La tentación de la violencia*

Tomados de La Jornada, El Fisgón, Helguera y Rocha y El Universal, Helioflores.

Sabina Berman 

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El negocio del narcotráfico no lo inventó el PRI, lo inventó Estados Unidos, al crear durante el siglo pasado un doble vínculo perverso entre el consumo y la criminalización de la droga. Mientras el consumo de mariguana y cocaína se popularizaba espectacularmente en su población, Estados Unidos criminalizó su transporte y venta. Pero fue el PRI el que invitó al narco a colaborar en sus gobiernos.

2

Las leyes se inventan para violarlas mediante cuotas a la autoridad. Esa fue la práctica priista durante el siglo XX. Consecuente, el PRI dejó pasar por el país la droga, pero ilegalmente, para poder cobrar su cuota. 

3

Pero un día, los narcos, empoderados, decidieron cambiar el orden de sujeción y ahora dicen: O me dejas pasar, y te dejo tu propina, o te mato a ti, a tu familia y a tus civiles.

Cuentan en Chihuahua que una mañana el gobernador Reyes Baeza despertó con un pistolero al pie de su cama. Apuntándole a la cara le dijo: Te voy a explicar cuál va a ser nuestro nuevo trato. Cuentan igual que a Reyes Baeza se le congeló la cara durante tres años en un rictus de terror. 

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La práctica del PRI era mala, lo que hizo a continuación el presidente Calderón fue aterrador. Prendió un cerillito para otear en la tenebra del narco, vio que estaba en un cuarto de pólvora y PUM, el resto es nuestra historia reciente. Cárteles descabezados fragmentándose en pandillas enfrentadas. Un crimen desorganizado enloquecido, sin lealtades internas ni límites. 

5

La pregunta de hoy es simple. ¿El PRI buscará volver al estado previo, a un pacto tácito en que sujetaba al narco, o asumirá la guerra panista, que nos ha costado 60 mil muertos (según cifras oficiales, probablemente rasuradas), 500 mil millones de pesos (según un estudio encargado por el PRI), el colapso del turismo y una cultura envenenada por la hostilidad y el tema nihilista de la muerte?

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Enrique Peña Nieto ha declarado que asumirá la guerra en curso. Ha llamado, para conversar con él, y acaso contratarlo, al ideólogo de la guerra contra el narco en Colombia. También ha iniciado pláticas con los generales del Pentágono, los mismos que recetan a México armas y más armas y luego más armas.

El general colombiano busca trabajo, es comprensible. Sus soluciones pasan por bombazos, operaciones con aviones caza, persecuciones en las calles de ciudades, robocops asediando colonias habitacionales. Esa es su película, por algo es militar. 

Los generales del Pentágono son también militares y su imaginación pasa por pirotecnias comparables, aunque de mayor calibre. Luego de la guerra de Vietnam inventaron la guerra de Irak, luego de Irak inventaron la guerra de Afganistán, luego de Afganistán están buscando dónde justificar sus presupuestos multimillonarios. Y México parece adecuado.

Pero los intereses de México no son los de los generales del Pentágono o de Colombia. Se equivocaría Enrique Peña Nieto en deslumbrarse con sus ofertas de ayuda sin mirar el estado material en que han dejado a Colombia y en especial a Afganistán. Una ruina donde a veces hay votaciones. 

7 

Se ha dicho mucho pero importa repetirlo hoy, cuando en los niveles de gobierno se repiensa la guerra. A cada bazuca de última generación que el Ejército Mexicano compra o recibe dadivosamente del ejército estadunidense, tres bazucas idénticas son compradas por los narcos. Y en medio de los bazucazos está ese territorio que llamamos patria y esa gentecita desarmada que somos nosotros, los mexicanos. 

8

Se ha dicho también mucho, pero nunca ha sido más importante que hoy repetirlo. El blanco de la guerra del presidente Calderón siempre ha estado errado. Lo que necesitamos no es una guerra contra el narco, sino una política en pro de la seguridad civil.

9 

Nuestra estrategia respecto al narcotráfico debiera ser –oh paradoja– precisamente la que Estados Unidos aplica dentro de sus fronteras. A decir: hacer nada. Dejar al narco trasladar su droga a los mercados, donde 100 millones de estadunidenses esperan para pagarla a precio de oro molido, para fumársela y snifearla en jardines y fiestas alegres. Y en contraste, vigilar a los operadores del narco para aplicarles una cero tolerancia en crímenes contra civiles. El secuestro, el asesinato, el robo, la extorsión, enumerados por orden de crueldad.

A propósito, qué bonito y qué pacíficamente está creciendo McAllen, en la frontera con México. El provisorio alcalde fraccionó los alrededores desérticos, los cuadriculó con avenidas de cuatro carriles, y los urbanizó. En esa cuadrícula impecable han llegado y siguen llegando nuestros paisanos norteños, los ricos por supuesto, a construir sus mansiones. 

Esa es la casa del presidente de un periódico de Monterrey, me señala con el índice un paisano taxista, con un dejo de orgullo. Esa grandota es de un narco. ¿Ve aquella? Es de Gloria Trevi. Y aquellita con el helipuerto en la azotea, es de otro narco. El taxista sonríe: Viera qué bien conviven, todos son muy respetuosos.

10

Me lo contó un cineasta mexicano. En el año 2008 cenó con el entonces secretario de Gobernación, el joven señor Mouriño, que le habló de los pormenores de la guerra del narco. Entre cucharadas de sopa, el secretario se emocionaba al narrar las persecuciones, los disparos, los PUM PLAZ POC de la lucha. Los cráneos reventados. Los sacos de lona repletos de dólares, mojados de sangre.

Trajeron el siguiente platillo. Carne en su jugo. El cineasta no pudo animarse a cortarla con tenedor y cuchillo y masticarla.

Qué fuertes se han sentido este sexenio los políticos que han defendido el uso de la violencia del Estado, qué fuertes se sienten los generales del Pentágono cuando ofrecen hoy sus servicios redoblados: qué error tremendo cometerían Enrique Peña Nieto y sus jóvenes asesores al confundir la fuerza con la inteligencia.

*Tomado de la revista Proceso.

Perspectiva de la izquierda*

Tomados de La Jornada, Hernández, Helguera, El Fisgón y Rocha y El Universal, Helioflores.

Octavio Rodríguez Araujo

 

Cada vez que las izquierdas mexicanas sufren, por las buenas o por las malas, una derrota electoral, resurge el tema de su perspectiva como partidos y de la estrategia a seguir en el futuro. 

Si bien no sabemos con precisión cuál será la calificación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre las pasadas elecciones, sí podemos suponer que, como corresponde a su sesgo pro sistema, el fallo será en favor de Peña Nieto. El tribunal, el IFE y la mayor parte de las instituciones del Estado obedecen a la lógica de éste y a su esencia no sólo de clase sino a la de quienes lo controlan desde sus posiciones dominantes. 

