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domingo, febrero 28, 2010

“¡Me la voy a jugar!”*


Tomado de La Jornada, Hernández.
Álvaro Delgado

Después de que el diputado Manuel Clouthier criticó en estas páginas al gobierno de Felipe Calderón por no actuar contra la “narcopolítica” de Sinaloa, que amenaza con reproducirse en todo el país, fue sometido a una serie de descalificaciones y condenas por parte de figuras panistas, del secretario de Gobernación y del propio presidente de la República. Ante ello, y con el apoyo de la comunidad empresarial de la entidad –que acaba de perder asesinado a otro de sus miembros–, el hijo de Maquío advierte que está dispuesto a jugársela del todo, sin reservas, para que el presidente se comprometa “a entrarle a Sinaloa”.

La noche del lunes 22, el diputado Manuel Clouthier asistió a una misa de cuerpo presente del empresario Ricardo Angulo Quesada –amigo por décadas de toda su familia–, quien un día antes fue asesinado de un balazo en la cabeza para ser despojado de su vehículo, en uno de los 175 homicidios dolosos que, hasta ese momento, se habían registrado en la entidad durante este año.
Ese asesinato, que ha cimbrado a Sinaloa y generado un movimiento social de repudio a la violencia que demanda la presencia de Felipe Calderón en el estado, también sacudió a Clouthier, quien afirma haber sentido vergüenza ante el hijo del empresario turístico.
“No tuve cara para darle el pésame a ese muchacho de 15 años. Le tuve que pedir disculpas, porque no estamos haciendo lo suficiente en Sinaloa”, lamenta.
Cuenta el legislador que precisamente el domingo 21 encontró a otro amigo que iba camino al hospital a ver a su hijo, internado porque la víspera fue brutalmente golpeado por desconocidos que lo despojaron de su teléfono para extorsionar a la familia. El hecho, dice, es que hay balaceras en todas partes, hasta en el mercado municipal, en una violencia que ya acumula casi 5 mil muertos en Sinaloa durante el presente sexenio.
“¡Por eso estoy dispuesto a jugármela ahorita, sin reservas, al chingue a su madre! ¡Me da pavor lo que viene! ¡Me la voy a jugar para arrancarle, a güevo, un compromiso al gobierno federal de entrarle a Sinaloa!”, exclama Clouthier en entrevista con el reportero la mañana del martes 23.
“El reclamo –continúa– lo seguiré haciendo mientras no existan acciones comprometidas de parte del gobierno federal para atender a Sinaloa en el combate al crimen organizado y a la narcopolítica. Quiero ser muy reiterativo: No basta la detención de narcotraficantes; la bronca es también la narcopolítica, y eso es algo en lo que tenemos que estar insistiendo.”
Luego de la embestida que, en contra del legislador, emprendieron el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y la dirigencia del PAN, a raíz de la entrevista publicada el domingo 14 en Proceso 1737, donde Clouthier llamó a Felipe Calderón “cabrón irresponsable” por no combatir al cártel de Sinaloa y a la narcopolítica estatal, el diputado sinaloense comenta que esa reacción la había previsto.
“Me dije: Se van a cerrar y me van a satanizar y reprimir. Para eso estaba preparado. No sé qué más pueda venir, pero posiblemente vayan a venirse como en los viejos tiempos del viejo régimen: con todo contra el que levanta la voz”, expresa.
Y es que, para empezar, el miércoles 17 se había comunicado con él Abraham Cherem, jefe de la “Oficina del C. Secretario” Gómez Mont, para preguntarle adónde le enviaba una carta (la misma que se publicó en Proceso el 21 de febrero). “Y me dijo: ‘Espero que te guste. Bueno, no te va a gustar’, y soltó una risa irónica”.
En esa réplica (página 28 de la edición número 1738), el secretario de Gobernación dice que sugerir que en Sinaloa se promueve un modelo de vida política ligado a la corrupción y al crimen organizado es “falso (…) sumamente irresponsable y moralmente condenable”, para enseguida asegurar que el gobierno federal “ha enfocado sus esfuerzos de manera coordinada con las autoridades estatales para combatir al crimen organizado en la entidad”.
Ante esto, el hijo de Maquío insiste en que el gobierno de Sinaloa está coludido con el narcotráfico y, respecto a la coordinación que alega Gómez Mont, de autoridades federales y estatales, señala:
“Para mí es tanto como trabajar coordinadamente con los que están metidos con el narco. ¡Caray, estoy fregado! ¿Cómo estoy coordinado con el que está metido con el narco? Y eso lo dice la carta…”

Más condenas

Pero las cosas no pararon allí. El jueves 24, en una insólita conferencia de prensa, el presidente Felipe Calderón hizo una severa crítica a las declaraciones de Clouthier, sin mencionarlo por su nombre.
Afirmó Calderón que “es absolutamente falso” que su gobierno proteja a Joaquín El Chapo Guzmán, quien encabeza, junto con Ismael El Mayo Zambada, el cártel de Sinaloa.
Y, luego de nombrar a capos del cártel de Sinaloa que han sido detenidos, Calderón manifestó que “esas acusaciones son totalmente infundadas, falsas, fruto por lo menos, en el mejor de los casos, de un desconocimiento de las cosas, si no es que de otros intereses que otros deben aclarar”.
Uno de los reporteros presentes en la conferencia de prensa intervino entonces:
–En este sentido, presidente, yo le quería preguntar…
–También déjeme mencionar –interrumpió Calderón–, está Vicente Zambada; está Reynaldo Zambada, hermano de El Mayo; está su hijo también, y que ha sido atrapado, en fin, está El Teo, como he dicho; está Rogaciano Alba; está otro personaje que se llamaba El Tío, que trabajaba para Ignacio Coronel, que fue atrapado en los primeros días de mi administración. En fin, hemos actuado contra todos…
–Sobre ese mismo tema –insistió el reportero–, le quería preguntar si vale la pena focalizar el cambio de estrategia…
–Déjeme decir –atajó Calderón otra vez– que El Jabalí, El Jabalí, que acaba de ser… nada más para hablar del de la semana… era el operador de El Chapo en Sonora. Digo, la verdad es que hemos actuado contra todos…
Y una vez concluida la conferencia de prensa de Felipe Calderón –de la que fue excluido Daniel Lizárraga, reportero de Proceso–, la Secretaría de Gobernación emitió un comunicado donde, al igual que en la carta publicada el domingo 21, asegura que el gobierno federal combate a todas las organizaciones criminales “de manera proporcional a su tamaño”.
En su comunicado, la dependencia encabezada por Fernando Gómez Mont no mencionó los nombres de Clouthier ni de Proceso, sino que dijo estar proporcionando información “frente a versiones de diversos medios de comunicación que señalan que el gobierno federal mantiene una lucha desigual contra los cárteles del narcotráfico y las organizaciones del crimen organizado”.
Y, lo mismo que la réplica de Gómez Mont, afirma que se “ha detenido a casi 72 mil delincuentes por delitos contra la salud” del 1 de diciembre de 2006 al 4 de febrero de 2010, de los cuales 27% pertenecen a los cárteles del Golfo-Zetas; 24%, al del Pacífico; 17%, al de los Carrillo Fuentes; 14%, al de los Beltrán Leyva; 13%, al de los Arellano Félix, y 5% a otras organizaciones, incluyendo a La Familia y al cártel Valencia-Milenio.

Mentiras, mentiras…

Consultado nuevamente el viernes 26 sobre la andanada de descalificaciones y condenas emitidas por Felipe Calderón y la Secretaría de Gobernación, Manuel Clouthier dice deplorar que, en vez de un compromiso del gobierno federal, se emitan sólo mentiras.
“Me puede que el presidente salga con la idea de no querer hablarle a la ciudadanía con la verdad”, pues los sinaloenses sólo piden a Calderón “un compromiso serio para que combata al crimen organizado, y sobre todo a la narcopolítica en Sinaloa. Si no quiere comprometerse, insisto, tendrá que pagar sus costos.”
Prosigue: “Lo que yo siento, con tristeza, es la falta de compromiso del gobierno federal, que nos roba, en gran medida, la esperanza. Vamos a perder generaciones enteras porque alguien no quiere comprometerse a cumplir con su deber”.
Luego de haber aceptado las disculpas que el vicecoordinador del grupo parlamentario del PAN, Julio Castellanos, le ofreció por haberle exigido públicamente –en lo que constituyó el inicio de la ofensiva– retractarse de sus declaraciones o solicitar licencia como diputado, Clouthier lamenta ahora que Calderón haya sugerido que él actuó “con dolo”.
“A los seres humanos el discurso nos delata, y en ese sentido –puntualiza– la frase de ‘acusaciones dolosas’ no procede. Primero, yo no hice una acusación; fueron cuestionamientos. Entonces, ya desde ahí volvemos al tema. Lo que sigo haciendo es cuestionar: ¿por qué?, ¿por qué?, ¿por qué no le quieren entrar a Sinaloa? Y si ellos ratifican que no se van a comprometer con Sinaloa, precisamente me vuelven a despertar el porqué.”
El hijo de quien fue candidato presidencial del PAN en 1988, Manuel J. Clouhtier del Rincón, sigue meditando si se afilia a ese partido.
Mientras tanto, reitera que Sinaloa está peor que Ciudad Juárez. “Yo no me voy a poner a discutir si Juárez tiene más criminalidad individual. Yo lo que estoy señalando es que el problema de Sinaloa es el crimen organizado, específicamente la narcopolítica, y eso le da connotaciones distintas y, por tanto, de alta gravedad, pues atenta contra la seguridad nacional”.
Así como se atiende a Ciudad Juárez, continúa, se debe hacer con Sinaloa, pero tomando en cuenta que “el problema de Sinaloa es mucho más grave, como ya lo decía: es la raíz, el origen del problema del país, y mi tesis es que no poden las ramas, sino que se combata la raíz, con el criterio de que si se combate la raíz, todo el árbol se secará”.
–Calderón, por lo que dijo, no quiere.
–Yo no quiero contestar eso con ese señalamiento, porque sería tanto como cerrar ya el capítulo para efectivamente aceptar que no le va a entrar. Lo único que puedo garantizar es que voy a seguir fastidiando hasta que le arranquemos un compromiso al gobierno federal para que le entre a Sinaloa. ¡Eso lo prometo!

