La verdad vs. la mentira*

Tomados de La Jornada, Hernándezy El Fisgón y El Universal, Helioflores y Naranjo.

Sabina Berman 

1.- La verdad no es un fruto natural. No pende de una rama de la realidad en espera de que la desprendamos para llevárnosla a la boca. La verdad surge de un esfuerzo humano, un esfuerzo ardoroso, por apalabrar los hechos reales. La justicia es una hazaña aún superior, pero depende de la existencia de la verdad: es el proceso por el cual la verdad se contrasta con los ideales de convivencia de un grupo, sus leyes, para corregir los hechos y encauzarlos hacia lo deseable. 

2.- Es a los muchos a los que interesa el imperio de la verdad y de la justicia. Es a los pocos, los del poder, a los que les estorba. El poder es ceñido por los muchos a la verdad y la justicia precisamente para limitarlo. El siglo XX, el siglo del PRI, fue un siglo del enmascaramiento de la verdad por una retórica ideal: la dictadura de partido apalabrada en el lenguaje de una democracia fingida. 

3.- La Historia es la mejor dramaturga. Organiza lo que no tenía forma previa, de ahí su carácter siempre sorprendente. ¿Quién hubiese imaginado en el año 2000 que la cultura priista resucitaría en la forma de un joven gobernador del Estado de México, heredero intelectual del profesor Hank González, el funcionario eficacísimo de la dictablanda del siglo pasado? Menos previsible todavía: el largo esfuerzo de la sociedad civil mexicana por rebasar la cultura priista encarna en un movimiento de estudiantes de las clases medias, el Yo Soy 132. Tampoco adivinable: la nueva confrontación se presenta en la próvida figura de un juicio público. 

4.- He ahí el abogado acusador, el líder de la Izquierda, Andrés Manuel López Obrador. He ahí al acusado, el líder del priismo, Enrique Peña Nieto. He allá a los jueces, los magistrados del Tribunal Federal Electoral. Helos más cerca, a los jóvenes del Yo Soy 132 recabando pruebas de cargo y apalabrando nuestra inocencia, lo aún no estropeado por el miedo y la avaricia: En este juicio nada será satisfactorio si no es una justicia elocuente. 

5.- Hay que decirlo de arranque. La narrativa del abogado acusador parece excesiva. Plantea un complot de las elites del país para imponer a Peña Nieto. Un plan mercadotécnico diseñado y ejecutado por la televisora que alcanza a 98% de los ciudadanos. Un rebase de topes de gastos electorales en medidas fabulosas. La colusión de las casas encuestadoras. Y por fin, la compra de (hay que tomar aire al decirlo) 5 millones de votos, la décima parte de los votos emitidos.

Pero esa es la función del abogado acusador, una narrativa excesiva. Es deseable que en el juicio los magistrados aclaren cuáles de sus trozos son falsos, cuáles incomprobables, cuáles ciertos pero no delictivos, cuáles delictivos a secas. 

6.- El PRI en un principio replicó como el PRI de antaño, con su vieja retórica ideal, la enunciación de lo que debiera ser en lugar de lo que es, y nos ha pedido creer lo increíble: ni un solo voto se compró, el tope de gastos no se rebasó, la aparición epidémica de Peña Nieto en noticiarios durante cinco años, en actos irrelevantes para el interés público (visita al Papa, festival del padre en Toluca, discurso en Davos, etcétera) no la vimos porque no ocurrió.

El juicio que viene lo obligará a reconocer que el realismo mágico es un estilo narrativo que la sociedad civil ha trascendido. También acusará a la Izquierda de mentiras y delitos. Enhorabuena, este debiera ser un juicio de la verdad contra la mentira. 

7.- Lo he escrito en Tuiter. “Este debiera ser un juicio de la verdad contra la mentira”. Recibo réplicas instantáneas. “¿Lo entenderán así los jueces de TEPJF?” “¿Estarán a la altura los jueces?” “¿Transarán con el PRI o no transarán?” Los jueces son la cifra aleatoria en este juicio. ¿Sabrán convertir esta oportunidad en un hito, realizando un juicio eficaz, comprensible y muy público?

Muy público: televisado en el Canal del Congreso. Comprensible: que no se enrede en términos opacos. Eficaz: que conduzca a las sanciones previstas en la ley. 

8.- En el interés de Enrique Peña Nieto estaría lo propio. Un juicio que de entrada vuelva creíble su declarada adhesión al futuro, no al pasado. 

9.- Pero no somos Inglaterra, una democracia madura. Pero AMLO debía retirarse, su caducidad es probada porque atrajo a la Izquierda el mayor número de votos en la historia. Pero 50 millones de votantes deben celebrarse, aunque 5 millones estén en duda. Pero los jóvenes del Yo Soy 132 son ingenuos y a la vez malévolos. Pero Peña Nieto es incapaz de ajustarse al momento histórico.

Pero esto y pero aquello: sorprende el vocerío de los opinadores profesionales, no de todos, de casi todos, llamándonos a los ciudadanos a la resignación, esa melancolía reaccionaria, a la sumisión al más fuerte, ese reflejo del pasado, en tanto las redes sociales ocupan el lugar donde se fragua el pensamiento colectivo. 

*Tomado de la revista Proceso.

Operación trasatlántica*

Tomado de La Jornada, Hernández y El Universal, Helioflores y Naranjo.

Finalmente José Luis Ponce de Aquino fue tomado en serio por las autoridades electorales en el caso de la compra masiva de votos por parte del PRI y el presunto financiamiento ilegal de la campaña peñista… O al menos eso parece por lo pronto. El empresario estadunidense que demandó en una Corte de California al equipo de Enrique Peña Nieto, presuntamente por incumplimiento de un pago millonario, lanza acusaciones más graves, que documenta ahora Proceso. Según él, la maraña de maniobras financieras para alimentar la campaña priista tiene alcance internacional, así como probables nexos con el crimen organizado.

Desde México pero con ramificaciones en otros países, varios políticos y empresarios echaron a andar una compleja operación financiera a fin de triangular recursos millonarios y comprar la Presidencia de la República en favor de Enrique Peña Nieto. En esta compleja operación hay además indicios de lavado de dinero.

Datos en poder de Proceso indican que se trata de una operación financiera con alcances en España, Italia, Israel y Estados Unidos, donde se triangularon los recursos que finalmente fueron depositados en Banca Monex para ser usados por el PRI en la campaña de Peña Nieto.

En este entramado salen a relucir los nombres de personajes ligados al candidato presidencial del PRI y de las empresas GAP, HIGA, Jiramos y GM Global, así como de los bancos Monex y Mifel.