Estos últimos no están dispuestos a ceder el poder que los ha beneficiado no de ahora sino desde que devinieron grupos y sectores dominantes en la sociedad. Crecieron a la sombra del Estado y ahora lo usan como si fuera una maquinaria a su servicio (en el sentido de Ralph Miliband). La materialización última y más evidente del Estado es el gobierno, acompañado en nuestra realidad de los poderes Legislativo y Judicial. El gobierno está encabezado por el presidente, llámese así o primer ministro. Y del presidente dependen, en gran medida, las políticas que definen el rumbo del país y la orientación social que tienen o pueden tener. Por esto es importante tomar el poder, es decir la Presidencia, y ganar la mayoría en el Congreso de la Unión. El Poder Judicial depende, en su conformación, de los otros dos poderes, uno que propone y otro que dispone.

Para disputar el poder presidencial y su supuesto contrapeso (el Legislativo), nos hemos dado los partidos políticos. Desde que los trabajadores conquistaron el derecho al sufragio y a ser elegidos, los partidos se hicieron necesarios. El fortalecimiento de los partidos de trabajadores obligó a la burguesía a vigorizar los propios, simplemente para defender sus terrenos de la amenaza proletaria en ascenso. Con el tiempo y los cambios en las relaciones sociales de producción, el proletariado cedió su lugar a sectores varios de la sociedad que no necesariamente se identifican con los intereses de los trabajadores ni con su oposición a todo nivel de burguesías. Si el capitalismo alcanzó grados de concentración y centralización de la riqueza –no imaginados hace 100 años, y hasta menos–, las luchas sociales pasarían a ser en contra de sus principales beneficiarios, en alianza con las propias víctimas de esos grandes capitales dentro de la burguesía: la clase media de los propietarios de medios de producción y comercialización. Lo que ahora llamamos pluralidad tiene mucho que ver con esas nuevas condiciones en los arreglos de la sociedad y con las posiciones pluriclasistas de no pocos movimientos sociales y también de los partidos. 

De aquí, entre otras razones, que los partidos de los últimos años, digamos desde mediados de los 70 del siglo pasado, sean o tiendan a ser pluriclasistas y, por lo mismo, de centro: de centro izquierda o de centro derecha. Y son de estas posiciones político-ideológicas porque sólo así pueden verdaderamente competir en elecciones, ya que éstas, como diría Perogrullo, se ganan con la mayoría de los votos, y la mayoría de los ciudadanos no suele coincidir con posiciones extremas, ni de derecha ni de izquierda. 

Aun así, hay diferencias claras entre las nuevas izquierdas y las nuevas derechas. Y estas diferencias tienen que ver con la continuidad de lo existente y los privilegios que favorece, o con cambios a favor de una mayor equidad en las relaciones sociales y entre sociedad y gobierno y las leyes que sirven a unos en perjuicio de otros. Estos cambios, contra lo que piensan quienes le dan atributos inexistentes o ideales a la sociedad en general, se pueden dar si los partidos de izquierda conquistan el poder del Estado, es decir sus principales expresiones institucionales, la Presidencia en primer lugar.

Todos los experimentos de democracia directa y de autogestión en las sociedades complejas han fracasado, desde la Comuna de París hasta la fecha. La razón no es tan complicada como se ha querido creer: la sociedad es heterogénea y no precisamente organizada de manera más o menos permanente. Se organiza parcialmente por asuntos coyunturales y con el tiempo sus miembros regresan a sus actividades cotidianas. Cuando se expresan a favor o en contra de algo los llamamos movimientos sociales, pero si logran lo que querían o frenan lo que no querían tienden a desaparecer y a quedar en la memoria colectiva del ¿te acuerdas de…?

A los movimientos sociales, cuya existencia es positiva en cualquier país y hasta más allá de un país, les falta lo que tienen los partidos políticos: cierta permanencia, cuadros dirigentes y profesionales, disciplina interna y, sobre todo, vocación de poder con base en un proyecto social y de nación. Por el contrario, a los partidos les falta la relativa autenticidad de los movimientos sociales y su espíritu de lucha que normalmente los acompaña. Es por esto que Jonathan Fox proponía en uno de sus escritos que los partidos deben ligarse con las que él llamó autonomías asociativas, que son aquellas que velan por las necesidades y metas de quienes apenas o nunca son tomados en cuenta por los políticos. Estas autonomías asociativas y los partidos, juntos y de común acuerdo, garantizan más y mejor la democracia y la lucha que separados como frecuentemente actúan. Lo mejor, para los movimientos sociales y para los partidos políticos, en este caso de izquierda, es que se conecten y luchen juntos por cambiar lo que, cada uno en su ámbito de acción, quieran y puedan cambiar. Los movimientos sociales, salvo excepciones revolucionarias cada vez más distantes, no aspiran al poder; los partidos sí.

Ya hemos visto de lo que es capaz el poder para conservarse y los recursos que invirtió en ello. La única opción es quitar a quienes lo tienen y ganarlo para nuestra causa. Si no fue ahora ya será mañana, siempre y cuando los partidos opositores se fortalezcan y entiendan lo que no entendieron pero el PRI sí después de su estruendosa derrota en 2006: la importancia de su reorganización (que no hicieron en 2010) y trabajar en todos los frentes y sobre todo con el pueblo para ganar. 

rodriguezaraujo.unam.mx

*Tomado de La Jornada.

TEPJF, “garante de la paz social”*

Tomados de La Jornada, Hernández, El Fisgón, Helguera y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.

Álvaro Delgado 

MEXICO, D.F. (apro).- Los priistas y sus sicarios chillan por la potencial conflictividad social si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) convalida las trampas de Enrique Peña Nieto, pero esa hipótesis fue planteada hace un año por el magistrado Flavio Galván Rivera. 

En una charla periodística que tuve con él, publicada en Proceso, el 5 de agosto del año pasado, Galván Rivera –el único de los nueve magistrados que aparentemente no obtuvo el cargo por el padrinazgo de un partido–, advirtió que, además de garantizar los principios constitucionales, así como la libertad y la secrecía del voto en la elección presidencial, el TEPJF debe garantizar la paz social. 

“Más allá de todos los principios constitucionales y político-jurídicos en materia electoral, el Tribunal es garante de la paz social. Si hace un trabajo adecuado, como un órgano imparcial, de derecho, y hace una calificación de la elección presidencial con estos principios y estas características, tendremos paz social. Entonces es un gran reto, una gran responsabilidad”. 

–¿Y al contrario? –le pregunté. 

–Podríamos atentar contra esa paz social –respondió–. Si no hay estabilidad política, y esto la historia de México nos lo cuenta con mucha frecuencia y sobre todo en las primeras décadas del siglo XX, no hay paz social. 

Puntualizó el expresidente del TEPJF: “Para que haya esa paz social, la política debe mantener un equilibrio y obviamente los políticos, y para mantener ese equilibrio necesitamos darle un análisis, una calificación de la elección presidencial que sea creíble, objetiva, imparcial”.

