejército (“sólo a los que trabajaban conmigo”) y a empleados de empresas telefónicas. En fin, “ya sabía cómo hacerle. Aprendí mirando cómo mi tío Osiel manejaba las demás plazas, así que ya sabía a quién tenía que arreglar para tener bien controlado todo”. 

El abogado Zayas le preguntó cuánto tiempo se tardó en “arreglar” la plaza: “¿Unos seis meses?”. 

“¡N’ombre, menos de 10 días”, respondió Cárdenas Vela. 

El siguiente paso, continúa, es nombrar a los comandantes que se harán cargo de los diversos “departamentos”, como el de “pasadores” (que trasladan la droga a través de la frontera), el de los sicarios y otro para controlar a los halcones e informantes. Además, cada sección tiene un “contador”, que supervisa la nómina y revisa que los cargamentos de droga tengan el peso indicado. “El comandante y el contador le rinden cuentas al jefe de plaza”, explicó El Junior. 

Zayas preguntó cuánto se tardan los jefes de departamento en tomar posesión: “¿Semanas?” 

“¡N’ombre!”, volvió a responder Cárdenas Vela. “En 24 horas. Se debe agarrar el control de voladita, lo más pronto posible, o de lo contrario se nos meten Los Zetas”. 

Según la descripción del testigo, el Cártel del Golfo funciona como cualquier empresa moderna, incluso con el sistema de outsourcing. Puso como ejemplo el caso de El Rojo, quien tiene un grupo de 100 pasadores que llevan  droga a Estados Unidos a 50 dólares por kilo. El Rojo es contratado por todos los jefes de plaza distribuidos en la “frontera chica” tamaulipeca. 

Asimismo expuso que la mariguana mexicana cruza la frontera en dos ocasiones al año. Para la “temporada de riego” empieza a sembrarse en marzo y abril, a finales de mayo se cosecha y desde junio llega a la frontera para surtir a los consumidores estadunidenses. 

Para la “temporada de lluvia”, se siembra a partir de septiembre, se cosecha en octubre y a finales de noviembre el producto cruza la frontera, porque los envíos de las entregas anteriores ya se están agotando. 

Igualmente habló de la construcción de pistas clandestinas en apartados ejidos de la región para las aeronaves que traían cocaína de Colombia, y dijo que cobraban el derecho de piso (“el piso”) que deben pagar otras organizaciones por pasar droga a través de su territorio: “Les cobrábamos 10%” del valor de la carga. 

Contó que él no tuvo que comprar un auto blindado, ya que Heriberto Lazcano (El Z 14) y Osiel Cárdenas le regalaron varios. 

La ruptura

 El Junior se mantuvo como jefe de su primera plaza hasta 2009 y después se hizo cargo de Río Bravo. A principios de 2010 comenzó la ruptura de Los Zetas con el Cártel del Golfo y en marzo comenzó la guerra. Durante meses se  disputaron San Fernando, y al final la controlaron Los Zetas.

Durante el conflicto, los dos bandos cometieron asesinatos masivos: Los Zetas ejecutaron a 72 migrantes porque creían que podían ser reclutados por sus rivales, así como a más de 230 jóvenes que llegaron en autobuses al pueblo, al sospechar que trabajaban para los cárteles de Sinaloa o del Golfo; a ellos los enterraron en varias narcofosas a las afueras de San Fernando. Y durante ese año ambas organizaciones “levantaron” y asesinaron a cientos de pobladores al creer que trabajaban para sus rivales. 

En la Corte del Distrito Sur de Texas, El Junior también dio pormenores de las pugnas internas del Cártel del Golfo. Entre otras cosas, enfatizó que Eduardo Costilla, El Coss, quedó al mando después de que efectivos de la Marina abatieran a su tío Ezequiel Cárdenas, Tony Tormenta. En su opinión, El Coss filtró la ubicación del Tony. 

Frente a grandes pizarrones con mapas, Cárdenas Vela expuso cómo se dividen las plazas en la frontera tamaulipeca, marcándolas con líneas de colores. En una sesión previa, frente a un pizarrón de al menos dos metros con las fotos de varios capos, Cárdenas Vela mostró la estructura de la organización criminal. 

Esta vez relató que en marzo de 2011 se hizo cargo de la importante plaza de Matamoros, cuna del cártel, con el respaldo de El Coss. Sin embargo, éste tenía entre sus lugartenientes favoritos a José Luis Zúñiga Hernández, El Güicho, a Juan Roberto Rincón, El X-5, y a otro que identificó únicamente como El Guerra. 

Cuando El Junior tomó Matamoros le dio al Güicho 24 horas para abandonar la plaza, lo que agudizó la división interna del cártel. Zúñiga huyó a Estados Unidos en octubre de 2011 con Juan Roberto Rincón y dos hombres más, después de escapar de un intento de ejecución. Tras cruzar la frontera fueron detenidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en una camioneta cerca del puente internacional de Los Indios. Les decomisaron cuatro bolsas con cocaína, 20 mil dólares en efectivo y una pistola Colt calibre .38, chapada de oro y con incrustaciones de rubíes y diamantes que formaban el apelativo Güicho.

Posteriormente, Cárdenas Vela se reunió con el Metro 4 y Mario Pelón para investigar el asesinato del Metro 3, ocurrido a principios de septiembre de 2011 y que también atribuyó a El Coss: “Fue su culpa que lo mataran”. 

Las pugnas en el Cártel del Golfo acabaron por obligar a El Junior a huir también de Matamoros y refugiarse en la vecina ciudad de Brownsville, Texas, ya que las Fuerzas Armadas constantemente encontraban sus refugios. Cree que El Coss les filtraba su ubicación. 

Entregados a la Marina 

El 19 de octubre de 2011, Cárdenas Vela fue detenido con “tres amigos” por una multa de tránsito en la isla del Padre. Se declaró culpable de poseer y distribuir narcóticos a cambio de que se le retiraran los delitos de lavado de dinero e inmigración ilegal. Los registros judiciales de Estados Unidos lo identificaron como El Comandante 900 y Rólex, que dirigía a más de 500  pistoleros para controlar el tráfico de drogas y proteger cargamentos de hasta cinco toneladas de cocaína y mariguana hacia ese país. 

Ha admitido que le dio al gobierno estadunidense información para detener a El Coss, a cambio de una reducción de condena (que podría ser de entre 10 años de prisión y cadena perpetua), además de que se permita a su familia radicar en Estados Unidos. 

En la sala también estuvieron presentes miembros de la DEA, uno de los cuales le filtró a un periodista estadunidense que ahora la única institución mexicana en la que confían es la Marina, a la que entregaron la estratégica información obtenida de Cárdenas Vela. 