“¡Hasta la madre!”

Justamente el día de la entrevista de Clouthier con el reportero, el martes 23, en los diarios de Culiacán se publicó un desplegado que, dirigido a la opinión pública y firmado por los organismos empresariales de Sinaloa para respaldar a Clouthier, se titula: No está solo.
“Son pocas las voces legislativas que se alzan para hacer señalamientos a favor de sus representados, aun y cuando dichos señalamientos afecten intereses de su bancada política. Estas voces no deben reprimirse, se estaría atentando contra la democracia y la libertad de expresión”, enfatiza el desplegado, y agrega:
“(…) Es imposible en Sinaloa seguir tapando el sol con un dedo, por lo que es urgente establecer compromisos y acciones con el apoyo decidido del gobierno federal que nos garantice a los ciudadanos un clima de paz y tranquilidad que el Estado tiene la obligación de brindarnos.”
Y tras señalar que es preciso impedir que “Sinaloa se convierta en un Ciudad Juárez o algo peor”, los organismos empresariales lamentan que en su estado la violencia derivada del narcotráfico vaya en aumento, con niveles de sadismo sin precedentes, y preguntan: “¿Qué más tiene que sucedernos para que como sociedad organizada hagamos algo?”.
En su desplegado, los empresarios sinaloenses subrayan su respaldo al diputado Clouthier y hacen un llamado a la participación social:
“No podemos, no debemos estar en el terreno de la indolencia. No podemos dejar en la soledad a quien se atreve a decir la verdad. Atrevámonos también.”
Tres días después del asesinato del empresario turístico Ricardo Angulo Quesada, miembros de la Canaco local hicieron un enérgico reclamo a Fortino Bórquez, subsecretario de Seguridad Pública estatal, y a Rodolfo Bon López, subprocurador de Justicia, durante un encuentro.
El presidente de la Canaco, José Luis Aispuro, le manifestó a Bórquez el miércoles 24:
“(Queremos) decirte que estamos hasta la… hartos, por decir lo menos. Y no quiero usar palabras altisonantes, porque si no, me van a agarrar como a Manuel Clouthier, que está prohibido decir palabras altisonantes cuando ya estás hasta la madre.”
En el encuentro hubo diversas voces que propusieron hacer una cita con Calderón para emplazarlo a visitar la entidad, en tanto que la madre del empresario asesinado reclamó a las autoridades presentes: “¿Por qué si a ustedes se les paga para que den seguridad, no la dan?”.
Al respecto, Manuel Clouthier indica que los ciudadanos agraviados por la violencia no pueden ser ignorados ni se les pueden atribuir otras intenciones, como dijo Calderón:
“No puede ser que estos señores estén haciendo un señalamiento doloso, o una acusación, o que su problema sea de ignorancia. Yo vuelvo al tema: Es urgente que nuestros gobiernos escuchen a la sociedad y, especialmente, que le hablen con la verdad.”
–¿Miente entonces Calderón?
–La gente quiere que le hablen con la verdad. Mira, Abraham Lincoln decía: “Podrás engañar a la mayoría de la gente la mayoría de las veces, pero no podrás engañar a toda la gente todas las veces”. Y en esa lógica, urge… El mexicano está hasta el gorro de que no le hablen con la verdad.
–¿Cree que molestó a Calderón decirle “cabrón irresponsable”?
–Así me expreso, y no es con ánimo de insultar, sino con ánimo descriptivo…


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Calderón subordina al PAN*


Álvaro Delgado

Lo que distingue al PAN es su autoritarismo, que se inició cuando Germán Martínez lo presidió, asegura Manuel Espino en entrevista con Proceso. Hoy, dice, incluso “le tenemos miedo al debate”, pues todas las decisiones se toman en Los Pinos; hoy, insiste Espino, el partido está plenamente subordinado a Calderón, quien el año pasado pidió que lo expulsaran de sus filas por sus críticas. Y cuestiona: ¿cuál autonomía? Lo que hay es autoritarismo, simulación, componendas con los demás partidos.

El embate oficial contra el diputado Manuel Clouthier, por acusar al gobierno de Felipe Calderón de no combatir al cártel de Sinaloa, sólo se explica por el autoritarismo que se ha instalado en el Partido Acción Nacional (PAN) que busca someter cualquier disidencia, mientras se consolida la alianza con personajes como Elba Esther Gordillo, acusa Manuel Espino.
“Al que disiente lo pretenden callar con un acto de autoridad”, acusa el expresidente del PAN y afirma que esa conducta antidemocrática comenzó cuando Germán Martínez asumió la presidencia de ese partido, en diciembre de 2008, y continúa con César Nava.
“Con Germán Martínez se inició la era de la intolerancia en el PAN”, asegura Espino, quien identifica a Calderón como el artífice de esa conducta, cuyo ejemplo más reciente es la censura que hizo, el jueves 24, en Los Pinos, a Manuel Clouthier Carrillo, quien –dice– “no es el único que supone que hay complicidad de altos funcionarios del gobierno federal con el crimen organizado”.
Inclusive Espino revela que fue Calderón quien, el año pasado, en una “clara expresión de intolerancia”, ordenó que lo expulsaran del PAN debido a sus críticas por las designaciones de candidatos a diputados que se hicieron por decisión presidencial.
En una reunión en Los Pinos con el Sistema PAN –que agrupa a la cúpula de ese partido y a funcionarios gubernamentales federales y estatales–, Calderón planteó: “Vamos expulsando a Espino”.
–¿Lo propuso directamente Calderón?
–Por supuesto que fue él, y hubo quien dijo, un gobernador, que me iban a hacer víctima, que mejor se hiciera después de las elecciones. Nomás que luego de las elecciones tan desastrosas por las derrotas, ¿con qué cara iban a emprender una acción de esas? Sé que me tienen en la mira y que soy candidato a expulsión por exigir congruencia.
En entrevista con Proceso, el presidente de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA) enumera varios episodios sobre la abierta intervención de Calderón en el PAN, sobre todo para cumplir los acuerdos que tiene con Elba Esther Gordillo, quien lo apoyó desde la campaña interna por la candidatura presidencial, en 2005, y con otros grupos.
El propio Miguel Ángel Yunes, candidato del PAN al gobierno de Veracruz, le dijo a Espino que Calderón había hecho un pacto con Gordillo desde la precampaña.
“Reconoció que él apoyó a Calderón desde antes de 2006, cuando ni siquiera era candidato, sino que lo apoyó para ser candidato. Fue después de una negociación que hubo entre Elba Esther y Calderón”.
–¿Elba Esther, siendo priista aún, intervino en la vida interna del PAN?
–Por supuesto. A confesión de parte. Me lo dijo Yunes el jueves 18 en la sede del Comité Nacional. Entonces, me parece que se están haciendo acuerdos para privilegiar a grupos de poder ajenos al partido.
–¿Es ya un partido plenamente subordinado a Calderón?
–Aunque ahora tratan de disimularlo. Se habla de la autonomía del partido. ¡Por favor! No ha habido un solo candidato a gobernador que se haya designado en el Comité Nacional que antes no haya sido recibido por el presidente en Los Pinos y éste le haya dado el visto bueno.
Y pone como ejemplo al candidato de la alianza del PAN con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Durango, el expriista José Rosas Aispuru, quien lo hizo a instancias del secretario de Turismo, Rodolfo Elizondo.
Pero además, acusa, todos los candidatos que se han designado hasta ahora no tienen ningún compromiso con el PAN: “Gabino Cué, en Oaxaca, obedece al grupo de Andrés Manuel López Obrador; Rosas Aispuru al exgobernador Maximiliano Silerio Esparza; Rafael Moreno Valle, de Puebla, obedece a la maestra, y Yunes también”.
Y en esa lógica entra la candidatura del senador priista Mario López Valdez para Sinaloa, identificado con el exgobernador Juan S. Millán: “Cuando le pregunto a César Nava sobre sus méritos, me dice: ‘Es un hombre limpio’”.