Con medio siglo en tribunales, y directamente involucrado en la quinta elección presidencial, Galván puede hacer la diferencia entre sus compañeros magistrados en el análisis de las pruebas e indicios sobre la calidad de la elección presidencial, y determinar un asunto crucial: Si fue libre y auténtica, como ordena la Constitución. 

Como se da por hecho que el TEPJF declarará válida la elección, como aquí se apuntó la semana pasada, es preciso también que se considere que, a diferencia de 2006, ahora sí es posible la nulidad por violaciones a principios constitucionales, como el de la equidad en la competencia.

En 2006, los magistrados reconocieron como sucia la elección, pero la declararon legalmente válida supuestamente porque no existía expresamente esa medida extrema en la Constitución y en la ley, algo que Galván, entonces secretario del TEPJF, consideró erróneo. 

En su libro Derecho procesal electoral mexicano, publicado precisamente en julio de 2006, incluyó un apartado titulado “Una inquietud inquietante: ¿Se puede declarar la nulidad de la elección presidencial?”, y respondió que sí. 

“Un acto jurídico sólo puede ser declarado existente o inexistente, válido o nulo, nulo absoluto, relativo o de pleno derecho”, subrayó Galván en la entrevista que tuve con él en su oficina del TEPJF. 

Lo mismo dijo de la elección presidencial: “Así como puede ser declarada válida, puede ser declarada nula. Es como cuando examinamos a alguien: Prueba o reprueba. No hay alternativa. No puede quedarse en un punto medio.” 

La reforma constitucional de 2007-2008 prevé, en el artículo 99, la nulidad de la elección presidencial, una decisión que está en manos de los nueve magistrados que, si actúan con la misma lógica de 2006, podrán generar condiciones de inestabilidad política, como advierte Galván. 

No hay duda de que se sabrá cuánto gastó Peña Nieto para comprar la Presidencia de la República –que en una elección libre jamás hubiera obtenido los votos que se le atribuyen oficialmente–, pero para entonces estará ya instalado en el cargo y con el control de todos los mecanismos represivos con los que dará, seguramente, respuesta a quienes lo impugnen. 

Los magistrados están en una encrucijada: Ejercen su libertad y sus facultades constitucionales o condenan al país al abismo.

Apuntes

Además de Peña y sus cómplices, un personaje prominente sabe a detalle los miles de millones de pesos que se despilfarraron para imponer al priista en la Presidencia de la República: Felipe Calderón. Pero como lo sabe, aun antes del 1 de julio, lo aprovecha para obtener impunidad e inmunidad. “El priista que todos llevamos dentro”, como siempre se ufanó, se ha expresado a plenitud: Calderón es compinche de Peña. Y los panistas lo saben. Por eso el opaco Ernesto Cordero será presidente del Senado, mientras el perredista poblano Luis Miguel Barbosa –paisano y amigo del golpeador Javier Lozano– se traga las migajas… La reunión del presidente del PAN, Gustavo Madero, con el del PRD, Jesús Zambrano, con sus respectivos coordinadores parlamentarios, es una mascarada. El PAN se sumará al PRI en los temas fundamentales… 

Comentarios: delgado@proceso.com.mx y Twitter: @alvaro_delgado

*Tomado de la revista Proceso.

MVS y el autoritarismo mexicano

Tomados de La Jornada, Hernández, el Fisgón y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.

Jesús Cantú

 

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Las revelaciones de Joaquín Vargas sobre las acciones del gobierno para retirarle la concesión de la banda 2.5 ghz., y las discusiones posteriores, revelan en toda su magnitud la persistente presencia del autoritarismo en el Estado mexicano: la ausencia flagrante del estado de derecho y la supremacía de las prácticas clientelares en el tratamiento de los asuntos públicos. 

En primera instancia, con lo ocurrido hasta ahora en este caso se demuestra diáfanamente la ausencia de un procedimiento claro, transparente y preciso que brinde garantías jurídicas a todos para renovar, revocar o modificar los términos de las concesiones vigentes o que concluyeron su periodo. Esa es precisamente la discusión: si MVS podía prorrogar, según expresión del mismo presidente del Consejo de Administración de esa empresa, dicha concesión, y si a través de la misma podía prestar servicios adicionales.

En un país donde se respeta el estado de derecho, eso está normado y tiene procedimientos, autoridades, requisitos y tiempos claramente establecidos. En México, según reconocen los actores involucrados, todo esto se realizó a través de varias decenas de anárquicas reuniones privadas, donde regía la arbitrariedad y la discrecionalidad de la autoridad. Precisamente por ello se hicieron propuestas y contrapropuestas, como si se tratase de un bien privado y de un acuerdo entre particulares. 

En este caso se trata de un bien y un servicio públicos, cuya concesión a un particular debe hacerse con estricto apego a la normatividad vigente, no en función de los humores de la autoridad y los acuerdos privados en los que los requisitos y las prestaciones y contraprestaciones se establecen libremente. 

Pero ante la falta de una legislación y una reglamentación adecuadas, todos los actores implicados aceptan su participación en estas reuniones privadas con el claro objetivo de lograr un acuerdo que los favorezca a ambos (concesionario y autoridad), no a la ciudadanía, la que debiera ser el verdadero receptor de los beneficios de un servicio público. 

Relaciones claramente clientelares como ésta vulneran el estado de derecho e impiden la construcción de un régimen democrático. Daniel Hallin y Paolo Mancini definen el clientelismo político como “…un patrón de organización social en el que el acceso a los recursos sociales es controlado por patronos y entregado a sus clientes como intercambio por deferencias y varias formas de apoyo. Es una forma particular de organización social, en la que las reglas formales son menos importantes en relación a las conexiones personales o, en formas más recientes de clientelismo, conexiones mediadas a través de los partidos políticos, la Iglesia y otras organizaciones”. 

A su vez, Jorge M. Audelo, señala que se trata de “aquellas relaciones informales de intercambio recíproco y mutuamente benéfico de favores entre dos sujetos, basadas en una amistad instrumental, desigualdad, diferencia de poder y control de recursos, en las que existen un patrón y un cliente: el patrón proporciona bienes materiales, protección y acceso a recursos diversos, y el cliente ofrece a cambio servicios personales, lealtad, apoyo político o votos”. 

Este soporte fundamental del régimen autoritario mexicano está presente y es aceptado por todos los involucrados en el caso MVS. Hay diferencias respecto a quién elaboró el primer proyecto de comunicado de disculpa de Carmen Aristegui (MVS o la oficina de Comunicación Social de la Presidencia de la República); respecto a si la intervención de Javier Lozano fue en su carácter de secretario de Estado o como amigo de Vargas y a título personal; o sobre las cantidades que MVS ofreció como contraprestación (104 millones de pesos, según la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 11 mil 164 millones, según MVS). Pero no existe ninguna controversia acerca de la realización de varias decenas de reuniones, a lo largo de cuatro años o poco más, sin apego a ninguna normatividad, simplemente en función de esta relación personal, a la que todos los actores apelan en más de una ocasión, tanto en las revelaciones de Vargas como en las declaraciones de los funcionarios públicos involucrados. Todos confesaron su participación en este evidente ejercicio de clientelismo político. 