Lo cierto es que con ese testimonio se acomodaron las piezas para entender la racha de detenciones de septiembre, que debilitaron la estructura del Cártel del Golfo a un grado nunca antes visto. 

Los primeros días de septiembre fue detenido David Rosales Guzmán,  El Comandante Diablo, jefe de plaza de la organización en Nuevo León. Mario Cárdenas Guillén, el segundo al mando, fue capturado el 4 de septiembre por la Marina en Altamira. Para el 11, la Marina detuvo en Jalisco a Juan Gabriel Montes Zermeño, El Sierra, jefe para la zona sur de Tamaulipas. Dos días después, la Marina presentó a Eduardo Costilla, El Coss, a quien capturó con el jefe de la plaza de Tampico. 

Finalmente, el 26, efectivos de la Marina detuvieron en San Luis Potosí a Iván Velázquez Caballero, El Talibán o El Z 50, quien ya había roto con el capo de Los Zetas Miguel Ángel Morales Treviño, El Z 40, y había anunciado su alianza con lo que quedaba del Cártel del Golfo. 

En Washington, la DEA presumió de su contribución en la captura: “Definitivamente fuimos parte de esto. Por supuesto, no hacemos operaciones en México, pero ayudamos a juntar las piezas del rompecabezas”, señaló Lawrence Payne, vocero de la agencia antinarcóticos.

*Tomado de la revista Proceso.

El país más violento y feliz*

Tomado de La Jornada, El Fisgón.

Juan Pablo Proal 

 “En México se respiran aires de cambio”: Enrique Peña Nieto (Diario El Tiempo, Colombia, 17 de septiembre de 2012) 

Paradójico mensaje manda México al extranjero: somos uno de los países más violentos del mundo y también de los más felices. 

El Instituto para la Economía y la Paz, que cada año publica su análisis “Índice de Paz Global”, ubica a México entre las naciones con menos tranquilidad en el mundo, colocándolo en el lugar 130 de una lista de 157 naciones. 

De manera contrastante, el organismo News Economics Foundation posicionó a México en el número 22 de entre los países más felices del mundo. El estudio evalúa las condiciones de vida de 151 naciones. De acuerdo con esta fundación, el 6.8 por ciento de los mexicanos reflejaron sentirse en una condición de bienestar. 

Ambos indicadores son una fotografía del ambiente contradictorio que vive el país, donde un mismo día pueden aparecer cadáveres deshumanizados por los cárteles de la droga y miles festejan en las calles el campeonato mundial de futbol olímpico. 

“Cada quien habla de cómo le va en la feria”, cita el dicho popular. Y vaya que hay sabiduría en esta frase. ¿Es México un país feliz? La madre que jamás volvió a ver a su hijo secuestrado diría que no, que es lo más cercano al más maldito de los infiernos. Los miles de jóvenes que tocan incesantemente las puertas de una universidad pública concluirán que es la nación de un futuro carente de esperanza. Rosario Robles y el grupo compacto de transición que acompaña a Enrique Peña Nieto expresarán que sí, que “en México se respiran aires de cambio”. 

Es un país difuminado por la disparidad. Anteriormente los ensayistas intentaban cohesionar a la sociedad mexicana en un manto cubierto por cierta identidad común: vírgenes de Guadalupe, Pedros Infantes y sábados de futbol. Hoy no estamos más unidos que por un mapa geográfico. 

Las ciudades son un buen indicador de estas desemejanzas. En unos puntos son una estampa desoladora: nudos de cables que rodean mugrientas fachadas. Limosneros con el rostro roto deambulando entre un tráfico agotador. Asientos de transporte público que atentan contra la columna vertebral. Calles desiertas apropiadas por el crimen organizado. Y  hay, también, metrópolis rebosantes de modernidad. Limpias, con fuentes de agua chispeando el aire.  Con parques y museos, hermosos restaurantes y carriles para ciclistas. 

La sociedad está igualmente salpicada de ensimismamiento. Ahí están los activistas cibernéticos desaparecidos por las fuerzas del poder. Los jóvenes que volvieron una pesadilla la campaña de Peña Nieto. Y también la clase media con tantas deudas como déficit de tiempo. En esta nación convive el más cínico burócrata y aquél religioso comprometido que da de comer al hambriento. 

En una comida familiar alguien puede crucificar a los activistas y reducirlos a “revoltosos” y otro más daría su vida por defender a López Obrador. La noche del sábado puede paralizar a los amantes del box o llenar un inmenso foro de admiradores de una banda de rock. En el Distrito Federal las zonas de bares llegan a estar atiborradas de jóvenes y en Monterrey no hay quien salga de casa, paralizado de miedo. 

Sin embargo, los datos duros no mienten: somos un país violento y feliz. Algunos prefieren ignorarlo, pero el crimen organizado ahí está, impertérrito, con la espada afilada en espera de su próxima decapitación. Y también ahí está la esperanza, tal vez resquicio de la católica resignación. El clásico e impreciso “sí se puede”, la omnipotente fuerza de voluntad, las cifras alegres, el optimismo irreal. 

Por más cabezas regadas en el asfalto, no ha habido un Día de la Independencia que se haya dejado de festejar. A pesar de la crisis económica, los mariachis no dejan Garibaldi. Por más balaceras que ronden sus puertas, los table-dance permanecen abiertos para los asalariados oficinistas. Siempre hay una nueva tienda Converse con más modelos para jóvenes desempleados. La economía no crece para la clase trabajadora pero los despachos inmobiliarios siempre construyen rascacielos imponentes en las zonas residenciales. Hay regiones del país más pobres que las más miserables de África y también lujosos gimnasios atiborrados de deportistas que gastan tres mil pesos en un par de tenis. 

Mientras un grupo de tuiteros convoca a boicotear alguna trasnacional, otro más trabaja a sueldo para defender al presidente electo. No hemos dejado de ser el México prehispánico dividido en tribus enfrentadas, presa fácil de la rapiña. 

¿Es México violento y feliz? La respuesta a lo primero es un inobjetable sí. Hasta la familia más equipada de guardaespaldas puede caer en las garras de un grupo delincuencial; la contestación a lo segundo es más divergente. Es un buen país para algunos, y una película de terror para otros. 

Aunque una mayoría refleje sentirse bien, un país con el grado de pobreza del nuestro no puede ser feliz. Una nación que permite que a sus ciudadanos los desaparezcan como en un cruel acto de magia no puede estar bien. Tampoco donde la mayoría de los votantes detesta a sus abusivos gobernantes y donde el más corrupto de los políticos restriega su impunidad en la televisión. 

Tal vez somos una nación donde por más pesadillas que soñemos, siempre guardamos la esperanza de un día dormir en paz. Como sea, valdría la pena replantear nuestro concepto de felicidad colectiva. Si seguimos actuando como islas, no estará lejos el día en que el mar nos cubra a todos.