Calderón salvó a Ulises

Luego de que en el CEN presidido por Nava le impidió, en la sesión del jueves 18, preguntar por qué se apoyaba a Yunes, cuando en 2006 Calderón lo vetó como candidato a senador –como secretario de Gobierno de Patricio Chirinos, Yunes “se distinguió por su desempeño corrupto, así como por golpear, perseguir y difamar panistas”–, Espino se deslinda también de otros expriistas postulados por el PAN en 2006.
“Me quisieron achacar a Benjamín González Roaro, a Moreno Valle y a Diódoro Carrasco, pero esos fueron acuerdos de Calderón en 2006, cuando vetó a Yunes. Pero me echaron la culpa a mí y la maestra me reclamó. Le dije: ‘Maestra, a mí no me tiene que reclamar’. ‘Es que el candidato nos ofreció 15 plurinominales’, me dijo, y le respondí: ‘Pídaselas a él, él no decide, ni siquiera decido yo, decide el CEN’.”
Espino se ufana: “Fue la última dirigencia del PAN en la que el Comité Nacional decidía con libertad. Así lo afirmo. Nunca hubo actitudes prepotentes y autoritarias recurrentes el día de hoy”.
Se le recuerda a Espino que al ser electo presidente del PAN, en marzo de 2005, Germán Martínez y Juan Ignacio Zavala, cuñado de Calderón, lo acusaron de intolerante y en ese marco se produjo la renuncia de Tatiana Clouthier, hija de Maquío y hermana de Manuel Clouthier, quien ahora es reprimido por la cúpula del PAN.
“Pero con ellos no hubo una expresión autoritaria. ¿De qué nos acusaba Martínez? De meones de agua bendita y nos acusaba él y Zavala que habíamos ganado la dirigencia de manera fraudulenta, que habíamos manipulado el proceso de elección del Consejo Nacional para luego ganar la presidencia del partido. Y sigo esperando que acrediten su dicho. ¿Cuál irregularidad, cuál fraude?”
Recuerda que Luis H. Álvarez habló de manipulación del proceso y lo retó a que si demostraba una sola acción irregular él (Espino) renunciaba a la presidencia del PAN. “Sigo esperando que me demuestre algo don Luis. Lo usaron”.
Y argumenta: “Defendí la institución y la presidencia que gané de manera legítima, pero no los corrí, no los sancioné, no los regañé, nos los llamé para jalarles las orejas, ni les iniciamos un proceso de sanción. Respetamos su derecho a disentir respecto a la nueva dirigencia, pero una actitud autoritaria, jamás”.
Otra acusación que se le hace a Espino, y que asegura que es falsa, es que él detuvo el proceso de juicio político contra Ulises Ruiz en 2006, tal como insistió, en la sesión del Consejo Nacional, el domingo 14, el presidente estatal del PAN, Carlos Alberto Moreno, al decir que esas eran las “joterías” de Espino.
“En 2006 hubo acuerdos de Calderón con diversos grupos. ¿Con qué propósitos? No lo sé. El que hizo con Televisa es uno. En el caso de Ulises Ruiz, yo fui el que empujó que iniciáramos un juicio político, pero no estaba bien llevado en el Senado.”
Recuerda que se interpretó la Constitución como que el Senado podía destituir a un poder y no. Ese órgano legislativo podía declarar que un poder había desaparecido de un estado, pero no desaparecerlo.
“Ahí teníamos una complicación legal y estábamos tratando de resolverla, cuando vino conmigo el secretario de Gobernación, Carlos Abascal, y me dice: Manuel, el equipo de transición, o sea el equipo de Felipe Calderón, pide que ya no le movamos a lo de Ulises.
“¿Por qué? Porque se acercaba la toma de protesta y si ya teníamos al PRD en contra, ahora no podíamos tener al PRI en contra. ¿Qué fue lo que yo dije? No puede el Senado desconocer o quitar a un poder de un estado. Podemos no estar de acuerdo con el Poder Ejecutivo de Oaxaca, pero ahí está. Eso fue todo. Yo no defendí a Ulises. Con eso solamente gané un espacio de tiempo que estaba pidiendo el equipo de Calderón.”
–¿La responsabilidad política es sólo de Calderón? Por supuesto. A mí no me vengan con que yo defendía a Ulises. Fueron ellos los que pidieron dejarlo tranquilo para que el PRI no se enojara y pudiera cooperar para que Felipe Calderón pudiera tomar posesión como presidente.

Hacia el precipicio

Manuel Espino lamenta que las expresiones de autoritarismo e intolerancia en el PAN hayan generado temor entre dirigentes y la militancia, por lo que las decisiones se toman sin discusión y por “mayoriteo” en los órganos deliberativos, como en el caso de Yunes, cuando ni siquiera le permitieron formular una pregunta.
“Apenas mencioné que me preocupaba que pudiese ser candidato Yunes y quería argumentar por qué, hubo una reacción intolerante de Mariana Gómez del Campo y de Moisés Alcalde Virgen de que no hubiera debate. ¡Y ya me había autorizado el uso de la palabra, Nava! Pero nada, se mayoriteó. Esa es una expresión autoritaria que solía ser inusual en el PAN. Hoy le tenemos miedo al debate.”
Inclusive miembros del CEN que no están de acuerdo con decisiones como la designación de Yunes –de la que él se deslinda, “porque la decisión fue tomada en Los Pinos”–, las acatan.
–¿Esa es la herencia de Calderón?
–Todavía le falta para terminar la gestión de gobierno, pero sin duda ya está construyendo un legado del que no nos vamos a sentir orgullosos muchos panistas, hablando sólo del partido. Él tuvo la oportunidad extraordinaria de acreditar su panismo, su tradición democrática, la formación que recibió en su casa y en su partido y no lo está haciendo.
“Lo peor es que hay mucha simulación. Ya está entrando a un discurso mediante el cual se pretende convencer que el partido toma sus propias decisiones, sin influencia del gobierno. A estas alturas del partido hasta se ve mal el presidente diciendo esas cosas. ¿Quién se lo cree?”

*Tomados de la revista Proceso.

sábado, febrero 27, 2010

Desfiladero*


Tomada de La Jornada, El Fisgón.
∙ Mi papá, que murió en 1998, volverá a pagar impuestos

Jaime Avilés

Alos 68 años y cinco meses de edad, el sábado 24 de enero de 1998, al cabo de una vida de trabajo, tormentas, naufragios y espectaculares victorias éticas y estéticas, murió de repente en su cama, leyendo un libro, Jaime Avilés Ortiz, mi papá. Hoy, una docena de años más tarde, gracias a Agustín Carstens y a las reformas aprobadas en diciembre por el PRI, el PAN, Convergencia, el Verde Ecologista, el Panal y los diputados del PRD leales a Jesús Ortega, a Manuel Camacho, a Carlos Salinas de Gortari y a Felipe Calderón, mi papá, al igual que cientos de miles de mexicanos que ya no están en el más acá, volverá a pagar impuestos... desde el más allá.

¿Terrorismo fiscal de ultratumba? Quién sabe, pero lo cierto es que ahora en México los muertos no sólo votan en las elecciones por los candidatos de la oligarquía, sino que además tienen obligaciones con Hacienda y las pensiones que legaron a sus viudas sufrirán un recorte impositivo de 30 por ciento. Para tratar de comprender este escalofriante asunto, Desfiladero entrevistó ayer a don Antonio Vital, dirigente de la Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Públicos, ex líder de las bases sindicales del Hospital General y activo participante del Foro Mundial de la Salud.

Pero comencemos por el principio, aclarando de antemano que toda la información que ustedes leerán en seguida, salvo cuando se indique lo contrario, es fruto de la experiencia y la sabiduría del señor Vital. Este se pregunta en voz alta: ¿qué es una pensión? Le respondo (para disimular mi ignorancia): ¿un lugar donde guardan sus coches los que no tienen garaje? Don Antonio ignora mi pésimo chiste y explica: una pensión es un salario mensual para el retiro, que el trabajador recibe cuando pierde la capacidad de producir debido a la edad, una enfermedad, un accidente o la muerte (en cuyo caso, el dinero lo cobra su viuda).

A lo largo de su vida productiva, los trabajadores pagan varias clases de impuestos, entre ellos el de la renta, que ahora les descuenta la tercera parte de sus ingresos, y uno más pequeño (faltaba más) con el que se forma el salario (la pensión) que percibirán cuando se jubilen. Los trabajadores de base de las empresas privadas, o sea los que cuentan con la protección del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), aportan 3.5 por ciento de su salario al fondo de pensiones. Los que checan tarjeta en los relojes del gobierno federal, y están adscritos al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), cotizan 6.25 por ciento para su futura pensión.