Lo único que al respecto ha cambiado en el nuevo milenio es que hoy los clientes (en este caso MVS) que se sienten burlados se atreven a hacer denuncias públicas sobre casos como éste, no porque reprueben tales prácticas, sino porque no se beneficiaron de ellas. 

Después de 12 años de alternancia en el Poder Ejecutivo, las instituciones del autoritarismo permanecen intactas. El intercambio de favores entre autoridades y particulares prevalece por encima del estado de derecho, y, cuando se trata de bienes públicos muy rentables –como las telecomunicaciones–, su acceso está reservado a unos cuantos privilegiados. 

La autoridad sigue aprovechándose de la pobreza y la ignorancia de unos (en el caso de los votantes) o de la avaricia de otros (en el caso de las telecomunicaciones) para intercambiar dádivas o privilegios por votos o apoyo político. 

En estas condiciones es imposible que florezca la democracia.

*Tomado de la revista Proceso.

Un éxodo imparable...*

Tomados de La Jornada, Hernández, Helguera y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.

José Gil Olmos 

Durante su segunda semana de trayecto, la Caravana por la Paz que encabeza Javier Sicilia recogió testimonios de migrantes mexicanos que buscan un nuevo estatus legal en Estados Unidos, así como adhesiones de organizaciones como Mexicanos en el Exilio, dedicada a la defensa de los paisanos que huyen de la violencia e intentan convertirse en exiliados. El éxodo hace recordar al que agobió a países como Guatemala y El Salvador, en la época de sus guerras internas. 

EL PASO, TEXAS.- En los años ochenta fueron las guerras en Guatemala y en El Salvador las que expulsaron a miles de familias a Estados Unidos. Treinta años después, el éxodo hacia este país, más específicamente a los estados del sur, proviene de México, atizado por la violencia derivada de la guerra contra las drogas del gobierno calderonista. 

El año pasado 80 de esas familias provenientes de Chihuahua, Veracruz, Michoacán y Coahuila fundaron la organización Mexicanos en el Exilio, cuyo propósito es proporcionar todo tipo de ayuda a sus connacionales en territorio estadunidense: psicológica y alimenticia, así como asesoría jurídica y laboral. 

Sus 154 miembros están conscientes de que la violencia en el país no cede y de que, por tanto, la migración podría seguir incrementándose. Muchos de los desplazados aún no superan el miedo, por lo que cambian de casa con frecuencia, pues temen que los sicarios o policías en activo los busquen en las ciudades que eligieron como refugio. Saben que las bandas criminales mexicanas no respetan fronteras. 

Para Cipriana Jurado Herrera, la primera mexicana defensora de derechos humanos que recibió el estatus de exiliada en Estados Unidos, hay denuncias en el sentido de que sicarios de bandas criminales se internan en Estados Unidos, sobre todo en esta localidad, para llevarse a la gente a México. 

“Yo por eso no estoy en El Paso”, comenta la exdirectora del Centro de Investigación y Solidaridad Obrera (CISO), quien sobrevive limpiando casas y no tiene residencia fija. Oriunda de Ciudad Juárez, admite que muchos de los refugiados no se atreven a denunciar por miedo. Prefieren, dice, estar en sus casas e incluso no trabajar para evitarse problemas, pero eso impide que las quejas prosperen. 

Las historias

 

La de Cipriana es sólo una de las múltiples historias que ha recogido la Caravana por la Paz en su itinerario por las entidades fronterizas. En Las Cruces, Nuevo México, Cristina presentó su caso. Dice que en abril de 2011 ella y su familia huyeron de Valle de Guadalupe, Chihuahua, tras sobrevivir a la matanza de noviembre de 2010 en el Bar Castillo. 

Dice que cuando ella y sus hijos, hermanos, cuñada y sobrinos llegaron a Estados Unidos se creyeron a salvo, pero pronto se desengañaron: 

“Un día que salí llegaron unos hombres a la casa de la viejita donde trabajaba. Querían llevarme a fuerza, pero ella les dijo que yo no laboraba ahí. Me salí de esa ciudad y me fui a otra porque supe que me estaban buscando. Ya no tengo paz tampoco aquí. Desde que empezaron a buscarme, en febrero pasado, ya no vivo bien.” 

Meses antes de la matanza en el Bar Castillo, en Valle de Guadalupe, una banda criminal de la zona ejecutó al esposo de Cristina, quien tenía un lote de autos, por negarse a pagar la cuota. En febrero de 2010 buscó trabajo y el único lugar donde encontró fue precisamente en el bar, donde a finales de ese año un grupo de sicarios acribilló a los clientes y quemó el negocio. 

Cristina relata que fue testigo de que agentes federales iban custodiando a los agresores. Ella logró escapar cuando llegaron los policías municipales. Más tarde, los federales implicados comenzaron a intimidarla para que no los denunciara. En una ocasión, dice, secuestraron a su padre para obligarla a entregarse. Esa acción la obligó a irse a Estados Unidos, pero aquí –comenta – también se siente acorralada. 

Juan Frayre Escobedo, hijo de la activista Marisela Escobedo, ejecutada en diciembre de 2010 frente al palacio de gobierno de Chihuahua al lado del campamento que montó para exigir justicia a las autoridades por el asesinato de su hija Rubí Marisol, es otro de los exiliados mexicanos.

“Nosotros teníamos que salir de México para conservar nuestra vida. No tuvimos otra opción. Ahora es volver a empezar, con el dolor y la impotencia de lo que ha sucedido”, comenta Juan al reportero a través del teléfono. 

Desde diciembre pasado, él se mueve por varias ciudades fronterizas, luego de que un hombre en un centro comercial de esta ciudad se le acercó y le dijo que él y su familia serían asesinados: “Él y otras personas me querían sacar del centro comercial, pero se detuvieron cuando vieron el video. En el estacionamiento lo estaban esperando cuatro personas”. 

El que amenazó a Juan en esa ocasión era Héctor Miguel Flores Morán, un pistolero del crimen organizado a quien las autoridades atribuyeron el asesinato de Marisela. Pero él no fue quien la ejecutó, dice Juan, “pues mi tío nunca lo reconoció”. Relata que aun cuando presentó la denuncia ante las autoridades de esta ciudad no le hicieron caso, por lo que decidió mudarse más lejos. 

A esos testimonios se suman los de Martha Valles García, Daniel Vega Hernández y Diana Hernández, del Valle de Guadalupe, la zona más peligrosa de Juárez, donde los cárteles controlan la región fronteriza. En esa región han sido asesinadas decenas de personas. Los tres pertenecen a Mexicanos en el Exilio, que la semana pasada se sumó a la caravana encabezada por el escritor Javier Sicilia. 