El esquema es similar al de las operaciones de lavado de dinero del crimen organizado, sostiene el diputado petista Jaime Cárdenas, cabeza del equipo jurídico de la coalición Movimiento Progresista y quien siendo consejero del Instituto Federal Electoral (IFE) participó en la investigación del caso Amigos de Fox, donde se triangularon millones de pesos del extranjero para la campaña del candidato presidencial panista en 2000.

La investigación pendiente

La Unidad de Fiscalización del IFE ya tiene una línea de investigación que apunta hacia la localización de dinero presumiblemente transferido desde el exterior. Así está considerado en su informe sobre el avance de las investigaciones derivadas de las quejas que por separado hicieron el PRD y el PAN contra el PRI por la presunta compra de votos a través de las tarjetas Monex Recompensas, usadas también para pagar a delegados y representantes de casilla.

Entre las líneas de investigación incluidas en el expediente Q-UFRPP 58/12 de dicha Unidad a cargo de Alfredo Cristalinas Kaulitz, en lo referente al cuarto punto –establecimiento del uso y vinculación de las tarjetas Monex con el proceso electoral– se prevé investigar desde cuáles países se dispusieron los recursos y las empresas relacionadas con los partidos políticos para el fondeo y uso de dichas tarjetas.

En la ruta de indagación –hecha pública en la sesión del jueves 26– en primer lugar está la identificación de las modalidades de fondeo y uso de las tarjetas. En segundo, la determinación de las erogaciones realizadas en cada una de las tarjetas de todos los lotes y aquí es donde se señala que verían la fecha de las operaciones, su monto y la ciudad y país de disposición de los recursos.

Además se investigará la relación de las personas físicas “representaciones legales, socios accionistas, apoderados, empleados de las personas morales, entre otros”, con los partidos políticos.

Es aquí donde la Unidad de Fiscalización busca la hebra para desentrañar la compleja estrategia financiera de millones de dólares para la campaña de Enrique Peña Nieto, que el pasado 14 de junio reveló el empresario estadunidense de origen mexicano José Luis Ponce de Aquino, propietario de la empresa televisiva Frontera Televisión Network LLP.

En una denuncia interpuesta en Estados Unidos, Ponce de Aquino dijo que en octubre del año pasado operadores de Enrique Peña Nieto le ofrecieron un contrato de 56 millones de dólares a cambio de promover en ese país al candidato presidencial del PRI el tiempo en que durara la campaña en México.

El empresario afirmó que le constaba haber visto que esa cantidad de dinero fue depositada por los representantes del candidato presidencial del PRI en Banco Monex y Banca Mifel en un solo día.

No sólo eso sino que dijo haber atestiguado la transferencia bancaria de supuestas cuentas con dinero de procedencia desconocida, radicadas en bancos de Italia, Israel “y otro portugués o brasileño” a una cuenta en la sucursal de Banca Monex en la Ciudad de México a nombre de la empresa Jiramos, propiedad de Alejandro Carrillo Garza Sada, quien lo contactó para hacer la campaña publicitaria del priista en Estados Unidos.

En la demanda interpuesta en la Corte de Distrito Central de California por fraude, luego de que presuntamente los representantes de Peña Nieto incumplieron el pago para hacer circular los 56 millones de dólares en depósitos realizados en Monex y Mifel, el empresario dice algo más grave: sospecha que pudiera haber dinero del crimen organizado en esas transacciones.

En el expediente de la Unidad de Fiscalización del IFE se señala al respecto: “Que el C. José Luis Ponce de Aquino afirma haber recibido amenazas de muerte de los C. José Carrillo Chontkowsky y Alfredo Carrillo Chontkowsky, así como de Hugo Vigues, quienes le advirtieron que los 56 millones de dólares que iba a recibir por una campaña de imagen en Estados Unidos para el aspirante priista ‘procedían de empresas relacionadas con el narco’, y que el empresario Alejandro Carrillo Garza Sada le advirtió: ‘Más vale que no haga nada porque hasta le voy a prohibir que entre a México y le voy a quitar su empresa’, esto último por conducto de su representante, el C. Francisco Torres”.

Al denunciar públicamente esta historia, Ponce de Aquino hizo que el Movimiento Progresista y el PAN interpusieran por separado sendas quejas ante el IFE contra el PRI por presunto manejo de recursos “de procedencia desconocida” y que las autoridades financieras comenzaran a buscar el país de origen y la ruta de esos 56 millones de dólares que el empresario asegura que fueron depositados en Monex y Mifel y sirvieron para la campaña de Peña Nieto.

Camerino Eleazar Márquez, representante del PRD ante el IFE, sostiene que la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como la Unidad de Fiscalización del instituto, ya deben tener los datos duros y concretos de estas transferencias y los números de cuentas, montos, flujo financiero y dispersión de los recursos.

El pasado 19 de junio el perredista hizo una petición a la Unidad de Fiscalización para que se le informara de los avances de la investigación sobre este caso. Alfredo Cristalinas respondió en el oficio UF/DRN/7194/2012 que esa información estaba reservada hasta concluir las indagatorias.

“No hay manera de poder ocultar el escándalo de los recursos que triangularon en Monex. Es evidente que el sistema financiero no es exclusivo para México, estamos en una época en la que todo está interactuando; vimos en el caso del banco HSBC que fueron instancias externas las que detectaron el lavado de dinero. Además hay antecedentes de averiguaciones previas de lavado de dinero en Monex producto del trasiego de la droga en España y otros países de Europa. Esto obra en expedientes y por lo tanto sería una línea de investigación que las autoridades deben investigar”, sostiene el perredista.

Monex tiene una larga historia en el lavado de dinero. Según la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/284/2004 –que se abrió en 2003, cuando fueron detenidos dos operadores financieros de los Arellano Félix–, este grupo lavó 3.8 millones de dólares en Monex Divisas entre 2000 y 2002.

En esa misma averiguación se indica que la policía española encontró en 2006 que el Cártel del Valle del Norte de Colombia uso Monex Casa de Bolsa, Monex Divisa e Intercam Casa de Cambio –todas radicadas en México– para lavar 78 millones de euros. En 2007 las mismas autoridades españolas notificaron a las mexicanas que Zhenli Ye Gon también usó Monex para hacer transferencias. Y en 2008 el cártel de los Beltrán Leyva también usó ese banco para transferir 78 millones de euros.

En una línea de investigación más reciente, las autoridades de Estados Unidos encontraron que Fernando Castro Martínez, presunto prestanombres del exgobernador tamaulipeco Tomás Yarrington, realizó transferencias por 7.2 millones de dólares a distintas entidades financieras, Monex incluida.

Jaime Cárdenas advierte que es muy importante que se investiguen las declaraciones de Ponce de Aquino y los depósitos millonarios en Monex.