 

Contacto: www.juanpabloproal.com

Twitter: @juanpabloproal

P.D. El músico José Cruz, fundador del grupo de blues Real de Catorce, y quien padece esclerosis múltiple, necesita de su generosa solidaridad para pagar la producción de su más reciente disco, “Una razón para vivir”, que presenta esta noche en el Lunario del Auditorio Nacional. Las donaciones son recibidas en la cuenta: 4213 1690 0274 6947 HSBC a nombre de José Cruz Camargo Zurita. Sitio: http://josecruzelreal.com/ Contacto: josecruzcatorce@hotmail.com

*Tomado de la revista Proceso.

Servidumbre política y ley laboral*

Tomados de La Jornada, El Fisgón, Helguera y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.

Octavio Rodríguez Araujo

Para aquellos que pensaban que las elecciones no sirven para cambiar un país, vean la propuesta de reforma laboral que se está intentando. Si hubiera ganado la izquierda este monstruoso proyecto no habría sido propuesto por Calderón al nuevo Congreso de la Unión de mayoría derechista. Ya entenderán, sobre todo los trabajadores, uno de los costos de haber votado por el PRI, e igualmente entenderán por qué los poderes fácticos le echaron tanto dinero a impedir que triunfaran el Movimiento Progresista y su candidato López Obrador.

Priístas y panistas ya están celebrando que, ¡por fin!, se reformará la Ley Federal del Trabajo. Pero más que los partidos los que están muy contentos son sus amos, los patrones de los políticos que se han asumidos como sus siervos, bien pagados pero sirvientes al fin. Lo que éstos están intentando es garantizar que los trabajadores no sólo les reporten más beneficios a los sectores empresariales sino que la ley los proteja de cualquier tipo de inconformidad que se exprese en su contra.

En la iniciativa, por si hubiera alguna duda, se dice con toda claridad: “la Ley Federal del Trabajo [actual] no genera incentivos para asegurar el incremento de la productividad y la competitividad”. Y cuando se habla de productividad se refiere a las empresas y de competitividad se dice expresamente de éstas y del país. Con esta iniciativa se ratifica legalmente lo que ya hacen sobre todo las trasnacionales en México, por ejemplo las modalidades de contratación con base en periodos de prueba y contratos de capacitación inicial y para el trabajo de temporada. Asimismo, el impulso o favorecimiento de la multihabilidad de los trabajadores para que se involucren en otras actividades de su entorno laboral, es decir la flexibilidad laboral para que todos y cada uno de los trabajadores sean milusos, es decir puedan ser cambiados de puesto al antojo del empresario sin que se creen precedentes de antigüedad y de estabilidad.

De lo anterior se explica que la intención sea precisamente establecer nuevos mecanismos y formas de pago para que los salarios se vinculen (léase se subordinen) a los beneficios de la productividad. Ésta, desde luego (y así se lee en la iniciativa), será “el principal criterio para acceder a plazas vacantes definitivas o provisionales de más de 30 días y a puestos de nueva creación, en lugar de la antigüedad”. ¿Más claro? Por si no se entendió: trabajador que no sea permanentemente productivo a juicio de los empresarios, será enviado a su casa sin indemnización alguna. Subrayo “permanentemente” para significar que constantemente tiene que adaptarse a los requerimientos unilaterales de la empresa con base en criterios de productividad y en el puesto en que lo ubiquen. El trabajador ya no será contratado en función de un perfil determinado y específico sino de su capacidad para ejercer diversas funciones en la cadena de producción o comercialización. ¡Ah!, pero eso sí, el patrón estará obligado a proporcionarle agua potable durante su jornada de trabajo (no es broma, está en la iniciativa).

El artículo 83 de la iniciativa habla del pago por cada hora de prestación del servicio, supuestamente convenido entre el trabajador y el patrón, en la inteligencia de que la jornada no debe exceder el máximo legal. Con las condiciones previamente mencionadas, es evidente que el trabajador que aspire a ser contratado o a permanecer en la empresa aceptará el pago por hora. Así se les debería pagar a los diputados y senadores, y también en función de su productividad. 

Lo que se propone con esta iniciativa, entonces, es muy claro: ayudar, mediante las diversas modalidades de la contratación de trabajadores y su papel en las empresas, a que éstas puedan aumentar su productividad y con esto mejorar la competitividad del país. 

¿Qué quiere decir aumentar la productividad de una empresa? Sacar al mercado más por menos. ¿Qué quiere decir mejorar la competitividad del país? El precio de sus productos en el mercado mundial. Un país es más competitivo si con la misma o semejante calidad de sus productos ofrece mejores precios. ¿Cómo se pueden ofrecer mejores precios en el mercado mundial? Castigando los salarios de los trabajadores y evitando tiempos muertos en la jornada a partir del pago por horas. Una vil copia del sistema estadunidense, pero sin los salarios de aquel país (11 veces más altos que en México) y sin los precios de Estados Unidos, en general los mismos que en México por productos iguales o similares, y a veces más baratos que aquí, como es el caso de computadoras, vehículos, y otros muchos. 

Servidumbre política al capital. No es otra cosa. Los del PRI y los del PAN tienen muy claros sus compromisos implícitos cuando compitieron por la Presidencia del país: favorecer a los empresarios a costa del resto de los mexicanos. Es posible que ahora sí les cumplan gracias al cochinero que hubo en las elecciones. No es por casualidad que mi nuevo libro se titule precisamente Poder y elecciones en México, es decir, el peso del poder en los comicios de este año.

rodriguezaraujo.unam.mx 

*Tomado de La Jornada.

Rendición de cuentas*

Javier Sicilia

Para Federico Samaniego y todos los caravaneros.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Algunos gringólogos –unos de ellos, nos contaron, piden, cuando llegan a Estados Unidos, agua Evian para lavarse el cabello; tal vez por eso empiezan a entender poco– vieron la Caravana por la Paz en territorio estadunidense con escepticismo. La verdad es que fue un éxito. Por vez primera, unos ciudadanos mexicanos, víctimas de la guerra contra las drogas, y otros ciudadanos que, a diferencia de esos gringólogos, la comprenden como un horror y un gran fracaso que necesita un camino de paz, decidieron, en condiciones límite, ejercer la diplomacia ciudadana.

Frente a lo que los gobiernos, arrodillados ante los capitales de la muerte, han dejado de hacer –construir la paz y la justicia a nivel binacional–, ese puñado de ciudadanos viajaron más de 10 mil kilómetros –desde el oeste de Estados Unidos, hacia el este, hasta llegar a Washington– y dialogaron en su camino con todos: ciudadanos estadunidenses, comunidades latinas y afroamericanas, concejales, congresistas; el embajador de México, Arturo Sarukhán; la secretaria para Democracia y Asuntos Globales de la Secretaría de Estado, María Otero, y, telefónicamente, con la directora adjunta para Asuntos Hispanos de la Casa Blanca, Julie Chávez, la nieta del gran César Chávez.