“Tengo 16 años –dice Diana–. Estoy en Mexicanos en el Exilio porque desaparecieron a mi mamá, Isela Hernández Lara, el 14 de agosto de 2011 en el Valle de Guadalupe. Amenazaron a mi familia, nos dijeron que ya no nos querían en el pueblo, que nos querían fuera. Por eso tuvimos que salir.” 

El pecado de Isela fue cuidar a un bebé de dos años, hijo de una de las mujeres de la familia de Olga Reyes Salazar, a la cual le han matado siete de sus miembros. Olga es una de las principales activistas del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que se dirige a Washington. 

Entrevistada en El Paso, Texas, la adolescente recuerda el día que se llevaron a su madre: “Nosotros llegamos en la tarde. Estaba toda la familia. De repente llegaron cinco personas armadas en una troca. Nunca nos imaginamos que fuera a pasar algo. Se metieron a la casa y nos gritaron que nos tiráramos en el piso. Éramos puras mujeres y mi papá. 

“Nos preguntaban dónde estaba el papá del niño. Mi mamá fue la única que se atrevió a contestar. Golpearon a mi papá hasta dejarlo inconsciente y se la llevaron”. Les dijeron que ya no los querían ahí; que los iban a matar. “Por eso nos venimos a El Paso a pedir asilo, somos 10, incluyendo a mis tías, primas y a mi papá”. 

Entre los familiares de Isela Hernández que salieron de México se encuentra Daniel Vega Hernández, de 18 años, quien se crió en Estados Unidos. El adolescente relata que antes de 2009 Valle de Guadalupe era un lugar tranquilo. 

“Se podía trabajar y pasear a toda hora, y los fines de semana los lugareños solían dar vueltas alrededor de la plaza en sus trocas. Todo iba bien hasta que las bandas del crimen organizado, aliadas a las policías local, federal y a los soldados, comenzaron a disputar esta zona rural conectada a la frontera”, expone Daniel.

Ahora ya no se puede vivir ahí. “Las casas –dice– están abandonadas o quemadas. Mis amigos ya se murieron y los sicarios andan sueltos. Muchos de ellos son jóvenes, les pagan bien poquito, de 20 a 100 dólares por trabajo. Cuando estaba en la escuela en Estados Unidos llegaron los de la Army a reclutar. Me dijeron que entrara al Ejército, pero les dije que lo haría sólo si entraban a México a combatir a los narcos y defender a mi gente. Sólo así aceptaría”. 

–¿Hay jovencitas sicarias? –se le pregunta. 

–¡Sí! Andan con su AK en el hombro. Cuando las llaman y traen el rifle, lo sacan y disparan. 

Al lado de Daniel está Martha Valles García, también de 18 años. Ella estudiaba enfermería en el Cebetis, pero tuvo que huir a Estados Unidos. Entrevistada en el autobús dos de la caravana de paz, recuerda a su hermana de Marisol Valles, exdirectora de Seguridad Pública en la comunidad de Praxedis, que un día ya no aguantó. Llegó a su casa, agarró los pañales de su niño y se fue huyendo del país con siete miembros de su familia.

“Nos contaron que ese mismo día llegaron los sicarios a buscarla. Como no la encontraron, destruyeron la casa y se llevaron todas las cosas. Ahora ya llevamos un año fuera de México. Acá (en Estados Unidos) ya le dieron permiso para trabajar .Yo creo que ya no nos siguieron porque vivimos cerca de una estación de la migra”, expone Martha.

 

El albergue de Rubén

 

Rubén García es el fundador de la Annunciation House, un viejo edificio de ladrillos rojos ubicado en la calle de San Antonio, en el centro de la capital tejana. Tiene más de 60 años y el pelo blanco, viste con elegancia y, aunque parece sacerdote, es un laico comprometido. 

Hace décadas, cuando El Salvador se convulsionaba por la guerra, él viajó a ese país y rescató a un grupo de niños. Los trajo a Estados Unidos y les dio educación, lo que le ganó el reconocimiento de las organizaciones sociales y religiosas. 

Experto en migración, Rubén García relata que a partir de 2009, cuando surgió la violencia en Chihuahua, el cruce de mexicanos hacia Estados Unidos se elevó de manera notable. Según sus cálculos, alrededor de 100 mil mexicanos viven en el corredor de Las Cruces, Nuevo México y El Paso. 

“Muchos de ellos están pidiendo asilo porque saben que no podrán regresar a México. Las estadísticas revelan que de cada 100 mexicanos que piden asilo sólo dos lo obtienen; por eso la mayoría de la gente está escondida.” 

Al abandonar sus comunidades apenas cargan con lo que llevan puesto, algunas veces incluso no cuentan ni con una identificación, menos aun con visa, lo que complica su situación. Además, a diferencia de otras épocas en las que los migrantes eran principalmente trabajadores, hoy son familias enteras las que huyen de la violencia y de las autoridades coludidas con el crimen organizado. 

“Lo que estamos viendo ahora se parece a lo que vimos en los ochenta, cuando salvadoreños y guatemaltecos huían de la guerra. Nunca imaginé que las historias que nos contaban los centroamericanos nos las iban a contar los mexicanos”, afirma Rubén García. 

Le llama la atención, dice, que muchos migrantes mexicanos que llegan a su albergue digan que sus familiares desaparecieron tras denunciar que los perseguían. Y relata un caso singular: 

“Se trata de una pareja a la que balearon los soldados. En el ataque resultaron heridos sus dos hijos, un joven de 18 años y una niña de 12. Ambos llegaron vivos a un hospital, donde consiguieron seguridad. Las propias autoridades les dijeron que cuando salieran ya no les darían protección. Les recomendaron incluso marcharse a El Paso y les dieron dinero para que rentaran una casa. Nunca había escuchado una historia así.” 

Miedo transfronterizo

 

En su oficina local, Carlos Spector, representante legal de Mexicanos en el Exilio, tiene los expedientes de decenas de migrantes. Él ayudó a Cipriana Jurado Herrera a conseguir su estatus de asilada y ahora defiende a Alejandro Hernández Pacheco, excamarógrafo de Televisa en Coahuila, quien fue secuestrado por un grupo de sicarios, junto con su colega de Milenio, y liberado posteriormente. En esa ocasión, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, organizó una conferencia de prensa e intentó atribuirse el mérito. 

El proceso legal para conseguir el asilo es lento y puede costar hasta 10 mil dólares. Ninguna de las familias mexicanas que lo están solicitando tiene esa cantidad, por lo que deben buscar apoyo entre sus conocidos o paisanos. 

Es en este escenario en el que se formó Mexicanos en el Exilio, la primera agrupación de asistencia y apoyo legal a las familias que buscan un nuevo estatus fuera de su país. 