Hace tres o cuatro años, el Congreso estableció que los jubilados (incluso los muertos) también pagarían impuestos, pero la medida no se llevó a la práctica hasta que el “catarrito” del año pasado (léase, la peor crisis económica de los últimos 77 años) obligó a la caricatura de “gobierno” que todavía encabeza Calderón a dictar medidas para sacarnos la mayor cantidad posible de dinero a los vivos y a los muertos, con la natural excepción de los vivales (los grandes empresarios) y los vividores (la alta burocracia). (Ojo: este desafortunado juego de palabras no es de la autoría de don Antonio.)

El costo aproximado de todas las pensiones que el “gobierno” paga actualmente asciende a unos 120 mil millones de pesos, cantidad que Desfiladero desglosa de la siguiente forma, de acuerdo con el artículo 7 del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010: los 2.1 millones de jubilados del IMSS (dato de Antonio Vital) recibirán en conjunto 105 mil 361 millones 600 mil pesos, en tanto los 800 mil jubilados del ISSSTE, los 50 mil jubilados de los gobiernos estatales y los 20 mil jubilados del Gobierno del Distrito Federal (datos de Antonio Vital) se beneficiarán de los 15 mil millones de pesos restantes, pero una tajada muy abundante y generosa de esos recursos, puntualiza don Antonio, cubrirá las desmesuradas pensiones de los jubilados de lujo (ex presidentes de la República, ex magistrados, ex ministros y ex altos funcionarios del Poder Judicial, así como generales, almirantes y otros altos cargos de las fuerzas armadas en retiro) que, a diferencia de mi difunto papá, no pagan impuestos porque disponen de un sistema de fideicomisos que les permite evadirlos.
Esta es, pues, la nueva realidad de los jubilados mexicanos. Pero, ¿qué les espera a las próximas generaciones de adultos de la tercera edad? En definitiva, nada bueno. Pensando en cómo despojarlos de toda ilusión de descanso, recreo y tranquilidad económica en la vejez, los grandes empresarios y su testaferro, el titular de la Secretaría del Desempleo y la Desprotección Social, el guarura personal del magnate metalúrgico Germán Larrea, el privatizador de redes de fibra óptica chilangas, el tenebroso señor del coopelas o cuello, el porro calderonista de tiempo completo, Javier Lozano Alarcón, tiene lista una reforma laboral que en breve pasará de Los Pinos al Congreso.

Hoy por hoy, habemos alrededor de 15 millones de trabajadores activos que contamos con seguridad social (IMSS, ISSSTE y otros), en tanto 28 millones más, en su mayoría empleados de industrias tan importantes como la automotriz, la farmacéutica y la del turismo, cuyos oficios (vendedores de coches, distribuidores de muestras médicas, comisionistas de agencias de viajes, etcétera) no están regulados por contrato alguno, por tanto no acumulan antigüedad ni tendrán derecho a jubilarse y “disfrutar” (valga la ironía) de una pensión.

Para obtener la jubilación y la pensión correspondiente, un trabajador adscrito al IMSS debe cotizar mil 250 semanas y cumplir 60 años de edad. Quienes giran en la órbita del ISSSTE deben, si son mujeres, acumular 28 años de servicio, y si son hombres, 30. De un largo tiempo a la fecha, los modernos empresarios han inventado un perverso mecanismo para ahorrar dinero. El ejemplo clásico, afirma don Antonio, es el del muchachito que empieza a trabajar en una firma a los 18 años y cuando 30 después sopla el pastel de las 48 velitas, pues ya cubrió la mitad del requisito para jubilarse: ya pagó sus mil 250 cuotas semanales. Pero aquí viene lo malo (o lo monstruoso): cuatro años después, cuando el hombre llega a la edad de 52, su patrón lo despide para no tener que pagarle la jubilación.

La reforma laboral que pronto estará en el centro de la atención pública (tal vez cuando arranque el Mundial de Sudáfrica) pretende, dice don Antonio, “precarizar” los contratos de esos 15 millones de trabajadores que hoy cotizan al IMSS, al ISSSTE o a otros. ¿Qué significa precarizar? Que los empresarios podrán desconocer los contratos colectivos de trabajo (he allí los casos de Luz y Fuerza del Centro y de la mina de cobre de Cananea), para que obreros y empleados pierdan su antigüedad y con ella su derecho a la jubilación y a su pensionsotototota de 2 mil o 3 mil pesos mensuales, menos 30 por ciento de impuesto sobre la renta.

Finalizada la entrevista con don Antonio, Desfiladero supo en otros ámbitos que, en el lado más oscuro de la luna, las alianzas electorales que Jesús Ortega (PRD), Alberto Anaya (PT), Luis Walton (Convergencia) y Manuel Camacho Solís (Carlos Salinas de Gortari) están haciendo con el PAN (Felipe Calderón) y con el PRI (Televisa y Tv Azteca) tendrán que ser pagadas con una sola moneda: la aprobación de la reforma laboral de Lozano. El Mundial empieza el 1º de julio, los comicios estatales serán el 4 y, luego, el cobro de facturas será inevitable.

En repudio a estas alianzas, a la corrupción de los chuchos y a la teocrática propuesta de Pablo Gómez para que los curas acaben con el Estado laico, el dirigente de base del movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador, Alfonso Suárez del Real, renunció ayer al PRD. Muchas y muchos más no tardarán en acompañarlo en estampida. ¡Por fin!

jamastu@gmail.com

*Tomado de La Jornada.

viernes, febrero 26, 2010

Un país que se diluye*









Tomados de La Jornada, Helguera, El Fisgón y Rocha y El Universal, Helioflores.


Axel Didriksson

MÉXICO, D.F., 25 de febrero.- En el proceso de vaciamiento, de ausencia de sentido en las perspectivas de largo plazo, el país parece como los ríos de agua sucia que causan pérdidas irreparables, humanas y materiales, pero sobre todo de generaciones enteras de jóvenes que ya no tienen confianza en la educación y viven a la deriva.

Es este el peor signo de la actual ingobernabilidad, pues la pérdida progresiva de las funciones del aparato del Estado y del sistema escolar se traduce en los inenarrables episodios de violencia y degradación que ocurren. La violencia generalizada que hace posible la actual ingobernabilidad es directa pero también indirecta. Así, además de manifestarse hasta en el asesinato de jóvenes departiendo alrededor de sus logros escolares o grupales, se expresa en la falta de políticas de gobierno para prevenir y solucionar lo más elemental de la seguridad de todos desde alguna racionalidad, o en el hecho de que, cuando esas políticas se emprenden, siempre llegan tarde o se dirigen en contra de la libertad (por ejemplo, contra la sexualidad de cada quien), aduciendo juicios morales o religiosos. Y todo ello, en un ambiente de demagogia y corrupción política.

En el fondo lo que se expresa es una violencia indirecta generalizada contra el sentido de la educación que forma o debiera formar para la defensa de los derechos humanos y la integridad emocional, cultural e intelectual.

La escuela mexicana está golpeada por la violencia que se deriva de esta pérdida de sentido de las políticas de gobierno. Hay hostigamiento verbal y hasta golpes en las aulas, mientras que los excluidos del sistema educativo no encuentran ninguna otra perspectiva que la ilegalidad o el crimen organizado: Con sus errores gramaticales, todas las “narcomantas” ponen de manifiesto dicha exclusión educativa.

Es una descomposición que a estas alturas abruma, sobre todo cuando se la ve desde la perspectiva de los educadores. Uno de ellos, Fernando Reimers, como si se refiriera a México, señala: “Cuando la escuela, los educadores y la sociedad no actúan decididamente para romper el ciclo de reproducción de la pobreza; cuando aceptan como inevitable, como un hecho natural, que aquellos estudiantes que han nacido en las comunidades de menores recursos tendrán por ello significativamente menos oportunidades de desarrollar su talento, es ésta aceptación cómplice de una forma de violencia indirecta. Otro aspecto de esta violencia lo constituye la utilización de los recursos que la sociedad asigna a la educación para fines distintos que el de promover el aprendizaje de los estudiantes. Cuando los sindicatos de maestros se hacen cómplices o promueven el bajo desempeño profesional de los profesores, o cuando los administradores públicos abusan para fines personales de la confianza que el Estado les asigna, son éstas formas de violencia indirecta contra aquellos en la sociedad que tienen menos voz para resistirla”. (Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, Metas Educativas 2011, página 135, 2009.)

En otras palabras, se incrementa la desconfianza hacia quienes tienen a su cargo el manejo de las políticas educativas cuando no saben adónde dirigir los recursos para la educación, o cuando, al aplicarlos, procuran obtener beneficios para sí mismos o para alguien en particular, de modo que su gestión tiene resultados políticos exitosos para ellos, pero no para mejorar la calidad y la cobertura del sistema educativo.