La agenda que llevamos, tan importante como difícil, es la misma que no hemos dejado de colocar desde hace año y medio en el centro del debate público mexicano, pero en narrativa estadunidense: la regulación de las drogas, el control férreo de las armas de asalto, una política tan profunda como seria del lavado de dinero, la visibilización de las víctimas de ambas fronteras –las cárceles estadunidenses guardan casi 25% de la población mundial de los presos, la mayoría de ellos afroamericanos y latinos criminalizados por la droga– y el riesgo de perder la democracia bajo el regreso de regímenes autoritarios policiacos y militares. 

Allí radicó la dificultad y la importancia de la Caravana; allí también radicó su novedad. Al igual que por primera vez se ejerció una democracia ciudadana binacional, por vez primera, a través de ese ejercicio, los estadunidenses escucharon la responsabilidad que los ciudadanos de ese país tienen en el dolor que la guerra contra las drogas está causando en México. Por vez primera las comunidades latinas y afroamericanas se unieron para entender que el problema que viven ambas minorías es semejante y tiene su origen en esa guerra. Por vez primera concejales y congresistas escucharon de voz de las víctimas los costos atroces de una guerra tan absurda como perdida –vi a muchos de ellos llorar y conmoverse–. Por vez primera diversas organizaciones estadunidenses unieron sus agendas en favor de la paz y caminaron con las víctimas de EU y de México. Por vez primera se trabajó en territorio de la Unión Americana en un profundo diálogo de sociedad civil para enviar, desde abajo, desde las profundidades de la democracia, mensajes fundamentales en los términos de una agenda bilateral México-Estados Unidos. 

Los resultados, por lo mismo, no son inmediatos. Serán, como los frutos de una buena siembra, lentos pero buenos. Frente a los gringólogos que, oxigenados con aguas francesas, han quedado atrapados en los consejos especializados de las políticas de pasillo –un mundo que la realidad y el parteaguas civilizatorio ya rebasó–, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad abrió un nuevo camino que, si saben cambiar el punto de mira, pueden usar para salir de su anquilosamiento y ayudar a construir esa agenda binacional de paz que la Caravana explicitó como nadie lo había hecho.

A quienes piensan que la Caravana no sirvió de nada, les decimos que, a diferencia de su claudicación, nosotros decidimos encender una vela para evitar maldecir en la oscuridad. Desde esa luz hemos sabido que no es la maldad la que genera el desprecio de su derrotismo, sino su debilidad la que ayuda a los poderes a degradar la dignidad humana. Ningún estado de ánimo, a pesar del dolor que llevamos con nosotros, de las duras marchas, de los días pasados en autobuses y en suelos de iglesias, nos ha llenado de mayor felicidad que el saber que somos algo para los demás. En esas profundidades el número, la estridencia o los resultados inmediatos no importan. Sólo importa la intensidad del amor. Al fin y al cabo –es lo que hemos dicho a los gobiernos de EU y de México– los seres humanos son lo más importante de la vida. Esto jamás podrán cambiarlo ni los poderosos ni los criminales que extraviaron lo humano para, en nombre del dinero, servir al crimen. 

El mismo Dios, lo sabemos los cristianos, se deja servir por nosotros en lo humano. Todo lo demás es la desmesura, la hybris que –lo mostraron los griegos– es el origen de la tragedia. Contra esa desmesura que instaló una guerra que nos devorará a todos si no la detenemos, nosotros encendimos una vela más y cumplimos la misión que el dolor nos impuso: poner al ser humano en el centro de la agenda binacional. Esa luz, un día iluminará la noche y salvará la vida. La esperanza de las víctimas, que perdieron todo pero que no han dejado de marchar ni de esperar en el amor, es a fin de cuentas la única esperanza. 

Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar a todos los presos de la APPO, hacerle juicio político a Ulises Ruiz, cambiar la estrategia de seguridad y resarcir a las víctimas de la guerra de Calderón.

*Tomado de la revista Proceso.

Marisela Morales y los enredos de Televisa*

Tomados de La Jornada, Helguera, Hernández, El Fisgón y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.

Jenaro Villamil

MÉXICO, D.F. (apro).- Si alguna duda quedaba que sólo una empresa como Televisa tiene el privilegio de imponer su propia versión de los hechos cuando se ve involucrada en investigaciones o denuncias, la procuradora general de la República, Marisela Morales, se convirtió en menos de una semana en una eficaz y rápida investigadora que “resolvió”, antes que el tribunal nicaragüense, el bochornoso episodio conocido como la “Caravana de la Coca”. 

El pasado 21 de septiembre, Morales dictaminó que entre los 18 detenidos en la aduana Las Manos, de Nicaragua, y Televisa no existe ninguna relación. “No tienen nada qué ver con Televisa.

Lamentablemente es un caso más en donde la delincuencia organizada realiza actos a nombre de otros, utilizando el prestigio, el nombre de personas que a veces ni siquiera están enteradas”, afirmó la procuradora general en entrevista con Joaquín López Dóriga en Radio Fórmula. 

Tres días después, la titular del Ministerio Público federal –entidad dedicada a investigar y a procurar la justicia– decidió revelarle al periódico 24 Horas una presunción muy delicada: el cártel de Los Zetas serían los responsables de la Caravana de la Coca e infiltraron a las autoridades de la Secretaría de Transporte y Vialidad (Setravi) del Gobierno del Distrito Federal. 

Según Morales, funcionarios de la Setravi habrían realizado “en forma premeditada” el registro ilegal de las seis camionetas a nombre de Televisa. 

“Lo que implicaría que existe infiltración de Los Zetas en la administración capitalina”, soltó la procuradora. Nunca explicó por qué la otra hipótesis no sería válida: que los mismos Zetas hubieran “infiltrado” a Televisa. 

Tampoco argumentó por qué si se habían dado cuenta de esta “infiltración” no tomaron medidas urgentes. Tampoco abundó en otro ángulo delicado: ¿el propio apoderado especial de Grupo Televisa (Armando Tavera Sánchez), quien aparece en un documento notarial donde están los registros de las seis camionetas a nombre de Grupo Televisa también formaría parte de esta red de narco-corrupción? 

La escandalosa revelación de la procuradora se realizó un día después que en su edición 1873, la revista Proceso documentó que, de acuerdo con el expediente de la Setravi, las seis camionetas Chevrolet tipo Van que las autoridades nicaragüenses decomisaron el pasado 20 de agosto, fueron registradas a nombre de Televisa, utilizando documentos oficiales de la empresa en un trámite realizado por Armando Tavera Sánchez, quien recibió “un poder especial” de los propios apoderados de Televisa, Juan Sebastián Mijares y Julio Barba Hurtado. 