“Nuestro objetivo es organizarnos como exiliados en Estados Unidos y denunciar la situación que se vive en México por la violencia y la supuesta guerra contra el narcotráfico. Hemos hecho giras en varias partes de Estados Unidos, hemos estado en diversas ciudades, como San Francisco, Los Ángeles, San Diego, Nebraska, Nueva York y Texas, en grupos o de manera individual. Lo que queremos es poner nuestro granito de arena desde acá para que las cosas cambien en México”, comenta Cipriana, defensora de derechos humanos desde hace más de dos décadas.

Comenta que buena parte de los exiliados son víctimas de las autoridades policiacas y militares mexicanas: “Tenemos un compañero al que la Policía Federal le cortó los dos pies porque no quiso pagarles la cuota. No quiso presentar la denuncia formal en México, pues cuando lo llevaron al hospital dijo que no había reconocido a quienes le hicieron esa atrocidad”. 

Cipriana refiere que la Corte de Justicia estadunidense está saturada de casos, algunos de los cuales pueden prosperar; lo que resulta imposible, dice, es ayudar a quienes denuncian las amenazas de las bandas del crimen organizado y de las tropas del Ejército Mexicano, más cuando los solicitantes de asilo son soldados.

No obstante, los 154 integrantes de Mexicanos en el Exilio, así como Cipriana y el abogado Spector, confían en ganar el juicio de asilo. “Fue el reconocimiento del gobierno de Estados Unidos de que las cosas en México están muy mal. Un asilo político es muy grave, por eso le caló tanto al gobierno mexicano”, asevera la activista.

*Tomado de la revista Proceso.

El infierno en San Felipe*

Tomado de Monosapiens, Hernández y Helguera.

Gloria Leticia Díaz

 

Asesinatos, hostigamiento a familias enteras, falsas acusaciones, golpes y torturas son cosa de todos los días para los habitantes de San Felipe, puerto de Baja California que padece a los soldados de la II Región Militar. En menos de un año los uniformados han ejecutado extrajudicialmente a dos vecinos sin que hasta la fecha se les haya castigado. Ante los fallos de la Suprema Corte de Justicia, en abono del acotamiento al fuero militar, Proceso inicia con este reportaje una serie de trabajos testimoniales sobre la brutalidad que ejercen miembros del Ejército mexicano al amparo de la guerra declarada por Felipe Calderón contra el narcotráfico.

 

SAN FELIPE, BC.- Enclave en el trasiego de drogas a Estados Unidos, este pequeño puerto de alrededor de 17 mil habitantes ha sido escenario de numerosos agravios de militares contra civiles. 

En el municipio de Mexicali y a orillas del Mar de Cortés, a 200 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, San Felipe es un pueblo de pescadores al que suelen llegar desde Sinaloa lanchas con cargamentos de enervantes. Desde que el Ejército fue metido en la guerra contra el narcotráfico, elementos de la II Región Militar resguardan la zona. Su presencia se percibe en este pequeño puerto desde que se cruza el retén construido como caseta de cobro en la carretera Mexicali-San Felipe. 

Los militares, sin identificación a la vista, revisan minuciosamente todos los vehículos. No hay criterios ni protocolos claros en la revisión: pueden tardar 10 minutos o hasta hora y media en hacerlo; o más si alguien protesta, cuentan quienes frecuentan el tramo carretero.

–¿Cuál es el motivo de la revisión? –pregunta Raúl Ramírez Baena, director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH), al soldado que le ordena apagar el motor, y a él y a la reportera que bajen del vehículo. 

–Es una revisión de rutina con motivo de la Ley de Armas y Explosivos –responde el uniformado con el fusil al hombro. 

–Los retenes son inconstitucionales y una ley secundaria no puede estar por encima de la Constitución –revira Ramírez Baena. 

–Es una orden del presidente de la República –insiste el soldado. 

–El presidente no puede estar por encima de la Constitución –le recuerda el defensor. 

–Es una orden del presidente y nosotros sólo obedecemos –alega el militar, que no proporciona su nombre “por seguridad” y está determinado a no dejar pasar al defensor y a la periodista sin revisar palmo a palmo el vehículo en el que viajan. 

Al salir del puerto la revisión se repite en tanto que otro militar –quien tampoco muestra nombre ni rango en el uniforme– anota las placas del automóvil y le exige a Ramírez Baena que diga su nombre, a lo que éste se niega.

 

En la indefensión

 

El de San Felipe es uno de los 42 puestos de control que tiene el Ejército en la II Región Militar, que comprende Baja California, Baja California Sur y Sonora y que comanda el general de división Alfonso Duarte Múgica, ascendido por Felipe Calderón el 19 de febrero de este año, pese a que contra él hay decenas de denuncias penales por torturas cometidas en instalaciones a su cargo (Proceso 1847). 

Extitular de la Procuraduría de Derechos Humanos de Baja California (PDH), Ramírez Baena dice a este semanario que “las violaciones a los derechos humanos derivadas de la militarización –la otra cara de la guerra contra el narcotráfico– empezaron en forma alarmante en 2009 en Tijuana; a partir del segundo semestre de 2010 y más en 2011 los abusos se desplazaron a Mexicali, Tecate, Ensenada e hicieron crisis en San Felipe”. 

De esta situación tienen conocimiento la PDH, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como organizaciones civiles nacionales e internacionales. 

“Pero el Ejército, y en particular Duarte, que tiene el control de la seguridad pública de los tres estados de la II Región, es bien visto mediáticamente; recientemente el general dio un informe de aseguramientos importantes en Baja California a partir de 2007: 72 mil millones de pesos, más de 2 millones de kilos de mariguana, casi 7 mil kilos de cristal, 500 mil kilos de heroína; pero sin el compromiso de respetar los derechos humanos”, afirma Ramírez Baena. 

En mayo pasado, recuerda, “de las 40 aplicaciones del Protocolo de Estambul (procedimiento para determinar tortura física y psicológica) que hizo la CNDH en todo el país, 20 fueron en Baja California”. 

Los bajacalifornianos están indefensos, sostiene Ramírez Baena, quien ha confirmado que “si el C-4 –que atiende llamadas de emergencia– recibe una denuncia por un allanamiento o por un cateo ilegal, por una detención arbitraria en la que esté involucrado el Ejército o haya presencia de vehículos militares u hombres encapuchados vestidos de negro, tiene instrucciones de no intervenir”. 

El tema de los derechos humanos no le preocupa a Duarte. El 27 de julio los medios locales reportaron que al salir de la reunión del Consejo Estatal de Seguridad Pública en Mexicali, el general dio respuesta a las cifras presentadas por la delegada de la CNDH en Tijuana, Gabriela Navarro, quien dos días antes había informado que en 2011 su oficina tuvo 117 quejas contra elementos castrenses y en los primeros siete meses de 2012 llevaba 103. 

“Son ínfimas las quejas que se tienen en comparación con la cantidad de operaciones, que son millones en estos cinco años, frente a 656 quejas de derechos humanos y seis recomendaciones (de la CNDH)”, declaró Duarte. 