“Sabemos que se hicieron depósitos en Estados Unidos e Italia. Las autoridades tienen que investigar a fondo porque se tipifica el lavado de dinero. El objetivo de toda esta triangulación internacional es precisamente ocultar el origen del dinero; eso es lo que se tiene que investigar porque el PRI sabía que no le alcanzaría el dinero que le dio el IFE y buscó financiar a Peña Nieto con dinero de otras partes.”

El abogado recuerda que ya existen los tratados de Palermo sobre lavado de dinero que firmó México y a través de los cuales se puede solicitar información de transacciones bancarias en otros países. Así se actuó en el IFE cuando se investigó el dinero proveniente de Estados Unidos para la campaña de Vicente Fox.

“Esto se tipifica como lavado de dinero, como lo hace el crimen organizado. Las declaraciones del señor Ponce de Aquino muestran una parte de cómo el PRI se hizo de recursos que aún no se sabe de dónde provienen, si es de los gobernadores, de empresarios o incluso del crimen organizado.”

Los amigos de Peña Nieto

Entre los personajes centrales de la trama financiera que presumiblemente actuaron para hacer llegar recursos a la campaña de Peña Nieto está Armando Hinojosa Cantú, dueño del grupo HIGA que proporciona trabajos de construcción, mezcla de asfalto y mantenimiento de señalamientos viales. El empresario tamaulipeco es también dueño de la empresa de aviones Eolo, la que utilizó Peña Nieto durante su campaña.

HIGA fue una de las más beneficiadas en la administración de Peña Nieto en el Estado de México: construyó hospitales como el de Zumpango, por un monto de 7 mil millones de pesos; carreteras y las instalaciones de la Universidad Autónoma del Estado de México.

Hinojosa, la transnacional española OHL –que dirige en México José Andrés de Oteyza, secretario de Patrimonio y Fomento Industrial en el sexenio de José López Portillo y director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares en el de Carlos Salinas de Gortari– y el Grupo de Abogacía Profesional (GAP) –encabezado hace décadas por Gabino Fraga Mouret, a quien se acusa de mover dinero en Monex a favor del PRI hasta por 91 millones de pesos– se asociaron en la construcción del aeropuerto de Toluca, el segundo en importancia del país y que costó mil 100 millones de pesos.

Gabino Fraga fue coordinador regional de compromisos de campaña del PRI y trabaja en el mismo despacho de la importadora de vinos Efra, que aparece en 22 contratos de Monex.

Esas tres empresas –OHL, HIGA y GAP– fueron unas de las más favorecidas con contratos por el gobierno de Enrique Peña Nieto en el Estado de México.

OHL inició en 2003 la millonaria obra del Circuito Exterior Mexiquense que aun hoy sigue en construcción, con un presupuesto de 22 mil 402 millones de pesos; en 2008 Peña Nieto le concesionó el llamado Viaducto Bicentenario, con un costo de 3 mil 923 millones de pesos.

Pero la participación de OHL no fue casual; en su consejo de administración figura como consejero propietario Emilio Lozoya Austin, quien ocupó la Coordinación de Vinculación Internacional durante la campaña de Enrique Peña Nieto y es familiar de Emilio Lozoya Thalmann, secretario de Energía, Minas e Industria Paraestatal en el gobierno de Salinas de Gortari.

GAP participó en la segunda fase de la construcción del Circuito Exterior Mexiquense, en la autopista México-Querétaro y en el Proyecto del Tren Suburbano La Paz-Texcoco-La Paz. En 2009 también intervino en la consolidación del polígono de 700 hectáreas para la proyectada construcción de una refinería en Hidalgo, estado gobernado entonces por Miguel Osorio Chong, uno de los hombres más cercanos a Enrique Peña Nieto.

Según la información proporcionada a Proceso por gente cercana a la campaña peñista y que pidió el anonimato, de las concesiones logradas los amigos y empleados de Peña Nieto –como Hinojosa, Fraga y Lozoya– integraron un fondo financiero para la campaña presidencial, que presuntamente también fue alimentado con recursos de los gobiernos de Yucatán, Veracruz y Zacatecas, entre otros, como lo denunció Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la campaña de Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con esas fuentes, una vez obtenidos los recursos Marcos Fastlicht Sackler, suegro de Emilio Azcárraga Jean y quien desde 2005 promovió la imagen de Peña Nieto en Televisa, sugirió como el indicado para poner en marcha la estrategia financiera al empresario textilero y abogado Alfredo Carrillo Chontkowsky, viejo amigo del matrimonio Peña Nieto-Mónica Pretelini.

La familia Chontkowsky está ligada a la cúpula de poder en el Estado de México. Según el Registro Público de la Propiedad, tiene al menos siete empresas con distintas razones sociales dedicadas a negocios de alta tecnología, inmobiliarios, de asesoría legal y financiera, de contabilidad y administración, de importación y comercialización de diversos productos para la industria y para los tres niveles de gobierno. Además, residencias y departamentos en las zonas más lujosas de la entidad.

Su destacada presencia hizo que uno de sus integrantes fuese víctima del cártel de los Beltrán Leyva. “Al iniciar 2005 fue asesinado Simón Carrillo Chontkowsky, pieza clave de Peña Nieto, cuyo hermano Alfredo influyó para acercar a Peña Nieto con Televisa y afianzar sus planes con miras a los comicios de 2012”. (Proceso 1664.)

Fastlicht y Carrillo Chontkowsky forman parte del Consejo de Participación Ciudadana de la Procuraduría General de la República, donde han ocupado los principales cargos, al igual que Alfredo Mafud, obispo de la Iglesia Ortodoxa; Antonio Chedraui Mafud y Alejandro Puente, este último presidente de la Cámara de Cableros, de la que 80% es de Televisa.

Carrillo Chontkowsky, su hermana Susana y Juan Rivero Legarreta crearon en noviembre de 2001 la empresa Carrillo Chontkowsky, Rivero y Asociados, especializada en servicios legales, de contabilidad, administrativos, de asesoría financiera y fiscal. El nombre de Juan Rivero Legarreta coincide con el del abogado de Mauricio y Pablo Madero O’Brien, socios de Carlos Cabal Peniche y Xavier Desiderio Autrey, acusado de fraude.

Es importante destacar que el vínculo de Alfredo Carrillo Chontkowsky con los 56 millones de dólares que entregaría el PRI a José Luis Ponce de Aquino por la promoción de imagen de Peña Nieto, se evidencia con la participación de su tío José y de su hijo, Alejandro Carrillo Garza Sada, dueño de la empresa Jiramos SA, la que firmó el contrato con Ponce de Aquino.