El reportero Homero Campa informó que el propio expediente de la Setravi indica que se presentó como comprobante de domicilio de Televisa la declaración de valor catastral y pago de impuesto predial del año 2002, correspondiente al edificio de avenida Chapultepec 18. 

Durante toda la semana pasada, Carmen Aristegui, conductora de la emisión matutina de MVS Noticias, documentó que no sólo una, sino las seis camionetas estaban registradas a nombre de Televisa en los archivos de la Setravi. 

Aristegui también demostró cómo el embajador mexicano en Nicaragua, Rodrigo Lombardini, salió a defender a Grupo Televisa deslindándola de cualquier relación con los 18 detenidos. Lombardini envió el documento NICO2513, el 23 de agosto, para asegurar que los detenidos “no son empleados, técnicos, presentadores o periodistas de la empresa Televisa S.A.”. 

Ante la protesta de la defensa de los 18 detenidos, la cancillería mexicana tuvo que aclarar que el comunicado del embajador se elaboró a partir de la información que proporcionó la propia Televisa. 

¿Desde cuándo un diplomático asume como verdad jurídica la versión de una empresa presuntamente implicada en una investigación realizada en un país extranjero? 

Sin embargo, existen aún muchas dudas y cabos sueltos en el enredo de la “Caravana de la Coca” y las 6 camionetas que viajaron por Centroamérica, especialmente en Costa Rica, con el logotipo de Grupo Televisa. 

Hasta ahora, nadie ha explicado o ha podido responder qué tipo de equipo técnico y de transmisión tenían las camionetas detenidas. 

Televisa es muy celosa para proteger su señal. Sus transmisiones requieren de un encriptador de señal y sólo en las instalaciones de San Ángel y de Chapultepec tienen el decodificador correspondiente, según explicación de un técnico televisivo.

Si se prendían las camionetas con la señal, ¿se enlazaban a algún satélite y a la central de Televisa? Si no existió ninguna relación entre la empresa y la Caravana quién vendió este equipo? ¿Cómo se prestó a “clonar” una frecuencia privada? ¿Nadie se dio cuenta durante todos estos meses? 

El juicio en Nicaragua iniciará hasta el 3 de diciembre, dos días después de que tome posesión Enrique Peña Nieto, presidente electo. Mucho antes de que este juicio inicie, tanto la cancillería como la PGR mexicanas ya anticiparon un veredicto, basándose sólo en la versión oficial de Grupo Televisa, y descalificando toda información “no controlada” por la propia empresa. 

Morales “resolvió” con declaraciones mediáticas un caso tan delicado. Ni siquiera el ataque en Tres Marías, Morelos, contra una caravana de presuntos agentes de la CIA o de la DEA de Estados Unidos se ha resuelto con tanta agilidad. Mucho menos otros episodios de narcoviolencia en territorio mexicano. Ahora resulta que la “Caravana de la Coca”, detectada en un país extranjero, es una infiltración de Los Zetas con autoridades capitalinas. 

La misma hipótesis de Marisela Morales puede leerse al revés: ¿acaso Los Zetas no pudieron también haber “infiltrado” a Televisa? ¿Qué pruebas ministeriales existen para determinar que sólo las autoridades de la Setravi (curiosamente, la fuente documental de MVS y de Proceso) fueron “infiltradas” por el cártel conocido como Los Zetas?

Marisela Morales abrió las puertas del infierno con esta declaración. A menos que sólo esté actuando como nueva vocera del “canal de las estrellas”. 

www.homozapping.com.mx

*Tomado de la revista Proceso.

Simulación priista frente a la reforma laboral*

Tomado de La Jornada, El Fisgón.

Jesusa Cervantes 

MÉXICO, D.F. (apro).- El camino de Enrique Peña Nieto es el de la ilegalidad. Primero, un triunfo simulado, avalado por autoridades electorales a pesar de las documentales que prueban la violación a la Constitución; ahora, una reforma laboral, también con un simulado bloque opositor priista que terminará apoyándola.

Peña pactó con Felipe Calderón la aprobación de una ley laboral, pero se trata de una iniciativa que sólo beneficia al empresario, al dueño de la fuente de trabajo, y precariza aún más al empleado y sus derechos.

Si la ley se aprueba esta semana, se hará con tantos cambios que se habrá achicado. No será la propuesta de Calderón, pero sí igual de lesiva para los trabajadores.

Para simular el “gran bloque opositor” del PRI a la reforma de Calderón y para que ante al opinión pública parezca que los priistas “nacionalistas” (bueno, aquí habría que preguntarse si existen) siguen peleando los derechos de los trabajadores, se opondrán a algunos apartados de la ley… Pero ¿cuál apartado?: el que permite la fiscalización de los sindicatos, el que permite el voto libre y secreto para elegir a sus dirigentes. Por lo demás dirá que sí.

Hablar de la oposición del PRI es hasta una burla, porque ese bloque obrero apenas y alcanza los “doce” escaños de la fracción que tiene 212 diputados.

Pero ¿cómo es que se sigue hablando del “sector obrero” del PRI? Bueno, porque política y mediáticamente tiene impacto, y la gente cree en lo inmediato, que efectivamente el PRI se opone a las intenciones regresivas de Calderón.

Veamos la realidad y el peso electoral que tiene el “sector obrero” del PRI. En la 52 Legislatura (1979-1982), sumó 86 diputados de los 294 que tenía la fracción, y en ese tiempo el total de diputados del Congreso era de 400, y no 500 como hoy.

Por tanto, tenían la representación de una tercera parte de la fracción, es decir, sí pesaban.

Las siguientes legislaturas el número de diputados obreros se fue achicando: pasó a 77, luego 69 y en la primera Legislatura de Carlos Salinas de Gortari cayó a 54. Le siguieron dos de 70, luego 42, 14 en la elección de 2000, 31 y 37 en las dos pasadas legislaturas para hoy tener sólo doce representantes.

Es decir, tan sólo 2% de la bancada del PRI.

Con estos datos, ¿alguien puede creer que al PRI le afecta el pacto que estableció Peña Nieto con Calderón para impulsar su reforma laboral?

Se eliminará, sí, la fiscalización de los gremios, pero porque a esos doce representantes legislativos no les conviene que nadie se meta en las finanzas de los sindicatos que encabezan.

La mayoría de la población puede tener dudas de que realmente a estos líderes les interesen los derechos de los trabajadores, sobre todo cuando están de acuerdo con el outsoursing o la subcontratación.