En suma, mientras los jóvenes no tienen ninguna otra salida que la pobreza y la ignorancia, pues la educación que reciben –cuando la reciben– se les escurre como el agua entre los dedos, el país también se nos diluye.

*Tomado de la revista Proceso.


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La frontera**


Luis Javier Garrido

La crisis institucional en que la oligarquía en el poder ha hundido a México, al entregar el control de recursos e instituciones a Washington y al capital trasnacional e instaurar un sistema de poder cada vez más despótico –mal disfrazado de transición democrática”–, ha llegado a sus extremos el cuarto año del gobierno entreguista de Felipe Calderón, que está siendo puesto en evidencia todos los días como acontece con el caso de Ciudad Juárez.

1. Los hechos están a la vista de todos, pues la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos reformulada por George W. Bush y que Barack Obama ha hecho suya, ha tendido a controlar de manera más directa la frontera con México, incluso desde territorio mexicano, de la misma manera que las costas y el espacio aéreo mexicanos, de ahí que desde 2006 el Departamento de Estado haya impuesto a Calderón las políticas de violencia y de una falsa guerra contra el narcotráfico a fin de hacer posible, entre otras cosas, un mayor control de Washington de los aparatos de represión o “de seguridad” de ambos lados de la línea fronteriza.

2. El clima de terror que el gobierno calderonista ha creado y exacerbado en Ciudad Juárez y la zona fronteriza, utilizando a las fuerzas armadas y a los grupos paramilitares que ha creado a semejanza de los de Colombia, obedece, como se sabe, a esas exigencias estadunidenses tanto como a su propia necesidad de supervivencia política, y eso es parte de lo que se ha evidenciado tras la masacre de los jóvenes estudiantes el 31 de enero que desnudó al gobierno calderonista, hechos sobre los cuales el propio Calderón no ha podido dar una explicación creíble, según se vio en su balbuceante entrevista del 23 y 24 de febrero con Joaquín López Dóriga.

3. El artículo publicado por William Booth en The Washington Post (24/2/10), afirmando que Washington ha decidido una escalada en la participación de agentes estadunidenses en territorio mexicano para ayudar a la lucha “contra los dirigentes de los cárteles” en Ciudad Juárez, “la ciudad más violenta de México”, donde subraya que hubo más de 2 mil 600 ejecutados en 2009, es ahora un nuevo indicador de que la violencia desatada por el gobierno panista acatando los designios del Departamento de Estado ha tenido un objetivo preciso. De acuerdo con la nota, Estados Unidos va a crear en Ciudad Juárez un centro de mando con analistas y agentes de inteligencia para trabajar, se dice, junto con los agentes mexicanos “entrenados por la FBI y la DEA”.

4. Las señales de que el gobierno de Barack Obama tiene como un objetivo central de su política de seguridad interna hacer más directo su control sobre la frontera con México desde territorio mexicano, las confirmó Janet Napolitano, su secretaria de Seguridad Interna, quien el mismo día 24, al comparecer ante el Comité de Seguridad Interna y Asuntos Gubernamentales del Senado estadunidense, expresó que “el imperio de la ley” se ha perdido en Ciudad Juárez, una urbe de millón y medio de personas, que se halla, hizo hincapié, al otro lado de un puente “de nuestra frontera”.

5. ¿A quién puede sorprender, por consiguiente, que en estos días en que el Senado de Estados Unidos decide el presupuesto y las políticas sobre México se produzcan nuevas matanzas como las de la frontera de Tamaulipas y de otros estados?
6. El anuncio público de esta escalada en la política de Washington hacia México no hace más que confirmar lo que ya se sabía: que agentes estadunidenses actúan en nuestro país desde hace años decidiendo las políticas del gobierno de facto calderonista sobre el narcotráfico y que las fuerzas armadas no hacen otra cosa que actuar bajo sus órdenes. El embajador Carlos Pascual al buscar matizar la información publicada no hizo más que refrendar desde Washington lo anterior ese mismo día, buscando minimizar el escándalo, pues asentó que Estados Unidos “no tiene agentes operativos” en México, lo cual quiere decir que sí tiene agentes de otro tipo y que las operaciones formales corren a cargo de las fuerzas armadas mexicanas y de la ahora llamada Policía Federal. Tenemos individuos “que son asesores técnicos”, dijo Pascual, y agregó que ahora buscan tener en México “consejeros”, según informó La Jornada el jueves 25. De manera que Calderón, quien ahora sólo es asesorado por Washington, en el futuro va a ser aconsejado.

7. Que el gobierno panista no tiene más proyecto nacional que hacer de México un protectorado estadunidense no es un secreto ya para nadie y Arturo Sarukhán, quien es formalmente embajador de México en Estados Unidos, pero en los hechos se presenta como un personero más de Washington, quiso contribuir a confirmar la situación al afirmar el mismo 24 que para el gobierno mexicano, que como se sabe violenta de continuo la Constitución General de la República, “el marco jurídico vigente” permite esta coordinación de ambos países: es decir, que funcionarios estadunidenses operen en territorio nacional como “consejeros”, lo que, para no ser menos, refrendó la Secretaría de Gobernación ese mismo día por la noche en un boletín.

8. La Cumbre de Cancún, que buscaba generar al gobierno panista de México otra imagen, no logró sus propósitos, pues en el continente todo mundo reconoce a México como un país satélite de Estados Unidos y este nuevo escándalo no hace más que evidenciar la realidad.

9. La entrega del país, que se empezó a llevar a cabo de manera encubierta desde hace 25 años y que a lo largo de los dos sexenios panistas se ha hecho de manera cínica y abierta, es responsabilidad, sin embargo, tanto de los gobiernos del PRI como de los del PAN. La afirmación que hizo el día 23 Carlos Salinas de Gortari en un seminario efectuado en el Centro Espinosa Iglesias de que la quiebra de bancos en 1995 fue “por seguir directivas de Estados Unidos” y de que hay que “mexicanizar” los bancos pretende a) levantar al PRI con una aureola de falso nacionalismo, pero también b) dejar sentado que su mafia pretende apoderarse de un grupo bancario, aunque no logra ocultar que fue Salinas quien privatizó la banca mexicana siguiendo instrucciones de Washington y que él ha sido el principal entreguista y traidor a México de nuestra historia reciente, junto, desde luego, con el panista Felipe Calderón.

10. El desafío que tiene México para el futuro inmediato no se le oculta ya a nadie en este 2010: el país no podrá salir de la crisis si el Estado no logra recobrar su poder soberano de decisión, y eso sólo lo podrá hacer un gobierno surgido del pueblo.

**Tomado de La Jornada.

jueves, febrero 25, 2010

Crisis e individualismo*



















Tomados de La Jornada, Hernández, El Fisgón, Helguera y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.


Octavio Rodríguez Araujo

Lo sabíamos porque se ve en la calle, pero faltaba el dato duro. Éste nos lo ha ofrecido Juan Antonio Zúñiga en su nota del martes pasado en este diario. Cito: La producción nacional de bienes y servicios tuvo una contracción anual de 6.5 por ciento durante 2009, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)”. Y más adelante añadió: “De acuerdo con las cifras históricas del organismo, ésta es la mayor caída del producto interno bruto (PIB) en 76 años, después del desplome de la economía ocurrido en 1933. El decrecimiento económico del año pasado superó al de 1995, el cual fue de 6.2 por ciento”.

Si el desplome de la economía en los años 30 del siglo pasado se debió a la Gran Crisis (así, con mayúsculas), ¿el de ahora puede considerarse igualmente una gran crisis? Por sus efectos en el empleo y en la capacidad de la mayoría de la población para cubrir sus necesidades básicas, sí, pero hace 76 años no se contaba, como ahora, con la válvula de escape conocida como economía informal, que en México mantiene ocupada más o menos a 60 por ciento de la población económicamente activa. Es la economía informal la que en parte ha salvado a la clase dominante de estallidos sociales que la pudieran poner en peligro de perder el control. Lo mismo se puede decir del gobierno, a pesar de sus grandes debilidades. La economía informal se inscribe en la lógica, aunque sea por coincidencia, de la individualización de la sociedad que no sólo ha propiciado el neoliberalismo como ideología dominante, sino la crisis económica que, para fines prácticos y al margen de estadísticas, se viene arrastrando desde mediados de los años 70, con algunos altibajos.