Según el empresario mexicano-estadunidense, Carrillo Garza Sada lo contactó para publicitar la imagen de Peña Nieto; en octubre de 2011 en el restaurante Café de la O presentó su proyecto publicitario ante el propio Carrillo Garza Sada, el padre de éste, Alfredo Carrillo Chontkwosky, y su tío José. Un mes después, sostiene Ponce de Aquino, firmó el contrato con las empresas Jiramos y GM Global de México.

Jiramos es propiedad de Carrillo Garza Sada, y GM Global, de Mario Ignacio Morán Jiménez.

Según información proporcionada a los reporteros, Carrillo Chontkowsky fue quien pidió a Gisel Morán Jiménez, propietaria de cuatro empresas de publicidad, que estableciera contacto con Ponce de Aquino.

Gisel Morán es propietaria de las revistas Life Style y Real Estate Market y en 2008 tuvo del gobierno de Peña Nieto la adjudicación directa de una inserción promocional del polémico Resplandor Teotihuacano, evento criticado por alterar los restos arqueológicos. Es hermana de Mario Ignacio, quien aparece como propietario de GM Global.

En su declaración pública, Ponce de Aquino precisa que luego de que Roberto Calleja, secretario de comunicación del CEN del PRI, testificó la firma del contrato, el vocero de Peña Nieto, David López, rectificó y pidió un cambio de empresas.

Así en lugar de aparecer Frontera Television Networks, Ponce de Aquino formó otra llamada Intelimedia en México, y de parte de los Carrillo cambiaron a Jiramos y GM Global por el Consejo de Porcicultores Mexicanos A.C., y Servicios Integrales al Sector Agropecuario, S.C.

Pero los 56 millones de dólares prometidos nunca llegaron a las manos de Ponce de Aquino, quien ante la negativa decidió interponer en Estados Unidos una demanda por incumplimiento de contrato.

Antes intentó vanamente recuperar sus contratos. Cuando ya había arrancado la campaña de Peña Nieto, en abril de 2012 Carrillo Garza Sada lo citó en el hotel Intercontinental de la Ciudad de México, advirtiéndole que ya no podría regresar sus documentos pues “habían sido ingresados para justificar la salida de recursos del gobierno del Edomex y empresas que contribuyeron a la campaña electoral de Enrique Peña Nieto”.

Lo anterior significaría que al final el contrato de Ponce de Aquino sirvió para lo que buscaban los peñistas: justificar la salida de dinero del Estado de México para cubrir gastos facturados a empresas que luego triangularon el recurso a la campaña.

Jaime Cárdenas señala que esta triangulación se hizo precisamente para ocultar una parte del origen ilegal de recursos hacia la campaña de Peña Nieto: el que salió de las arcas del Estado de México y posiblemente del crimen organizado.

*Tomado de la revista Proceso.

“La Presidencia no se compra”: La megamarcha*

Tomados de La Jornada, Hernández, Helguera y El Fisgón y El Universal, Helioflores y Naranjo.

Jenaro Villamil 

MÉXICO, D.F. (apro).- Han transcurrido tres semanas de los comicios presidenciales del 1 de julio, y el malestar ciudadano por el resultado, el proceso poselectoral y las trampas y delitos que afloran no ha disminuido. La batalla cívica se enfrenta a la batalla jurídica. La insurrección moral contra el discurso de “nada se puede comprobar” y nada se puede invalidar. 

Por más que exista una operación mediática para minimizar el impacto de las movilizaciones, para inducir ahora la “infiltración” del movimiento #YoSoy132 o para revivir a Diego Fernández de Cevallos –primera plana en Milenio Diario y sus noticiarios–, para atacar a López Obrador por “violento”, la realidad es que las movilizaciones se gestan de manera intensa y desde redes horizontales difíciles de romper con el discurso oficial o desde un aparato de opinión pública, herido de muerte en su credibilidad. 

He aquí una selección de estampas e imágenes, a manera de una crónica de la tercera megamarcha “contra la imposición” y antiPeña Nieto que se registró en la Ciudad de México, y las réplicas en otras 30 ciudades del país.

No a la Imposición 

Una palabra se distingue entre las mantas más grandes de los contingentes variopintos que llegan desde Los Pinos al Ángel y marchan sobre la avenida Reforma hasta el Zócalo capitalino: “No a la Imposición”. 

Imposición es una palabra fuerte, que se contrapone al de “elección” y se emparenta con el fraude. 

En el rechazo a la imposición aún se deja abierta una rendija para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación realice su trabajo. Pero no hay ilusiones. La mayoría de los más de 80 mil manifestantes de la Ciudad de México intuye que todo el aparato institucional va hacia la Imposición. 

Un hombre disfrazado de orangután sintetiza así su mensaje al tribunal: “No te vendas como el IFE”. Una combi, adornada con corcholatas de refrescos, en colores vivos y llamativos, se transforma en una instalación rodante en contra de la imposición. Los colectivos de Morena Cultura, Arte por la Izquierda y muchos otros también tienen un reclamo en común: “No a la Imposición”. 

La ironía que simboliza la molestia 

Esta es la marcha de las máscaras, de los disfraces, de los miles de pancartas y cientos de consignas que cargan sus baterías en contra del discurso cerrado, hermético, burocrático de las elecciones “limpias y transparentes”. 

Nunca como en ésta, hay una explosión de creativdad, de ingenio e ironía. Los símbolos del fraude están en todas partes. Hay una “instalación” en una de las calles laterales de avenida Reforma para ilustrar cómo “lavaron” el dinero y las elecciones: la tienda Soriana se vuelve un símbolo del fraude. 

Un grabado espectacular, con un charro triste, con rostro de muerte, es un mensaje brutal de la decepción que grita por las calles: “¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña!” y “México, sin PRI, México, sin PRI”. 

De nuevo Televisa funde su logotipo con el copete y la palabra “fraude” en cientos de carteles. Un hombre disfrazado de militar nazi, con una pancarta roja, desde la escalinata del Ángel de la Independencia, ilustra cómo los medios alineados a Peña Nieto crean un consenso goebbeliano.

Al lado está un hombre disfrazado de Benito Juárez, portando un lábaro patrio, mirando impasible los contingentes que vienen desde Los Pinos. 

Y una pareja se disfraza de Enrique Peña Nieto y de Angélica Rivera para sintetizar el “verdadero matrimonio del fraude”: el PRI y Televisa. 

Vuelven las máscaras de Salinas, casi en el mismo número que las de Peña Nieto. Y a Calderón sólo lo mencionan como “traidor” o “cómplice” del fraude. 

Mensajes Internacionales 

Buena parte de los asistentes ya no sólo le habla a los medios de comunicación mexicanos. Pancartas en inglés, francés, alemán y hasta en ruso lanzan sus mensajes a una prensa internacional que para muchos es el último reducto de exhibición del fraude que se ha gestado.