Y para muestra la lógica. Si se permite la subcontratación, los sindicatos pierden afiliados; si pierden afiliados tienen menos cuotas sindicales que manejar en la más completa opacidad, aunque los líderes obreros aseguran que cada seis meses entregan las cuentas a sus afiliados.

Como sea, la ley laboral pasará, disminuida, sí, en los cuatro grandes puntos de conflicto que la opinión pública tuvo conocimiento: pago por hora, subcontratación, restricción para pelear los contratos colectivos y diversas formas de contratación.

Sin embargo, hay muchos otros cambios que pasarán y que también afectan –y gravemente– al trabajador. Por ejemplo, el pago de tan sólo un año en caso de pleito por salarios caídos, aunque el conflicto laboral dure 20 años, eso, claro, orillará a los empleados a llegar a un mal arreglo antes de iniciar un proceso.

Hay muchos puntos que no se pueden dejar atrás, por ejemplo, la ley dice que la jornada es de ocho horas y, para tener derecho a Seguro Social, y por tanto a pensiones e Infonavit, se deben cotizar ocho horas. No obstante, el pago por horas facilita aún más al patrón a que se deslinde de sus obligaciones y deje al trabajador en la indefensión.

La gran duda por ahora es si el PRD irá o no con la reforma achicada que quedará lista la próxima semana. Si lo hace sólo le dará la razón a Andrés Manuel López Obrador de que su salida fue lo mejor.

No obstante, Silvano Aureoles, el coordinador de la bancada del PRD, no tiene fuerza propia ni grupo como para hacer valer cualquier pretensión de Los Chuchos de sentar a negociar al PAN y al PRI.

Es por ello que si los perredistas avalan la reforma laboral habrá sido a cambio de otro tipo de negociación… veremos qué pasa este jueves 27.

Lo que sí es claro es que el PRI irá con la reforma al igual que el Partido Verde; más cara de lo que uno puede pensar, saldrá la Presidencia de Peña Nieto… y luego viene la reforma energética.

Comentarios: mjcervantes@proceso.com.mx

@jesusaproceso y www.rompeviento.tv

*Tomado de la revista Proceso.

El “Frankenstein” de la transparencia*

Tomados de La Jornada, El Fisgón y Rocha y El Universal, Helioflores.

Irma Eréndira Sandoval 

MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- La iniciativa de Enrique Peña Nieto en materia de transparencia no busca “dotar de autonomía” ni “modernizar” al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), sino aumentar el control de la Presidencia de la República sobre el flujo de información gubernamental y preservar la opacidad. Información es poder, y la ambición de los priistas no tiene límites. Hoy los huecos discursos de “la transparencia políticamente correcta” se revelan como la coartada perfecta para construir un Frankenstein institucional que multiplique la impunidad y la simulación. 

El punto nodal de la iniciativa no es el maquillaje de autonomía con que se vende, sino la forma de nombramiento de los comisionados. Peña Nieto ratifica en todos sus términos, e incluso eleva a nivel constitucional, la retrógrada fórmula impuesta por Vicente Fox hace más de una década. Este viciado proceso de designación ha dado tan buenos resultados a los hoy aliados panistas de Peña que el próximo gobierno ya se frota las manos con los nuevos supercomisionados totalmente peñanietistas. 

Para el próximo IFAI priista no habrá convocatorias a la sociedad, ni “ternas” de candidatos, ni comparecencias ante ningún órgano legislativo. Tal y como ha ocurrido con todos los comisionados desde 2002, simplemente saldrá “humo blanco” desde Los Pinos, y el Senado quedará con la única facultad de “objetar” los nombramientos dentro de los 30 días posteriores. Para los senadores, volverá el humillante papel de actuar como obedientes “levantadedos” del “Señor Presidente”. Además, ni siquiera será necesario que los señores del Senado realicen tal esfuerzo dactilar porque, si dentro de los 30 días correspondientes los legisladores no objetan, los nombramientos del Ejecutivo serán aprobados de manera automática. 

En el hipotético caso de que a un grupo de senadores se les ocurra rebelarse, la iniciativa guarda a Peña Nieto una bala de plata para casos de emergencia. Su iniciativa de reforma al artículo 6º constitucional aclara que si los legisladores objetan sus primeras dos propuestas, el presidente “designará directamente a otra persona” sin tomarse la molestia de pasarla por la aduana del Congreso. 

En otras palabras, Peña Nieto tendrá total libertad para nombrar a quien él quiera como comisionado del IFAI. La disyuntiva verdadera para el presidente será si entra o no en negociaciones con el Senado para vestir sus nombramientos de cierta legitimidad, o si prefiere actuar de manera unilateral, guardando su ficha preferida para el tercer nombramiento con el recurso de proponer dos candidatos fácilmente desechables. 

Así pues, la propuesta paralela de ampliar de cinco a siete la cantidad de comisionados del IFAI no busca “fortalecer” al instituto con “nuevos recursos humanos”, sino controlar mejor el organismo “autónomo” con dos nuevos nombramientos realizados directamente por Peña Nieto durante los primeros días de su presidencia. De colofón, el transitorio cuarto de la iniciativa indica que una de estas nuevas designaciones será algo así como un supercomisionado que gozará del nombramiento más largo en la historia del IFAI, ya que permanecerá hasta el 31 de marzo de 2020. 

La iniciativa también asienta que “de manera excepcional” –y ya sabemos que en nuestro país la excepción hace la regla– “el consejero jurídico del gobierno o los titulares de los órganos constitucionales autónomos podrán interponer recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando exista una alta probabilidad de daño directo y trascendente a la seguridad nacional”. Recordemos que el IFE argumentó en su momento que otorgar acceso ciudadano a las boletas electorales de 2006 “pondría en riesgo la seguridad nacional”. El nuevo mandatario sin duda aplicará la misma regla para evitar el flujo de información sobre los casos de Monex, Santander y la compra de votos. 

Finalmente, se pretende la ampliación de facultades del IFAI para que, por un lado, tenga competencia sobre el Congreso de la Unión, el Poder Judicial y los órganos autónomos y, por otro, revise las resoluciones de los órganos de transparencia de los estados. Esto no implicaría la imposición de criterios ciudadanos a los otros poderes y niveles de gobierno, sino la subordinación de todas las instituciones del país al muy particular enfoque de un político que bien podría llevarse la medalla de oro en la competida categoría de opacidad, corrupción y encubrimiento. 

En suma, la iniciativa de Peña no busca aumentar la “autonomía” de los órganos garantes, sino asegurar que los criterios políticos predominen sobre los legales a la hora de resolver los recursos de revisión.

Investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales y coordinadora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia de la UNAM. www.irmaerendira.blogspot.com

*Tomado de la revista Proceso.

La elección imaginaria**

Tomados de La Jornada, Hernández, El Fisgón y Rocha y El Universal, Helioflores.