La economía informal es por definición la búsqueda individual de supervivencia, el “sálvese quien pueda” que se da en toda catástrofe, como cuando se hunde un barco. Para alguien desesperado, vender productos chatarra o piratas en las calles o bajo la mesa de un changarro aparentemente legal, o emplearse en las redes controladas por el llamado “crimen organizado”, es la única forma de no morir de hambre. Es por esto que el gobierno tolera estas actividades y la razón por la cual la guerra de Calderón va a fracasar, ya está fracasando. Si a esta situación, comprobable con datos también duros y citados por Zúñiga, se agrega la invasión masiva del neoliberalismo como ideología, que postula una sociedad de individuos, de esfuerzos personales, de ganadores y perdedores y de oportunidades para quienes luchan, incluso contra sus pares, para hacerse de un lugar en la economía (formal e informal), el cuadro es casi perfecto tanto para los señores del dinero como para los gobiernos a su servicio. Y es así porque la individualización de la sociedad ha cancelado, salvo en situaciones verdaderamente críticas y coyunturales localizadas (inundaciones, terremotos, defensa de la propiedad, etcétera), la solidaridad social y el espíritu de cuerpo, para no hablar de la identidad de clase que se perdió cuando el socialismo dejó de ser una moda para convertirse en una expresión entrecomillada o de adorno en el discurso.
Esta individualización de la sociedad en una dinámica de “sálvese quien pueda” explica en buena medida por qué la Confederación de Trabajadores de México (CTM), como se dice en una nota periodística, está en agonía y, lo peor, que no haya una fuerza organizada equivalente de trabajadores ni intentos, como en el pasado, por crear una gran central obrera alternativa. La reacción misma de poco más de la mitad de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), al aceptar su liquidación después de la artera desaparición de Luz y Fuerza, demuestra que la conciencia de clase y el espíritu de cuerpo se han desvanecido en el país. Hubo protestas, incluso movimientos, y los ha habido y los habrá en otros sectores de la población igualmente injuriada, pero debe reflexionarse por qué se trata de muchos pequeños movimientos (cada vez menos, comparados con los de hace 20 o 30 años) y no de grandes agitaciones o expresiones articuladas de descontento, que motivos hay y sobran. Esto explica, al margen de los errores de Marcos, por qué el neozapatismo ha casi desaparecido fuera de su zona de influencia directa y por qué la otra campaña fracasó rotundamente. Y esto explica por qué el Foro Social Mundial declinó hasta convertirse en desangeladas reuniones aisladas en diferentes países. Y así podría poner decenas de ejemplos de manifestaciones de descontento, algunas artificiales, como la de Atenco con motivo de los floristas expulsados de “sus” banquetas (¿los mismos defensores de los de Atenco recuerdan los nombres de los floristas agraviados?), y otras más auténticas que no lograron la solidaridad social que merecían. Los partidos políticos, para colmo, son dirigidos por gente sin principios y oportunista, y esto es así porque sus militantes están más preocupados por la chuleta (que es mucho decir) que por organizarse y hacer valer su fuerza numérica para tener los dirigentes que deberían si participaran activamente. Tal vez esta no participación se deba a que los militantes de los partidos tienen, como los ciudadanos comunes, otras prioridades: encontrar empleo y mantener a sus familias; sobrevivir en suma.

¿Soluciones? No las tengo. Pero seguramente no se encontrarán pensando que los cambios que necesita el país dependen, como si se tratara de un deseo pedido al genio de la lámpara, de una sociedad a modo que sólo existe en la subjetividad de algunos. Me acusarán de leninista trasnochado, pero sigo pensando que es necesario un partido que no sólo convoque a la movilización social, sino que articule políticamente la inconformidad al mismo tiempo que se preocupe, activamente, de su educación política.

PD para quienes no leen los periódicos de Morelos: la Universidad Autónoma del Estado de Morelos ya aceptó rectificar su estatuto para regresar a las escuelas y facultades en lugar de centros organizados por campos problemáticos o de conocimiento subordinados a institutos de investigación.

*Tomado de La Jornada.

miércoles, febrero 24, 2010

Cinismo político y grandeza ciudadana*


















Tomados de La Jornada, El Fisgón, Hernández, Helguera y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.



Javier Sicilia

MÉXICO, D.F., 23 de febrero.- Es 12 de febrero. El canal televisivo Milenio muestra una imagen de la visita que, después de sus desacertadas declaraciones en Tokio, Calderón hizo a Ciudad Juárez para pedir perdón a los padres de familia de los muchachos asesinados y hablar de un replanteamiento de su política de guerra contra el narcotráfico. Afuera del Centro de Convenciones, donde se realiza la reunión, una multitud ciudadana, contenida a golpes de tolete, grita indignada. Gómez Mont, por órdenes del presidente, sale del Centro de Convenciones para hablar con ella. Entre los gritos de “¡Asesino, asesino!”, el secretario de Gobernación, siguiendo el viejo adagio priista de que la política “es el arte de tragar mierda sin hacer gestos”, permanece impávido. Habla con uno, con otro. Pero la multitud continúa coreando el mismo grito que concentra su indignación.

Desesperado, rodeado, al igual que los narcos, de “guaruras”, Gómez Mont se dirige a su camioneta. Repentinamente, una voz femenina – continuación de la de una madre de dos hijos asesinados que, dentro del Centro de Convenciones, acercándose al presidente, le espetó que no le estrechaba la mano ni le daba la bienvenida–, grita: “¡Si no puedes, renuncia!”. En ese momento, el secretario –como un signo ominoso y contradictorio de las campañas gubernamentales contra la obesidad– pierde, por fin, la compostura y se vuelve en busca de aquella voz. Si la palabra “asesino” no lo toca –Gómez Mont no conoce los pecados de omisión–, la exigencia de su renuncia, que quizá le recuerde que un día antes, por motivos oscuros, renunció a su militancia panista, lo descompone. La mierda, con la que en su carrera política se ha alimentado, comienza a provocarle agruras. Impotente, volviéndose hacia la portezuela de su camioneta, exclama: “¡Qué diálogo es este?”, y se va.

Gómez Mont, hijo de una clase que ha hecho de la vida política un negocio y una forma legal de la impunidad, olvidaba dos cosas: 1) que el grito de aquella mujer era y continúa siendo un recordatorio de lo que unos años atrás, cuando Calderón metía al país en esta guerra absurda, había dicho el señor Martí, cuyo hijo asesinado preludiaba lo que ahora, para nuestra desgracia, se ha multiplicado de manera exponencial; 2) que aquella gente no se había reunido en las afueras del Centro de Convenciones a dialogar, sino a exigir lo que una ciudadanía está obligada a exigir a sus gobernantes cuando la traicionan.

El gesto de Gómez Mont –que el canal Milenio capturó–, su azorada indignación ante los reclamos de una ciudadanía humillada, concentra el cinismo de nuestra clase política. Mientras ésta se enmascara bajo spots triunfalistas y se molesta porque nadie habla bien de México; mientras hace acuerdos para mantener el poder –alianzas innaturales y negociaciones a espaldas de la ciudadanía–; mientras, en nombre de esas abstracciones llamadas Estado y Mercado, somete a la clase trabajadora a impuestos absurdos y exenta de ellos a los grandes consorcios y a la Bolsa –México es el único país que no ha tasado con impuestos el dinero improductivo de la especulación–; mientras crea una guerra contra el narcotráfico y deja intocado el dinero que lava; mientras encarcela y trata como delincuentes a luchadores sociales, y cierra los ojos frente a los criminales de cuello blanco y las atrocidades de gobernantes indignos –como el pederasta Marín o el asesino Ulises Ruiz–; mientras corrompe al Ejército en una guerra que día con día, a pesar del triunfalismo presidencial, se pierde, la ciudadanía debe ver a sus hijos asesinados, debe vivir con miedo, debe hacer cola en busca de empleos mal remunerados, debe trabajar –como en la era del capitalismo salvaje– para la simple reproducción, debe levantarse cada día con el espectáculo atroz de cuerpos mutilados.

Durante tres años, los ciudadanos hemos tenido que soportar eso, y para advertirnos que continuará, Gómez Mont se indigna ante la exigencia de que renuncie, y el presidente insiste en que reforzará la violencia. Sus abstracciones: la guerra como método para construir un mundo mejor, sus esperanzas en las “bondades” del mercado y el poder, valen más que los muchachos asesinados y que el llanto sin consuelo de unos padres que jamás verán crecer a sus hijos porque Gómez Mont, Calderón, el Ejército, los partidos y los representantes de las Cámaras han decidido que sus abstracciones y sus luchas por el poder son más importantes que los hombres, las mujeres y los niños de este país.

Por menos que eso, en países que saben lo que la democracia significa, las renuncias no habrían dejado de sucederse. Por desgracia, el cinismo es el método de la política mexicana y, paradójicamente, del crimen: quienes creen en el poder, cualquiera que sea su justificación, construyen y autorizan el terror. Pero habrá siempre una ciudadanía –como la que se reunió en Ciudad Juárez– que se opondrá a la imbecilidad de esos cínicos enfundados en trajes de marca y, dándoles la espalda, gritándoles que hace tiempo dejaron de representarnos, construirá lentamente el proyecto y el lenguaje político que nos arrancaron.

Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar a los presos de Atenco y de la APPO, y hacer que Ulises Ruiz salga de Oaxaca.

*Tomado de la revista Proceso.

martes, febrero 23, 2010

La represión del "cabrón irresponsable"*













Tomados de La Jornada, El Fisgón, Hernández y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.