Dos jóvenes con máscaras, sobre la avenida Juárez, portan un cartel informativo. Es un mensaje del colectivo Anonymous a todo el mundo. Otros se dirigen a Barack Obama y muchos hacia las embajadas que han dado su reconocimiento a Peña Nieto sin haber terminado el proceso de calificación electoral. 

Incluso, el colectivo Arte por la Izquierda marcha con unos aros olímpicos. Es un mensaje hacia Londres, sede de la próxima Olimpiada, la próxima pasarela mediática donde habrá resonancia de la crisis poselectoral mexicana. 

“La Presidencia no se compra” 

Junto con la palabra “imposición”, ríos de ciudadanos tienen otra certeza: “compraron la elección” a través de todos los recursos monetarios, mediáticos e institucionales. ¿Cómo los puede convencer el discurso burocrático del IFE, rebautizado desde hace dos marchas como el Instituto del Fraude Electoral? 

“PRI, podrás comprar la cama, no el sueño”, reza una pancarta. 

“Un país de ovejas, engendra un país de lobos”, advierte otro cartel. 

“¿Quién va a pagar los platos rotos de las elecciones sucias del PRIAN? Yo no”. 

“La Presidencia no se compra. No a la Imposición”, se lee en la manta más grande que marcha con los contingentes variopintos. 

#YoSoy132 más allá 

En una silla de ruedas, una mujer elegante, vestida de un verde esperanza, sintetiza en la glorieta del Ángel su sentir y el de miles: 

“#YoSoy132. Es la sangre nueva que anhela un México mejor”. 

El #YoSoy132 es una identidad, una consigna y un símbolo en sí mismo. Y no se limita al colectivo universitario que surgió hace 80 días. No se deja amedrentar por los mensajes nada velados e intimidatorios: “El #YoSoy132 ha perdido su pureza, ha sido infiltrado”. 

¿Quién infiltró el #YoSoy132? Para el discurso del poder, son “los violentos”: los de Atenco, los de la APPO, los ultras, los radicales, el SME, los machetes, los pasamontañas. Es la típica maniobra provocadora: el violento acusa a los adversarios para justificar las medidas de fuerza. 

Aquí nadie habla de violencia armada. Aquí se reclama la anulación o invalidación de unos comicios. 

Aquí no han entendido que la lucha cívica contra el fraude es una batalla cultural ganada por una sociedad movilizada. ¿Dónde están las otras voces? ¿Los que hablan de un triunfo “impecable”? Agazapados, algunos porros, revestidos de legisladores, atacan en redes sociales. Y otros, como en Oaxaca, justifican la violencia. 

La marcha en 25 ciudades 

“El país no es como el Distrito Federal”, solía decir el dirigente nacional del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, para minimizar las protestas. Todo se trata de una “conjura capitalina”. 

Y por tercera vez se observó que no es cierto. La marcha más grande transcurre en el Distrito Federal, pero en forma simultánea en otras 25 ciudades salen a protestar en contra de la “imposición” de Peña Nieto. 

En Monterrey, ciudad castigada por la violencia y el calor, vuelven a salir decenas de colectivos de la Plaza del Colegio Civil a la Explanada de los Héroes. 

En Guadalajara marchan con máscaras de cochinos. Y en Toluca, el epicentro del poder peñista, también demuestran que no serán acallados. Lo mismo en Torreón, Tijuana, Pachuca, Mérida, Cancún, Puebla, Veracruz, Xalapa, San Cristóbal de las Casas y hasta el puerto eternamente priista de Campeche. 

En Oaxaca y León detienen a cerca de 30 jóvenes integrantes del #YoSoy132. En esa entidad aprehenden a David Venegas, el Alebrije, integrante de la organización Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad, el mismo colectivo que coreó consignas contra Peña Nieto, en su desafortunado mitin en la Plaza de Armas de la capital oaxaqueña. 

En León, siete integrantes del movimiento también fueron detenidos por policías municipales. 

“Quieren romper la primavera mexicana”, dice uno de los manifestantes oaxaqueños. Quieren teñir de violencia lo que es una insurgencia cívica contra un fraude que no termina de documentarse. 

*Tomado de la revista Proceso.

“Acorralar” a las instituciones, la ruta juvenil*

Tomado de La Jornada, Helguera.

Jesusa Cervantes

MÉXICO, D.F. (apro).- Demasiadas pruebas, indicios, documentos y registro de eventos tienen en su poder el IFE, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Secretaría de Hacienda (SHCP) y Procuraduría General de la República (PGR) que confirman la existencia de “lavado” de dinero en la campaña presidencial del priista Enrique Peña Nieto. 

La operación, planeada con sumo cuidado por lo menos desde hace cinco años, hoy empieza a brotar por doquier. Personajes, como por ejemplo, “respetados” empresarios nacionales o de ascendencia extranjera, políticos, banqueros, exgobernadores y ejecutivos estatales en activo aparecen en la obtención, triangulación y distribución de recursos de procedencia ilícita. Es decir, lavado de dinero. 

Hay que entender que el “lavado” de dinero no es sólo el que proviene del narcotráfico, pues existen 21 delitos más que se enmarcan en esta ilegalidad. 

Para llevar a cabo esa actividad ilegal se requieren expertos financieros, contactos en bancos, amigos que estén dispuestos a prestar o constituir sus empresas para triangular el dinero. Y eso fue lo que sucedió en la campaña de Peña Nieto, según documentos expuestos ante la opinión pública. 

De la compra y coacción del voto todos los mexicanos hemos tenido noticias y pruebas. Algunos lo creen, otros no. Para clarificar el caso están las autoridades: PGR, Hacienda e Instituto Federal Electoral (IFE), quienes son los primeros en tener conocimiento o al menos indicios de que en algún momento se empieza a gestar el “lavado” de dinero. 

Sin embargo, para que las autoridades en México hagan su trabajo primero deben tener amor por su país, convicciones, la búsqueda del servicio a la sociedad y hacer a un lado intereses personales.

Pero la verdad es que eso no ocurre en su totalidad y en México no hay respeto a la ley. 

La afirmación se hace porque se vive a diario. Porque desde que arrancó la campaña presidencial, y aun desde antes, se ha palpado y visto el abuso y la corrupción en que se incurrió para ubicar a Peña Nieto como el candidato del PRI y luego como el “candidato ganador”. 

El IFE no cumplió su tarea durante la campaña y tampoco la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales (Fepade) lo hizo durante la jornada electoral; aún hoy, los funcionarios de ambas instituciones no han mostrado entereza, honradez y respeto por la ley. 