Los pobladores de San Felipe se ven tensos. Las secuelas de la militarización traducidas en historias de abusos, tortura y muerte se cuentan en voz baja. En la conferencia del 27 de julio con medios locales,  Duarte dijo que hay 36 quejas en la CNDH contra sus soldados destacamentados en este puerto; muchas de ellas están relacionadas con detenciones por supuesta posesión de droga.

Las víctimas de abusos confían a la reportera que algunos adictos trabajan para los militares a cambio de dosis o dinero: señalan domicilios donde presuntamente venden enervantes. A ellos se les atribuyen las “llamadas anónimas” que llevan a la tropa a catear casas ilegalmente. 

Personas que han sido torturadas en el cuartel para que se acusen de vender drogas aseguran que mandos castrenses les ofrecieron protección si aceptan trabajar para ellos. 

“Si trabajas conmigo y vendes mi droga, nada te va a faltar; vas a tener carro, dinero y quitas del camino a quien quieras”, narra una fuente con base en lo que le dijo un teniente. Esta persona, que pidió el anonimato, fue detenida en su domicilio y entregada al Ministerio Público federal “cargada” de cristal, pero fue puesta en libertad al comprobarse su inocencia. 

Ramírez Baena apunta: “El Poder Judicial de la federación ya advirtió el juego del Ejército y desde 2011 las personas acusadas ilegalmente y torturadas son liberadas después de estar en prisión unos tres meses. Lo inconcebible es que el Ministerio Público federal, que conoce esta situación, consigne a las personas inocentes”.

 

Asesinato del “Yei”

 

La muerte del pescador Francisco Ismael Ortiz Bon, cuyo cuerpo fue hallado en una Hummer el pasado 17 de mayo, es el más reciente de los abusos militares en San Felipe. La indignación hizo que los habitantes del puerto se movilizaran el 19 de mayo, día en que aquél fue sepultado.

“Justicia. No somos perros” y “El Ejercito haora asecina. Que no es para cuidar” (sic) decían las pancartas que llevaron los dolientes la tarde en que enterraron a Francisco Ismael (sus amigos le decían El Yei) y que luego fueron colocadas en la reja de la casa de María Elena Iriqui, su viuda. 

La versión oficial –difundida por el encargado de la Subprocuraduría contra la Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de Justicia de Baja California, Miguel Ángel Guerrero Castro– señala que a las 2:30 de la mañana del 17 de mayo un convoy del Ejército detuvo a Ortiz Bon cuando éste trataba de huir por calles del puerto.

Según el parte militar retomado por Guerrero Castro, Ortiz Bon traía “153 envoltorios de ice, dos de heroína y cuatro de cristal”, y que al subirlo a la Hummer “sufrió una convulsión” y murió. El agente del Ministerio Público Ricardo Villarreal fue informado por los militares tres horas y media después de los hechos. 

María Elena Iriqui narra a Proceso lo que ocurrió: “Entre las dos y dos y media de la mañana llegaron los militares, tumbaron las puertas y cuando abrimos los ojos ya los teníamos encima; a mi domicilio entraron cuatro, pero afuera, en la calle, había más en una Hummer y en una Windstar gris; a punta de groserías se dirigieron a mi esposo: ‘¡Levántate hijo de tu puta madre!’ Lo sacaron de la cama en bóxers y calcetas”. 

La casa de María Elena tiene sólo dos cuartos: recámara y cocina. En ésta tres soldados golpearon al Yei con los fusiles. “Me pusieron a un militar como custodio, estaba mi niño de nueve años conmigo; los dos vimos cómo le pegaban a su papá, lo insultaban y le preguntaban por la droga y él decía que no sabía de qué le hablaban”. 

El militar al mando le gritó: “¡Así que para golpear policías eres muy bueno, hijo de tu pinche madre!” Y es que 20 días antes del allanamiento El Yei “no dejó que los municipales lo subieran a una patrulla”. 

Después de golpearlo durante 15 o 20 minutos, dice María, su marido fue sacado de su casa. A unos tres metros, desde la ventana de una cámper, su hija mayor, Perla, y sus nietos de cuatro y seis años atestiguaron las agresiones. 

De tres a siete de la mañana María preguntó por su marido en el cuartel y en la policía. Todo el tiempo se lo negaron. “Llorando suplicaba a los militares: ‘¡Díganme si está golpeado o detenido, qué les cuesta, no sean malos!’ Y me decían: ‘No está aquí, váyase tranquila’. Y yo les respondía que cómo me voy a ir tranquila si mi esposo está desaparecido”, recuerda. 

A mediodía llegó una hermana de Francisco Ismael y le informó que el pescador estaba muerto. El acta de defunción asienta como causa de muerte “asfixia por broncoaspiración”.

La viuda muestra fotografías del cadáver de su esposo, que al morir tenía 40 años. Pese al maquillaje que asegura le aplicaron en la funeraria, el rostro del hombre se ve deformado por los golpes; el torso y los brazos están llenos de hematomas, y en los dedos de los pies se ven unos puntos morados. “Me dicen que fue por los toques eléctricos”, confía María.

No era la primera vez que Francisco Ismael era agredido por los militares. “En tres ocasiones anteriores se metieron a la casa buscando droga; decían que era por llamadas anónimas y que cada vez que las hubiera, entrarían”. 

En octubre de 2011 su hija Perla Kristel Ortiz Iriqui interpuso una queja ante la CNDH, con el número CNDH/5/2011/9371. Tras el crimen, personal de la delegación de la CNDH acudió a recabar los testimonios de la familia Ortiz Iriqui. 

Por la muerte de Francisco Ismael, Perla y María fueron llamadas a declarar en las oficinas de la PGR en Mexicali, donde está integrada la averiguación previa AP/PGR/BC/73/2012-MU. 

En días recientes, dice la viuda, recibió la visita de la subprocuradora de Derechos Humanos de la delegación de la PGR, María García Alba Idañarte, quien le ofreció atención psicológica a ella y su familia. 

Además, sin recordar la fecha exacta, María cuenta que en julio fue visitada por un teniente y un coronel, cuyos nombres no recuerda, quienes se disculparon por la muerte de su marido y ofrecieron una “reparación del daño”, así como gestionar con el gobierno de Baja California becas para su hijo y uno de sus nietos. 

A más de tres meses de la muerte de su esposo, con quien vivió 25 años, María Elena Iriqui no tiene copia de la averiguación previa ni sabe si los responsables están siendo procesados.

 

La ejecución de Audelo

 

El 20 de agosto de 2011 los habitantes de San Felipe se enteraron de la ejecución de Guillermo Audelo Murrieta, soldador, pescador y mecánico. 

El caso fue remitido al fuero militar el 13 de septiembre de 2011 y desde noviembre de ese año, a solicitud de la CCDH, le da seguimiento el relator especial de las Naciones Unidas para Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, Christof Heyns. 