Álvaro Delgado

MÉXICO, D.F., 22 de febrero (apro).- En un país donde la clase política idolatra la mentira, valor supremo de toda componenda, decir la verdad es blasfemia.

Y eso fue lo que ocurrió con el diputado federal Manuel Clouthier Carrillo, contra quien el gobierno de Felipe Calderón y el Partido Acción Nacional (PAN) activaron, en una estrategia conjunta, un desproporcionado embate para censurarlo y someterlo.

¿La razón? Denunciar públicamente, en una entrevista periodística con este reportero y publicada en el semanario Proceso, que la “guerra” contra el crimen organizado no ha llegado a Sinaloa, cuyo cártel, encabezado por Joaquín El Chapo Guzmán, goza de la protección institucional del gobierno federal:

“El gobierno federal habla de una guerra contra el narcotráfico que en Sinaloa no se ha visto. Se ha golpeado a todos los cárteles y no ha sido proporcional con el cártel de Sinaloa. ¡Eso es evidente! ¡Y si nos preguntan a los sinaloenses es más evidente!”

No sólo eso, sino que Clouthier --ajeno a los recovecos de los políticos del altiplano y con el lenguaje claridoso de los norteños-- se refirió directamente a Calderón por no atacar la “narcopolítica” en Sinaloa:

”Eso significa que nos va a costar a los sinaloenses generaciones enteras porque un cabrón irresponsable --y digo irresponsable porque es su responsabilidad-- no tuvo el tamaño de hacer lo que le correspondía por mandato.”

Aunque la revista Proceso comienza a circular la noche del sábado, para los suscriptores, el domingo comenzaron a cobrar dimensión las palabras del empresario que fue, durante tres lustros, director del diario El Noroeste, de Culiacán, Sinaloa, e hijo de Manuel Clouthier del Rincón, candidato presidencial del PAN en 1988.

Ese mismo diario sinaloense y otro de la Ciudad de México, La Razón, siguieron la información publicada por el semanario y hablaron con el legislador que ratificó, como en decenas de entrevistas más en casi todos los medios, la médula de su afirmación.

Es decir, que el crimen organizado en Sinaloa cuenta con la protección institucional, a tal punto que existe la posibilidad real de que sea gobernado por un narcotraficante, y este modelo está siendo “clonado” en otras entidades del país. Por eso, dijo, el caso Sinaloa es peor aún que el martirio de Chihuahua, particularmente Ciudad Juárez.

El aludido, lastimado en su sensibilidad por ser exhibido como un “cabrón irresponsable” por el hijo del prócer panista, montó en cólera y, desde el fortín militar que habita transitoriamente, emitió la orden de escarmentar al insolente. Y se activaron los mecanismos de represión.

Los cortesanos de Los Pinos, incluido César Nava, creyeron que con el vapuleo contra Clouthier podían, además, “matar” el escándalo por el deleznable pacto de Fernando Gómez Mont con el PRI para aumentar impuestos a cambio de la orfandad electoral del PAN, que había escalado hasta exhibir a Calderón como inepto, mentiroso y sin palabra.

La estrategia, que fundió al gobierno y al PAN en uno solo, salvó a Nava de aclarar su conocimiento y responsabilidad en el arreglo con el PRI, como afirmó Gómez Mont, y con esta lógica de facción ordenada por el déspota se llegó al extremo del ridículo.

Inició la ofensiva nada menos que el próximo exsecretario de Gobernación, quien exhibió, en una carta que envió el miércoles al semanario, un amasijo de números para dar credibilidad a su aserto de que el gobierno federal combate a todas las bandas por igual.

Le siguió la diligencia y diputación del PAN: No sólo se amenazó a Clouthier con deponerlo como diputado federal si no reculaba, sino que el CEN “desautorizó” sus declaraciones, como si se tratara de un militante, que no lo es, y desconociendo lo que establece el artículo 61 constitucional, que establece que los legisladores no pueden ser reconvenidos por sus opiniones.

La ofuscación de Calderón que activó el embate contra Clouthier ha tenido ya respuesta: El legislador no sólo no se ha desdicho, sino que inclusive ha anunciado que se reafiliará al PAN, en el que dejó de militar en 1994, “cuando tenía chiste ser panista, es decir, cuando era ir en contra de todo el establisment, cuando era un panismo generoso, de entrega, y no un panismo de oportunidad en el poder”.

De hecho, en la entrevista con el reportero, había anticipado que podría haber represión: “Si es real que se me está aplicando un castigo, se equivocan: No voy a aprender con esos castigos. Si alguien cree que con eso van a someterme, se equivocan.”

Advertía: “Primero, tengo una escuela que aplica una tesis distinta y lo decía Maquío. Habemos gentes que somos como los toros de lidia: entre más nos pican más embestimos. Segundo, gozo y amo mi independencia y mi libertad. Y tercero: soy un convencido que aun con todas mis limitantes, algo tendré que aportar.”

Y de plano anticipaba: “No sé tragar mierda sin hacer gestos. Me cuesta mucho callar.”

Apuntes

Vista la represión contra quienes disienten en el PAN, está latente la sanción que padecerá el senador Ricardo García Cervantes quien, en entrevista con Proceso, repudia el pacto de Gómez Mont con el PRI para elevar impuestos y hace responsable también a Nava, así como a Josefina Vázquez Mota y Gustavo Madero, en un arreglito igual al que hicieron Emilio Gamboa con Kamel Nacif… Otra víctima reciente de la intolerancia del PAN es la diputada local Lía Limón, hija de Miguel Limón Rojas, secretario de Educación de Ernesto Zedillo, quien no se sumó a la cruzada de Calderón asociado con el clero católico y El Yunque para atacar el derecho a los matrimonios entre personas del mismo sexo… Mientras, el PAN se regodea con la postulación de puros expriistas…

Comentarios: delgado@proceso.com.mx

*Tomado de la revista Proceso.

lunes, febrero 22, 2010

En defensa del cabrón irresponsable*








Tomados de La Jornada, Hernández y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.


Miguel Ángel Granados Chapa

MÉXICO, D.F., 22 de febrero.- Ajeno ya al PAN, refrendado en su cargo por un reticente y nada entusiasta espaldarazo del presidente de la República, el secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont demoró en mostrar la lealtad que le reconoce Felipe Calderón. Frente a la insólita, tremenda, apabullante acusación del diputado panista Manuel Clouthier Carrillo, quien llamó al Ejecutivo “cabrón irresponsable… que no tuvo el tamaño de hacer lo que le correspondía por mandato”, es decir, de emprender la guerra al cártel de Sinaloa, Gómez Mont descalificó de modo virulento sus apreciaciones. Las llamó “falsas”, “irresponsables” y “moralmente condenables”.

El domingo 14 Proceso ofreció una singular, demoledora entrevista de Álvaro Delgado a Clouthier Carrillo, en que el hijo mayor de Maquío denuncia la falta de acción gubernamental contra el narcotráfico en su natal Sinaloa: “El gobierno federal habla de una guerra contra el narcotráfico que en Sinaloa no se ha visto. Se ha golpeado a todos los cárteles y no ha sido proporcional con el de Sinaloa. ¡Eso es evidente!”

No sólo eso. El antiguo director de los diarios Noroeste, de Culiacán y Mazatlán, ve en su tierra “cosas muy extrañas”, como la compra de terrenos propiedad del exgobernador Antonio Toledo Corro, en cuya época (1980-1986) florecieron en esa entidad bandas de narcotraficantes como la de Rafael Caro Quintero y Miguel Ángel Félix Gallardo, emparentado con el exgobernador que como secretario de la Reforma Agraria bajo López Portillo hizo grandes negocios (con los que favoreció a sus allegados y a no pocos periodistas) a través de un programa nacional de desmonte que cuenta entre las grandes estafas nacionales. Fonatur compró a Toledo Corro 2 mil hectáreas, a un costo de mil 200 millones de pesos para establecer un desarrollo turístico.

Clouthier consideró ese hecho “muy emblemático y sospechoso”. Y se pregunta si no había otros terrenos: “¿Cuál es el mensaje que se está mandando al sinaloense y a la comunidad mexicana. ¡Para mí eso es extrañísimo… ¿Qué tipos de arreglos hay allí, qué cosas extrañas están sucediendo. No tengo respuestas. Tengo preguntas que me veo obligado a formular públicamente.”

Sin embargo, Clouthier no tenía sólo interrogaciones, sino también contundentes denuncias. Se refiere a la “camarilla mafiosa en el poder”, que “actúa aliada con el crimen organizado”. E implica en esa camarilla no sólo a los gobernantes priistas de Sinaloa (los dos más recientes, y Jesús Vizcarra, el que viene), que ahora cuenta según su visión con la complicidad del gobierno federal.