No han hecho nada que valga la pena, nada que avale lo que la gente vio y vivió: una elección comprada, un rebase de topes de campaña, una complicidad de los medios de información, un desdén hacia su país. 

Incluso los políticos de “oposición” al viejo régimen terminaron sumándose por unos cuantos pesos a Peña Nieto. Los políticos comprados y las instituciones miopes, que operan con una lentitud cómplice. 

Hay datos que revelan el porqué, a pesar de todas las pruebas expuestas, el IFE no actúa. Uno: el encargado de fiscalizar a los partidos políticos, de investigar las denuncias contra Peña Nieto, es el joven Alfredo Cristalinas Kaulitz, quien viene del Sistema de Administración Tributaria (SAT) de Hacienda, y laboró ahí desde 1999 hasta 2009, año en que arribó al IFE. 

Pues bien, su jefe en el SAT fue nada menos que Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, actual titular del SAT y quien desde el 5 de julio de 2008 está en el cargo. 

Sólo hay que recordar que Gutiérrez Ortiz Mena es sobrino nieto del exsecretario de Hacienda priista, Antonio Ortiz Mena; no por ello debiera ser proclive a ese partido, sin embargo, hace un año dio muestras de que gusta de la cercanía de ellos y de ofrecerles información.

Para sustentar lo anterior, basta recordar la reunión que mandatarios y legisladores del PRI sostuvieron en la Hacienda Los Morales el 13 de junio de 2011 para discutir los embates del panismo y la existencia de “expedientes negros contra gobernadores y exgobernadores priistas”. 

Para aclarar el tema, servicialmente el titular del SAT, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, acudió al encuentro para darles santo y seña de los ya famosos expedientes.

Se esperaba la llegada de la procuradora general de la República, Marisela Morales, pero ésta se disculpó, pues otro afán la traía preocupada: la cercana liberación del también priista Jorge Hank Rhon. 

La celeridad con que algunas autoridades actúan a petición de los priistas es hoy más que evidente. Un dato más, en la SHCP, que es la responsable de la Unidad de Investigación Financiera y especializada en detectar lavado de dinero, no ha actuado en este caso. 

Cierto es que en un inicio, cuando apareció el mexicano-estadunidense José Luis Ponce de Aquino y denunció que el PRI le quedó mal al incumplir un contrato por 56 millones de dólares para promocionar la figura de Peña Nieto, abrió una indagatoria. 

Después del 15 de junio pasado, Hacienda detectó la ruta del dinero ilegal, de dónde salió y cómo se distribuyó; sin embargo, así como la inició así determinó darle carpetazo. 

La orden no se sabe de dónde llegó pero se presupone su origen. 

Del TEPJF, pues ya hasta da pena, al igual que de los consejeros del IFE por su predisposición a justificar todo acto priista y no sancionar. De ello dio cuenta el reportero de Proceso Jorge Carrasco. 

La evidencias de cómo se obtuvo el dinero para la campaña de Peña Nieto, de cómo se rebasó el tope de campaña y de cómo actuaron reconocidos empresarios están a la vista de todos. Sólo las autoridades no las ven. 

El poder contra el que luchan quienes buscan la invalidez de una elección sucia es más grande, pero podría convertirse en mucho más imponente la indignación, el coraje y la defensa del país de quienes salen a las calles y se pronuncian por el antipeñismo. 

Los poderes le apuestan al desgaste, los indignados, los que no votaron por Peña Nieto, a la lucha. Y son muchos, no sólo son los llamados trasnochados izquierdistas o simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador, o aquellos que están decepcionados del PAN, son muchos más, son los jóvenes que están saliendo a las calles. 

En esa generación está la esperanza, son ellos quienes tienen más fuerza para aguantar el desgaste a los que los está sometiendo la autoridad, las instituciones y sus funcionarios. 

Así, mientras muchos “de izquierda” hoy se suman a Peña Nieto porque ya no tienen fuerza para luchar, los jóvenes están haciendo su trabajo y exigiendo que se limpie esta porquería de elección que vivimos. Bien lo dijo Andrés Manuel López Obrador, que a ellos les pasaba ya la estafeta. 

La única solución, pacífica por supuesto, es que mientras el movimiento actúa por su lado e interpone los recursos legales necesarios, del otro está quien lo refuerza, los jóvenes que sólo “rodeando las instituciones” pueden darle un giro a lo que por momentos parece inminente: la llegada de Peña Nieto al poder y con él todos los que aportaron para la compra de la Presidencia de la República. 

Si la vergüenza de este país son muchos de sus políticos, el aliento es esta nueva generación que está en su derecho y obligación de “presionar” al límite a las instituciones y evitar con ello la obscena imposición. Y por supuesto, a su lado, los reporteros, las organizaciones sociales, de asalariados, indígenas, activistas, gente sin partido, empresarios honestos… mexicanos hartos de tanto abuso y descaro, tratados como ignorantes por la gente del poder mal habido. 

Si de aquí al 6 de septiembre las autoridades no aceptan todas las evidencias que por la vía institucional se presentan, sin duda la inconformidad irá en aumento… 

Comentarios: mjcervantes@proceso.com.mx 

Twitter: @jesusaproceso

*Tomado de la revista Proceso.

El dinero sucio de HSBC y Peña Nieto*

Tomados de La Jornada, Helguera y El Universal, Helioflores.

Jorge Carrasco Araizaga

MÉXICO, D.F. (apro).- El escándalo del banco HSBC y el denunciado financiamiento paralelo de la campaña presidencial de Enrique Peña pueden tener en común el uso del sistema financiero para encubrir fondos obtenidos de manera ilegal. 

En el caso del banco inglés está plenamente probado que los siete mil millones de dólares lavados entre México y Estados Unidos tan sólo entre 2007 y 2008 provinieron del narcotráfico. 

En las acusaciones del PAN y el PRD contra el candidato del PRI, aún no se sabe de dónde salieron los recursos para fondear las tarjetas Monex y Soriana, pero cada vez hay más indicios de que el candidato presidencial pudo haber financiado parte de su campaña de manera ilegal. 

En Francia, el expresidente Nicolás Sarkozy está actualmente bajo investigación, acusado de lo mismo que se le imputa ahora a Peña Nieto: el uso de recursos ilegales cuando fue candidato a la presidencia en 2007 y de la que salió apenas en mayo pasado, derrotado por el socialista Francois Hollande. 

La acusación contra Sarkozy, ya sin la inmunidad, no involucra recursos del narcotráfico, sino la entrega en efectivo de 800 mil euros (12 millones 984 mil 80 pesos al tipo de cambio actual) para su campaña por parte de Liliane Bettencourt, la dueña de la multinacional de cosméticos L´Oréal. 