Entrevistadas por Proceso,  Nidia Sofía y Brenya Janeth Audelo Amador, hijas de la víctima, hacen un recuento de la complicada trama. 

Las jóvenes, de 23 y 22 años respectivamente, cuentan que su padre se confrontó con el cabo Pedro Guadalupe Pérez García, quien se negó a reconocer al hijo que tuvo con Nidia, su expareja; la confrontación fue después con el teniente Javier Luciano Aquino, quien empezó hostigando a la familia para apoyar al cabo y terminó acosando sexualmente a la esposa de Guillermo, Imelda Amador. 

El acoso militar empezó por las revisiones a Guillermo Audelo y a su automóvil al cruzar el retén; luego fue cada vez que pasaba frente a un vehículo militar en las calles de San Felipe; después vinieron los allanamientos a su casa y las de sus familiares; luego, la detención de sus hijos, a los que torturaron en el cuartel y una acusación de narcomenudista contra su esposa… y al final vino la muerte.

El 1 de mayo de 2011 Nidia interpuso una queja ante la PDH que fue remitida a la CNDH dos días después; el 30 de junio de ese año el organismo estatal pidió al nacional medidas cautelares para Nidia y su familia ante el hostigamiento constante. 

Además de Luciano Aquino, quien “la Sedena niega que exista”, Nidia identifica como responsable del acoso al teniente Gonzalo Varela del Rincón, apodado Malandro, Pega Duro y El Sapo. Afirma Nidia: “Es el que ha golpeado a toda la gente de San Felipe, es un psicópata; dicen que está en la cárcel, pero tenemos información de que sigue aquí en el cuartel”. 

La madrugada del 19 de agosto del año pasado Imelda Amador fue sacada de su domicilio por un piquete de militares, acusada de posesión de 13 envoltorios de ice; fue llevada a Tijuana y su proceso todavía sigue, aunque ella está libre bajo caución. 

La mañana siguiente Brenya se enteró de un supuesto enfrentamiento entre miembros del Ejército y presuntos narcotraficantes en el hotel Alborada, donde sabía que estaba hospedado Audelo Murrieta con los hermanos Julio César y Lorenzo Antonio Ruiz Lara, a quienes les reparaba una camioneta. 

Acudió al lugar y ahí supo que la única víctima era su padre. 

La versión oficial dice que los militares acudieron al hotel por una llamada anónima; que a las 5:30 llegaron al lugar, detuvieron a los hermanos Ruiz Lara con armas cortas y 38.3 gramos de cristal; que escondido bajo una de las camas estaba Guillermo Audelo, que atacó al cabo Marcelo Luna Contreras, quien lo había descubierto y quien accionó su arma “produciéndole al civil una herida mortal a la altura de la región infraclavicular derecha, misma que le provocó la muerte”.

Visitadores de la CNDH inspeccionaron el cuarto donde mataron a Guillermo Audelo y confirmaron que bajo la cama no cabe una persona de complexión regular, en tanto que en el acta de defunción se asentó como causa de muerte “herida penetrante de tórax producida por arma de fuego de alto calibre”. 

Con el apoyo de la CCDH y la CNDH Nidia pidió que se exhumara el cuerpo de su padre para practicarle una nueva necropsia. 

“La Procuraduría Militar que lleva el caso se negó, a pesar de que hay razones para pensar que mi papá no murió como ellos dicen, porque he investigado y su herida no era mortal, le dispararon por atrás y ni siquiera tocó el pulmón, sólo le rompió la clavícula derecha; el del Semefo de Mexicali (Francisco Acuña Campa) dijo que el balazo que le dieron había sido a menos de tres metros.” 

Las declaraciones de los hermanos Ruiz Lara rendidas ante el juez de su causa sostienen la sospecha de la familia Audelo Amador. 

En la declaración ante el juez federal –integrada en el expediente 355/2011-5– los hermanos Ruiz afirmaron que militares vestidos de civil y con pasamontañas sacaron a los tres (Julio César, Lorenzo Antonio y Guillermo) por la fuerza de las habitaciones 113 y 114 en las que descansaban; les amarraron las manos, los obligaron a hincarse y los encapucharon. 

“Los hermanos advirtieron que los militares metieron a Guillermo en un cuarto y escucharon sus lamentos. Los Ruiz Lara fueron sacados del hotel y escucharon una detonación antes de que el vehículo en el que los subieron arrancara.” 

Declararon que fueron torturados en el cuartel de San Felipe con descargas eléctricas y golpes en los costados y la cabeza. Los interrogaban sobre una persona apodada La Yegua y después los golpeaban para que sostuvieran la versión militar: que Audelo atacó a un soldado y éste repelió la agresión. 

Los Ruiz fueron absueltos días después por falta de pruebas, pero el hostigamiento militar no acabó. Julio César, Lorenzo Antonio y José Alonso Ruiz Lara fueron detenidos por militares en cinco, dos y tres ocasiones respectivamente, llevados al cuartel militar, torturados y consignados a juzgados de Distrito por posesión de drogas y armas. Cada vez fueron declarados inocentes por falta de pruebas y por las huellas de los abusos. Y nunca se ha procesado a los militares responsables. 

El 13 de noviembre de 2011 Jesús Manuel Moreno, hermano de Imelda Amador, murió quemado en la cámper en la que vivía. 

Ese mismo día, al domicilio de José Alonso Ruiz Lara llegó un anónimo singular: en una hoja estaban dibujadas tres cruces, una con el nombre de Guillermo Audelo, otra con el de Manuel Moreno y una más con el suyo. 

Este año fue detenido el actual esposo de Nidia, Miqueas Mendoza Romero; fue trasladado a la oficina de la PGR en Mexicali supuestamente por transportar seis dosis de cristal. “Vendí hasta la ropa de mis hijos para conseguir 6 mil pesos que me pidió el Ministerio Público para sacarlo, pero no me dio comprobante”. 

Apoyada por Ramírez Baena y el diputado perredista local Francisco Sánchez Corona, Nidia logró que en septiembre de 2011 el Congreso de Baja California exhortara a Felipe Calderón a investigar “las denuncias en contra del personal militar que sirve en la plaza del puerto de San Felipe, Baja California, por violaciones graves y reiteradas a los derechos humanos y la seguridad jurídica en contra de vecinos del citado puerto”; en específico, el caso de la muerte de Guillermo Audelo y los hostigamientos a su familia. 

Para Nidia el tormento no acaba. Cada vez que pasa por el retén militar ella y su vehículo son revisados exhaustivamente. “Una vez iba a Mexicali a una conferencia de prensa y me retuvieron hora y media; otra, iba a una audiencia al juzgado y fueron una hora y 20 minutos. Le pregunté a un soldado por qué tardaban tanto en revisarme y me dijo: ‘Levántate más temprano para que no se te haga tarde’”. 

(En la siguiente edición: El anciano “narco” muerto a golpes)

*Tomado de la revista Proceso.