Héctor Tajonar* 

MÉXICO, D.F. (Proceso).- A los ciegos de nacimiento les ha sido negado el privilegio de admirar los milagros de la luz. Privados de la evidencia visual, los invidentes no pueden contemplar algo tan simple y maravilloso como el rojo de una rosa o el espectáculo multicolor de un atardecer; están condenados a vivir en un mundo de sombras y penumbra. Caso distinto es el de la ceguera voluntaria, cuyo origen es mental, no físico; los ojos y el intelecto se cierran a propósito ante las evidencias de la realidad. Sea por necedad, interés o cobardía, quienes se niegan a ver imágenes visuales o a reconocer hechos palpables eligen vivir en un mundo de tinieblas y opacidad, engaño y encubrimiento. No hay peor ciego que el que no quiere ver. 

Una variante de la ceguera voluntaria es la ceguera idílica, propia de los enamorados, en la que se confiere todo tipo de virtudes al ser amado, al tiempo que se cancela la existencia de cualquier defecto capaz de mancillar la perfección de la persona idealizada. Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los consejeros del Instituto Federal Electoral parecen haber sido presa de esa suerte de hechizo de la mirada que nubla la razón. Quijotes jurisdiccionales o administrativos, las máximas autoridades electorales del país convirtieron a la elección presidencial en su propia Dulcinea, negando con amorosa pasión toda evidencia de irregularidad, manipulación o corrupción durante el proceso comicial. ¿Coacción o compra del sufragio? ¡Espejismos! ¿Tarjetas Monex y Soriana? ¡Entes imaginarios! ¿Exceso en los gastos de campaña? ¡Mera especulación! ¿Origen dudoso de aportaciones financieras? ¡Vanas ilusiones! ¿Intervención ilegal de gobernadores? ¡Murmuraciones! ¿Encuestas manipuladas? ¡Invención perversa! ¿Infomerciales de Peña Nieto? ¡Alucinaciones! ¿Pacto Peña-Televisa? ¡Anatema! 

Ante la mirada absorta de las máximas autoridades de la democracia mexicana, el proceso electoral fue impoluto, inmaculado, ejemplar. Presa de ceguera idílica, el TEPJF inventó una elección imaginaria, declaró su validez y la de presidente electo. Me pregunto, nos preguntamos muchos: ¿Cuál es el origen de la ceguera voluntaria de los magistrados del Tribunal Electoral? Mi hipótesis es que fueron cooptados por el inmenso poder acumulado del PRI, Enrique Peña Nieto y Televisa. A ello, a ellos, se debe que la corrupción electoral haya quedado impune. 

El Tribunal eludió su responsabilidad de actuar como garante de los principios de constitucionalidad en materia electoral. De forma unánime, y como quien cumple una consigna, los magistrados determinaron que los argumentos de la coalición de izquierda fueron “vagos, imprecisos y genéricos”, por lo cual se declaró infundada la demanda de invalidez de la elección presidencial y, de un plumazo, se borraron todas las irregularidades del proceso electoral. En lugar de haber requerido a autoridades o particulares la documentación necesaria que pudiera “servir para la sustanciación y resolución de los medios de impugnación”, como lo establece el artículo 21 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, los magistrados se limitaron a refutar la demanda de juicio de inconformidad presentada por la coalición Movimiento Progresista, dejándoles a ellos la carga de la prueba. 

Caso paradigmático es la argumentación del Tribunal Electoral sobre la campaña televisiva de seis años del hoy presidente electo: “… en ningún momento se ha demostrado la existencia de pacto, convenio, contrato o algún acuerdo de voluntades, escrito o verbal, entre el Partido Revolucionario Institucional, el licenciado Enrique Peña Nieto y la empresa Televisa…”. (Juicio de inconformidad, página 166.) Inapelable desparpajo. Como lo señaló el jurista Javier Quijano (Proceso 1870), la promoción mediática del candidato del PRI constituyó un acto adelantado de campaña tan evidente que bien pudo considerarse un hecho notorio, concepto jurídico aplicado “a cualquier acontecimiento de dominio público (al cual) la ley exime de su prueba en procesos jurisdiccionales”. (Poder Judicial. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Diario Oficial, 14 de febrero de 2008.) Los infomerciales de Peña Nieto los vimos todos, menos las autoridades electorales. 

Era prácticamente imposible que la coalición de izquierda hubiera podido conseguir documentos probatorios de un pacto secreto. Como representantes de un Tribunal Supremo, los magistrados tenían la responsabilidad de haber solicitado dicha información a las partes, o bien, haberla conseguido mediante una investigación adecuada. Sólo así habrían contado con elementos suficientes para juzgar si realmente hubo equidad en la elección presidencial, condición fundamental para calificar su validez. No lo hicieron, descansaron en la penosa resolución del IFE emitida el 16 de agosto pasado. 

El marco normativo y teórico de la calificación jurisdiccional, elaborado por el propio Tribunal Electoral, lo obliga a “evitar que los intereses de los concesionarios y permisionarios de estaciones de radio y canales de televisión se erijan en factores determinantes de las campañas electorales y de sus resultados (e) impedir que el poder económico influya en las preferencias electorales, a través de la propaganda política en radio y televisión”. (Cómputo Final, Calificación Jurisdiccional de la Elección, Declaración de Validez y de Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos, página 101.) Es oprobiosa la forma en que tanto el TEPJF como el IFE eludieron su responsabilidad de defender lo establecido en los artículos 41 y 134 de la Constitución. Desde las resoluciones anteriores sobre el asunto, emitidas por las máximas autoridades electorales del país, era clara la intención de ocultar los actos anticipados de campaña de Peña Nieto a través de la televisión, mediante razonamientos legalistas. 

Ello es sólo un ejemplo relacionado con la propaganda encubierta. Una lectura crítica de las mil 346 páginas del prolijo juicio de inconformidad muestra que los argumentos del Tribunal Electoral acerca de todas las palmarias irregularidades de la elección presidencial fueron igualmente elusivos y complacientes con el hoy presidente electo. Fue manifiesta la voluntad de liberarlo a él, así como a sus socios partidarios y mediáticos, de cualquier conducta electoral incorrecta.