La cifra está muy lejos de los más de cien millones de pesos que, según el PAN y el PRD, se triangularon a la campaña del PRI a través de las tarjetas bancarias Monex y los monederos electrónicos de la tienda de autoservicio Soriana para la compra de votos. 

Este jueves 19 el PRI reconoció, en su respuesta a la PGR por el caso Monex, haber comprado 7 mil 851 tarjetas de prepago por un monto de 66 millones 326 mil 300 pesos a la empresa Alkino Servicios y Calidad. Pero no dijo de dónde salieron los fondos. 

La posición inicial del IFE, filtrada y publicada por la prensa el mismo día, es que esas tarjetas no constituyen una prueba de compra generalizada de votos por parte del PRI. Nada distinto puede esperarse de la otra “autoridad” electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). 

De ser así, se repetirá el escenario de 2006, cuando el TEPJF dijo que Vicente Fox puso en grave riesgo la elección y que resultaba imposible medir en votos el impacto de la campaña sucia de la cúpula empresarial. No hubo sancionados más allá de las multas a los partidos. 

Al menos en el papel, de acuerdo con el organigrama del PRI, quienes tienen que dar cuenta de los gastos de Peña son los encargados de las finanzas del partido; es decir, los que recibieron el financiamiento público y privado permitido. 

El primero, el secretario de finanzas del PRI, el poblano Jorge Estefan Chidiac. Hombre de Emilio Gamboa y exdiputado federal, Chidiac es un economista del ITAM, especializado en el área de mercado de valores, está considerado no sólo como quien rescató al PRI del atolladero financiero, sino como el autor del programa de financiamiento para la contienda electoral. 

Incluso, estuvo al frente de una supuesta Unidad de Inteligencia Financiera del PRI para evitar dinero del narcotráfico en las campañas presidencial, al Senado y a la Cámara de Diputados. 

De acuerdo con sus propias declaraciones, el PRI debía gastar para estas elecciones 537 millones de pesos de financiamiento público, 52 millones de financiamiento privado y acceso a crédito, “si fuera necesario”, para llegar a 900 millones de pesos. De acuerdo con esas cuentas, el PRI habría tenido hasta 310 millones de pesos en préstamos.

Junto con Chidiac está el subsecretario de Finanzas del PRI, el también poblano José Antonio López-Malo Capellini, funcionario en el gobierno de Mario Marín que llegó al Comité Ejecutivo Nacional con el expresidente del PRI y exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira. 

También están el coordinador general de finanzas, José Villalobos Gallegos, exfuncionario del gobierno de Ulises Ruiz en Oaxaca, y el director de Ingresos del PRI, René Ojeda Delgado. 

Peña designó, además, como su vínculo con los empresarios para la campaña al diputado federal saliente Ildefonso Guajardo Villarreal, un doctor en finanzas que fue jefe de la oficina del gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina. 

El PRI no ha mostrado hasta ahora algún contrato que ampare la adquisición de créditos, a diferencia del PRD, que dice haber comprobado 50 millones de pesos en deuda, aunque la cifra puede ser mayor. 

No sólo el IFE y el TEPJF han sido indulgentes con los gastos de campaña ilegales. Aunque en el caso de los Amigos de Fox y el llamado Pemexgate, en el 2000, el PAN y el PRI fueron multados, no hubo responsabilidades penales. 

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda han sido incapaces para advertir sobre el financiamiento ilegal de los partidos. En el caso del PRI, deben decir de dónde salió, quién entregó y cómo se movió el dinero para las tarjetas de Monex y Soriana. 

La investigación del Senado estadunidense al banco HSBC, dada a conocer esta semana, dejó en claro que ambas instituciones han sido omisas ante el blanqueo de capitales. 

Amparada en el secreto bancario, la CNBV tardó en informar al IFE sobre las cuentas de los Amigos de Fox y el Pemexgate. Sólo sugirió a los directivos de HSBC que, por favor, mejoraran sus sistemas contra el lavado. Y ahora, calla ante los alegados fondos ilegales de la campaña del PRI. El secreto así entendido se llama complicidad. 

jcarrasco@proceso.com.mx 

@jorgecarrascoa 

*Tomado de la revista Proceso.

La ilegitimidad de Peña Nieto y Calderón*

Tomados de La Jornada, Hernández y Helguera y El Universal, Helioflores.

José Gil Olmos

MÉXICO, D.F. (apro).- El pasado fin de semana varios cientos de organizaciones de todo el país se reunieron en el municipio de San Salvador Atenco, en una primera convención nacional, para definir su posición ante lo que parece inevitable: la imposición de Enrique Peña Nieto en la silla presidencial. 

Todos los reunidos en ese pueblo mexiquense, reprimido precisamente por Peña Nieto como gobernador del Estado de México, acordaron desconocerlo como presidente. Esta es la primera vez en la historia del país que tantas agrupaciones sociales juntas hacen manifiesto su repudio e impugnan la legitimidad de una figura política, a la que no le darán el lugar que las instituciones electorales sí habrán de otorgarle, a pesar de todas las irregularidades denunciadas. 

Esto es, que mientras una buena parte de la sociedad mexicana rechaza al priista como primer mandatario, las autoridades electorales legalizarán una victoria que no es legítima. 

Al igual que Calderón, si el Tribunal Electoral valida la elección presidencial, el priista Peña Nieto arrancará su administración sin el reconocimiento de millones de mexicanos, que lo ven como la imposición de un grupo de poder. 

En los próximos meses, mientras el Tribunal Electoral valida la elección presidencial, veremos en las calles manifestaciones de estudiantes, campesinos y profesores; de jóvenes rechazados de las escuelas de educación superior, amas de casa y padres de familia contra Peña Nieto. Pero también contra Televisa, el IFE y el Tribunal Electoral por su complicidad en la imposición del priista.

No se trata solamente de un simple rechazo; es el cuestionamiento profundo y legítimo de los ciudadanos a las instituciones electorales que han dejado a un lado su responsabilidad de cuidar la organización de elecciones limpias, transparentes y equitativas para proteger los intereses de grupos.

Es el cuestionamiento de una parte importante de la sociedad a quienes encabezan estas instituciones que costaron muchos años de esfuerzo e incluso vidas, y que ahora están lejos de ser ciudadanas y confiables, pues sus miembros responden más a intereses de los partidos que a los valores de imparcialidad y justicia para los que fueron creados.

Pero sobre todo, estas movilizaciones sociales representan el cuestionamiento a la supuesta limpieza de un proceso electoral manchado por la ilegalidad desde antes de que arrancara y que ninguna autoridad se atrevió a investigar.