El fallo unánime e inatacable del Tribunal Electoral ha colocado a la maleable democracia mexicana en una situación paradójica y embarazosa. Se ha producido una regresión hacia una forma renovada de autoritarismo electoral, condición ambigua en la cual diversas formas de manipulación prevalecen en procesos comiciales organizados, supervisados y avalados por instituciones de fachada democrática. (Andreas Schedler, Electoral Authoritarianism. The Dynamics of Unfree Competition, 2006.) México representa un caso singular dentro del amplio menú de la corrupción electoral en los procesos de transición o regresión democráticas en el mundo entero. La originalidad de lo ocurrido en el proceso electoral de 2012 en nuestro país radica en que la transgresión de la normatividad democrática no provino del debilitado gobierno panista en turno, sino del excesivo poder de dos actores políticos ligados por un interés común, alimentado por la nostalgia de un rancio maridaje de conveniencia: Televisa y el PRI volvieron a unir sus fuerzas con el propósito de recuperar la Presidencia de la República a través de Peña Nieto (como lo ha documentado Jenaro Villamil en Proceso desde diciembre de 2005). Acaso un precedente digno de estudio sea el de Berlusconi, quien sumó el poder político y mediático a su frivolidad personal, con las consecuencias que ahora padecen los italianos. Alerta.

En los comicios presidenciales de 2012 no hubo integridad electoral, como lo dictan los cánones internacionales, sino turbiedad electoral avalada por las máximas autoridades del ramo. A pesar de su dudosa legalidad, la sentencia del TEPJF es cosa juzgada. El 1 de diciembre Enrique Peña Nieto tomará posesión como presidente constitucional, protestará cumplir y hacer cumplir la Constitución; aunque para llegar al máximo cargo político del país haya sido necesario burlar los artículos 41 y 134 de la Carta Magna. En estricto rigor, será una situación de hecho, no de derecho. La democracia mexicana ha sido cooptada.

*Investigador del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego.

**Tomado de la revista Proceso.

Televisa y la caravana de la coca*

Tomados de La Jornada, Hernandez, Helguera, El Fisgon y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.

Jenaro Villamil 

MÉXICO, D.F. (apro).- El nombre de la aduana “Las Manos”, en la frontera de Nicaragua con Costa Rica, no podía haber sido mejor elegido frente al escándalo creciente sobre las presuntas narco-camionetas pertenecientes a Grupo Televisa, que transportaban no sólo a 18 mexicanos y 9.2 millones de dólares en efectivo, sino también eran unidades móviles que se trasladaron por ambos países centroamericanos bajo el pretexto de grabar documentales sobre las bellezas naturales costarricenses.

El enredo para la empresa de Emilio Azcárraga Jean es cada vez mayor. Primero se deslindó de los 18 mexicanos detenidos, incluyendo a la presunta líder del grupo, Raquel Alatorre Correa. Dijo que ninguno trabaja para Televisa y se desmarcó de ser propietario de alguna de las seis camionetas que viajaron por Costa Rica en más de 40 ocasiones portando el inconfundible logotipo del monopolio televisivo. 

La primera suspicacia surgió cuando la prensa nicaragüense citó a elementos de la Policía Nacional de Nicaragua, quienes detuvieron a los 18 mexicanos el 20 de agosto pasado, asegurando que Alatorre Correa aseguró ser “reportera, presentadora y jefa de información” sin precisar para qué medio de comunicación trabajaba. Cuatro días después El Nuevo Diario aseguró que se trataba de una reportera de Televisa.

El propio presidente nicaragüense Daniel Ortega atizó la sospecha. El 24 de agosto declaró que “el nombre de la periodista existe, está allá en Televisa, pero estaba suplantada”. Todo parecía indicar que Alatorre Correa utilizó el nombre de una trabajadora de la televisora.

Eso no convenció. ¿Cómo era posible que durante meses una caravana de seis camionetas con el logotipo de Televisa viajara por Centroamérica y la empresa no se hubiera dado cuenta? Un excolaborador de La Prensa en Nicaragua declaró que desde junio se accidentó una de las camionetas e identificó a la propia Raquel Alatorre.

En San José Costa Rica, el gerente del hotel Ramada Herradura, Gustavo Araya, confirmó que el grupo liderado por Raquel Alatorre Correa estuvo hospedado en la capital tica entre el 8 y 12 de febrero, para grabar supuestamente “un reportaje de parques” con seis unidades móviles. 

En declaraciones al periódico La Nación, Araya explicó que los 18 presuntos teleperiodistas se hospedaron en diez habitaciones y pagaron en efectivo 4 mil dólares, por el hospedaje. El hotel Ramada Herradura se localiza cerca del aeropuerto de la capital costarricense, a media hora de San José, en una zona caracterizada por la construcción de nuevos y ostentosos conjuntos habitacionales.

Araya indicó que originalmente pidieron hospedaje por tres noches, pero se quedaron una más. El gerente del hotel indicó que no se le hizo extraña la presencia del grupo, salvo que pagaron todo en efectivo. Uno de ellos le confirmó que trabajaban en un reportaje sobre parques nacionales en Costa Rica. 

“Tenemos bastante malicia indígena, pero en este caso no levantaron sospechas”, afirmó Araya, en sus declaraciones a La Nación. 

En su edición del 9 de septiembre, Proceso publicó en la sección internacional que, al menos, una de las seis camionetas Chevrolet es propiedad de Televisa. Se trataba del vehículo con placas 886XCR, a nombre de Televisa SA de CV, de acuerdo con el padrón vehicular de la Ciudad de México.

Televisa respondió tres días después, a raíz de que la periodista Carmen Aristegui retomó el reportaje de Proceso e indagó sobre nuevas pistas que desmantelaron la versión oficial de la empresa. Envió un comunicado el 12 de septiembre para afirmar que desde el 29 de agosto presentó una denuncia de hechos ante la PGJDF por posible falsificación de marca y documento, y abrió la posibilidad de que se hubiera alterado la documentación de alguna de las seis camionetas.

Este martes 18, el noticiario de Aristegui informó que no eran una o dos o tres las camionetas que están registradas a nombre de Televisa sino las seis, según el propio padrón vehicular de la Ciudad de México.

Se trata de camionetas marca Chevrolet con placas 165XCC, 571XXD, 411XWY, 848XDG, 886XCR y 444XCJ. Sólo una séptima camioneta General Motors, modelo 2011, placas 411XWY no pertenecería a la empresa. 

¿No se dio cuenta Grupo Televisa que seis de sus camionetas registradas a su nombre estaban siendo utilizadas de manera apócrifa en Centroamérica para transportar coca y dinero en efectivo en cantidades que envidiaría el videoasta Carlos Ahumada? ¿O sí sabía alguno de los directivos y prefirió no informar a sus jefes?

¿Hasta dónde llega la responsabilidad de la empresa y de directivos de la misma en este episodio que se puede convertir en uno de los escándalos mayúsculos del fin de sexenio?

Todo parece indicar que no es reciente la práctica de llevar dinero en efectivo y droga en camionetas con logotipos de Grupo Televisa. De acuerdo con la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica, Raquel Alatorre Correa cruzó el puesto fronterizo desde el 14 de enero de 2008.

Comentarios: www.homozapping.com.mx

*Tomado de la revista Proceso.