Como Calderón, Peña Nieto arrastrará la carga de la ilegitimidad durante seis años, si es que, como todo parece indicar, el Tribunal validara su triunfo, no obstante las pruebas que se presentaron de compra y coacción del voto, así como de lavado de dinero y el uso de recursos financieros de origen sospechoso.

Pero tanto al panista como al priista esto parece importarles poco. Tan es así que fue Calderón quien reconoció el supuesto triunfo de Peña Nieto la noche del 1 de julio cuando aún no terminaba el cómputo de los votos en los distritos electorales.

No sólo eso, Calderón también lo recibió el pasado martes por la noche en Los Pinos, en una especie de entrega del poder adelantado, cuando el Tribunal Electoral apenas estaba recibiendo el expediente de impugnación de validez de la elección presidencial.

A Calderón y a Peña Nieto los une la ilegitimidad y la indiferencia por la sociedad.

Al panista nunca le agradaron los movimientos sociales, ni siquiera cuando el movimiento de paz lo sentó para que escuchara la tragedia de las víctimas de la guerra contra el narcotráfico que él proclamó desde el inicio de su administración.

Al priista, mucho menos; y cuando los campesinos de Atenco se manifestaron en contra el desalojo de unos floricultores de un mercado en Texcoco en mayo de 2006, los mandó a reprimir y a detener como si fueran delincuentes.

El autoritarismo y la represión del PRI, que nunca se fue, está a la vuelta de la esquina, eso lo que ven los grupos sociales y es por eso que se están organizando. 

Las movilizaciones que desde ahora y hasta diciembre tienen programadas 300 organizaciones sociales parecen ser el preludio de lo que será el próximo gobierno, un sexenio de repudio y represión. Sobre todo si, como ya se ve, habrá una alianza entre el PRI y el PAN para echar adelante las reformas estructurales (energética, laboral y hacendaría principalmente) que tiene un claro perfil antipopular.

*Tomado de la revista Proceso.



El Colibrí y los feminicidios en el Edomex*

Tomados de La Jornada y Hernández, Helguera y El Universal, Helioflores y Naranjo.

Jenaro Villamil

MÉXICO D.F. (apro).- “No se trató de un ataque del crimen organizado… es sólo una pandilla. Tenemos nombres, apellidos, fotografías, retratos hablados y hasta direcciones de los responsables”, afirmó, enfático, el procurador mexiquense Alfredo del Castillo, en una ronda de entrevistas que realizó en los últimos días frente a la conmoción en la opinión pública por la violación y los abusos sexuales contra 7 jóvenes, la mayoría menores de edad, en el paraje El Colibrí, en la frontera entre Chalco e Ixtapaluca. 

Del Castillo, famoso por litigar mediáticamente los casos más polémicos en el Estado de México, como el de la niña Paulette, soltó también en entrevista con Milenio TV que éste no era el primer ataque de la “pandilla”. Incluso, mencionó que ya habían atacado antes a un grupo de alpinistas y violado a dos mujeres. Afirmó que cuatro de los integrantes de este grupo delictivo se encuentran detenidos. 

La pregunta lógica surge después de esta “revelación” del procurador mexiquense, designado por Enrique Peña Nieto en 2010: si ya sabían las autoridades ministeriales la actividad de esta “pandilla” ¿por qué no la desarticularon?, ¿por qué permitieron que siguieran actuando?, ¿por qué la administración mexiquense en la procuración de justicia, sobre todo, en relación con los delitos sexuales contra mujeres, se caracteriza por la indolencia y la negligencia? 

Mientras Del Castillo daba su ronda de entrevistas en medios electrónicos –incluso este mismo 17 de julio- un juez federal ordenó la liberación del único detenido, presunto implicado en el ataque. El juez argumentó que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México no consignó la carpeta de investigación y, por esta razón, el presunto culpable, cuya identidad se mantuvo en reserva, quedó libre. 

Si la procuración de justicia mexiquense mantiene este mismo nivel de ineficacia, el paraje de El Colibrí puede convertirse en otro símbolo ominoso para la entidad que gobernó Peña Nieto.

En El Colibrí 91 jóvenes pertenecientes al Movimiento de Juventudes Cristianas realizaron un campamento desde el 9 de julio. El jueves 12 fueron atacados por una pandilla formada por 12 sujetos, según los testimonios aportados en medios electrónicos por las propias víctimas. Con lujo de detalles las jovencitas dieron cuenta del menosprecio por la condición de género de cada una de las víctimas. 

Sólo el escándalo generado por este suceso provocó que el gobernador Eruviel Avila ordenara la inmediata atención y el procurador Del Castillo retornara a las pantallas televisivas y a las estaciones de radio a litigar mediáticamente sin que haya logrado demostrar su eficacia. 

El Colibrí no es un caso aislado en el contexto del Estado de México. Precisamente este 17 de julio se discute en Nueva York, en el seno del Comité de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la situación de los feminicidios, levantamientos y abusos sexuales en contra de mujeres en el Estado de México y en el gobierno federal.

El Estado de México generó la atención internacional precisamente por los abusos sexuales cometidos contra las manifestantes detenidas en San Salvador Atenco, en mayo de 2006, atribuidos a agentes de la policía mexiquense, tal como consigna la reportera Gloria Leticia Díaz en la edición de Proceso que empezó a circular esta semana(número 1863). 

En el Estado de México, las organizaciones no gubernamentales han contabilizado 922 homicidios de odio hacia las mujeres desde enero de 2005 hasta agosto de 2010, periodo que comprende el gobierno de Enrique Peña Nieto, presunto triunfador de las elecciones presidenciales de este año. 

El intento de minimizar o relativizar los crímenes de odio contra las mujeres mexiquenses ha sido una constante desde su gobierno y con la administración de Eruviel Ávila. Tal como ha sucedido durante casi dos décadas en Ciudad Juárez, Chihuahua. 

El procurador Alfredo del Castillo negó en marzo de 2010 que la mayoría de los homicidios contra mujeres formen parte de un patrón feminicida. Según él, el 30 por ciento de este tipo de delitos son producto de “violencia doméstica” y ya están resueltos. 

Del resto de los crímenes, Del Castillo “nos dijo que se tenía información de que las mujeres asesinadas tenían oficios de riesgo, que eran sexoservidoras”, según reveló María de la Luz Estrada, activista del Observatorio Nacional Ciudadano contra el Feminicidio, entrevistada por Gloria Leticia Díaz. 

Si el caso de El Colibrí se convierte en un expediente más de negligencia e incapacidad para atender la impunidad de los feminicidas en el Estado de México estaremos confirmando un modus operandi de una clase política que presume su odio hacia las mujeres. 

www.homozapping.com.mx

*Tomado de la revista Proceso.