Álvaro Delgado realizó esa entrevista a Clouthier el jueves 11. En la víspera el secretario de Gobernación había renunciado a su militancia panista y había quedado en el limbo. Pretendió ocultar sus razones tras una endeble discreción profesional pero pronto tuvo que admitir que la decisión panista de gestar alianzas opositoras al PRI contrarió su propia estrategia de entendimiento con el partido antaño dominante y en trance de serlo de nuevo. Entre ambigüedades se reconoció autor de una promesa que no podía haber formulado en nombre del PAN, la de abstenerse de formar coaliciones con el PRD, y su partido lo hacía quedar mal ante el PRI, que había cumplido su parte del pacto aprobando el paquete económico de 2010.

La entrevista con Clouthier apareció el domingo, como queda dicho y saben los lectores de Proceso y ni ese día, ni el lunes, el martes y el miércoles siguiente preocupó a Gómez Mont, más interesado en establecer su propio derrotero que en defender al Presidente de la grave acusación lanzada no por un seguidor de López Obrador o por este mismo sino por el actual jefe de una familia que dio al PAN un singularísimo candidato presidencial, y él mismo es legislador federal y eventual candidato a la gubernatura sinaloense (aunque por ahora haya declinado serlo). En medio de especulaciones sobre la durabilidad de su encargo como secretario de la política interior que abandona su propio partido tras generar desconfianza en el principal interlocutor, por fin el martes 16 fue confirmado en su cargo.

En una entrevista de circunstancias ante una televisora local de Puebla, Calderón, visiblemente fatigado tras una gira y desatento a su expresión al punto de repetir la palabra clave dos veces en tres líneas, el Presidente definió a su colaborador: “Es un hombre leal, un secretario de Gobernación que cumple su encomienda, como se dice entre abogados, a su leal saber y entender, es decir, con plena voluntad, que goza además de toda mi confianza”. Desde Los Pinos se emitió un comunicado con ese párrafo, que quizá más que a beneficiar a Gómez Mont estaba destinado a deslindar al propio Calderón de las percepciones de que había incurrido en un juego doble al cabo del cual hizo pagar las consecuencias al secretario de Bucareli.

Confirmado en su cargo, Gómez Mont escribió apenas el miércoles 17 la carta a Clouthier llena de rotundos reproches e información que buscaba contradecir al diputado. A pesar del carácter abierto y público de la declaración del hijo de Maquío, Gómez Mont prefirió responder en privado, pues su oficina no presentó la carta en formato oficial, dentro de un comunicado.

Clouthier, en cambio, siguió su táctica de gritar sus inconformidades. Dio una entrevista el jueves 18 a Adriana Pérez Cañedo. Dijo estar “helado” y “tristísimo” ante la respuesta de Gómez Mont, a quien señaló como defensor de oficio del gobierno de Culiacán, que había preferido guardar silencio. En su respuesta, el secretario rechazó que el gobierno federal se abstuviera de combatir al narcotráfico en Sinaloa. Aportó nombres y cifras de detenidos que avalan su afirmación. Y concluyó con una tontería: “no es con descalificaciones como se combate el narcotráfico” (pues no, y nadie lo pretende). Y contraacusó diciendo que “las acusaciones falsas e infundadas en nada contribuyen a un esfuerzo colectivo como nación, que merece y necesita el compromiso de todos los mexicanos”.

Ese último párrafo inquietó a Clouthier: “me está dando la razón… me está diciendo que Sinaloa es intocable. Desde el momento en que él se convierte en defensor de oficio del gobierno estatal pues, caramba, digo yo: ahora sí me cargó el carajo”.

*Tomado de la revista Proceso.
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Secretarios en conflicto**


John M. Ackerman

La negociación de Fernando Gómez Mont para intercambiar el alza en los impuestos por las elecciones en Oaxaca implica una franca violación tanto a la Constitución como a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (LFRSP). Asimismo, los subsidios otorgados por la Secretaría de Agricultura a empresas de Francisco Mayorga, titular de la dependencia, su padre y sus hermanos, constituye un abierto atropello a la legalidad del país. Ambos funcionarios tendrían que presentar su renuncia o, al menos, separarse temporalmente de sus cargos para que la Secretaría de la Función Pública, el Instituto Federal Electoral y la Procuraduría General de la República realicen las investigaciones correspondientes.

Uno de los logros más importantes de la histórica reforma electoral de 2007 fue la inclusión de tres nuevos párrafos en el artículo 134 de la Constitución que buscan evitar la intervención indebida de funcionarios públicos en los procesos electorales. Específicamente, el párrafo séptimo de este artículo hoy señala que los servidores públicos tienen “en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos”.

Este texto legal busca acabar con la muy conocida tradición del régimen de partido de Estado, que si bien dio inicio con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha sido continuada religiosamente por el Partido Acción Nacional (PAN), de confundir los asuntos públicos con los intereses del partido. La utilización por parte del secretario de Gobernación de su cargo, y los recursos que le corresponden, para apoyar al PRI y afectar los intereses de los partidos de izquierda en Oaxaca, violenta directamente la disposición constitucional arriba señalada, como bien ha sido advertido por Miguel Ángel Velázquez. No existe diferencia legal alguna, por ejemplo, entre este abuso y la utilización de programas sociales para favorecer al partido político en el poder.

Es cierto que el Congreso aún no ha aprobado la ley reglamentaria que daría forma a esta nueva disposición constitucional. Sin embargo, las autoridades del país tienen la obligación de cumplir en todo momento con la Carta Magna, de acuerdo con el principio de supremacía constitucional plasmado en el artículo 133, y la LFRSP ya castiga con una posible destitución, inhabilitación o sanción económica al servidor público que desvíe recursos públicos o haga un uso indebido de su cargo.

El caso del secretario de Agricultura es igual de grave e incluso podría implicar responsabilidades penales. La LFRSP prohíbe explícitamente la intervención de cualquier funcionario público en “la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios” (artículo 8, fracción XI). Asimismo, el Código Penal Federal castiga hasta con 12 años de cárcel al funcionario que cometa el delito de “ejercicio abusivo de funciones” que implica el otorgamiento de “contratos, concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones, efectúe compras o ventas o realice cualquier acto jurídico que produzca beneficios económicos al propio servidor público” o a su familia (artículo 220).
Francisco Mayorga podrá alegar que no era funcionario público cuando a él y su familia se le otorgaron los apoyos de Procampo. No obstante, hoy sí lo es y cualquier acción legal realizada para ratificar o dar continuidad a estos apoyos desde la Secretaría de Agricultura podría ser causa de responsabilidad para su titular.

Estos casos son apenas dos ejemplos más de los múltiples conflictos de interés que han caracterizado al gabinete de Felipe Calderón. Todos recordarán el nombramiento del yerno de Elba Esther Gordillo como subsecretario de Educación, los turbios negocios de Luis Téllez, los ilegales contratos de Juan Camilo Mouriño y el conspicuo perfil del actual secretario de Desarrollo Social. Frente a todo ello, urge una reforma en la materia, que no solamente castigue la utilización indebida de los cargos y recursos públicos, sino que también se oriente a prevenir los conflictos de interés.

Antes de aceptar cargos, los funcionarios públicos de alto nivel tendrían que realizar una extensiva declaración de sus intereses y relaciones personales, políticas y de negocios. También habría que obligarlos a deshacerse de inversiones y relaciones potencialmente contaminantes para su desempeño antes de poder recibir su nombramiento. En los casos más extremos, tendría que prohibirse abiertamente el nombramiento de personas con vínculos históricos con el sector que tendrían la responsabilidad de regular o administrar. Se recomienda la lectura del nuevo libro de Irma Eréndira Sandoval, Corrupción y transparencia: debatiendo las fronteras entre Estado, mercado y sociedad (Siglo XXI Editores/IIS-UNAM) para una contribución imprescindible sobre este tema.

En este contexto, es de celebrar que la coalición de los partidos de izquierda (PRD, PT y Convergencia) hayan incluido la ratificación del gabinete en su iniciativa de reforma política. Uno de los puntos más importantes que el Congreso de la Unión tendría que revisar en el proceso de auscultación de las propuestas para secretarios de despacho debería ser precisamente la existencia de los posibles conflictos de interés. Por el bien del país, hagamos votos para que así suceda.

http://www.johnackerman.blogspot.com/

**Tomado de La Jornada.

domingo, febrero 21, 2010

Una historia de amor… y espionaje*


Tomado de La Jornada, Hernández.


Juan Veledíaz

Esta historia guarda una curiosa similitud con el escándalo Watergate, que obligó a Richard Nixon a renunciar a la presidencia de Estados Unidos, a mediados en 1974: un grupo de exempleados de servicios de inteligencia gubernamentales son llevados a juicio tras haberse descubierto que realizaban actividades de espionaje político. El contexto: la contienda rumbo a 2012. Detenidos el año pasado, fisgoneaban en las vidas públicas e íntimas de alcaldes, legisladores, gobernadores, secretarios de Estado…, pero con una inquietante excepción: evitaron husmear en la vida de Enrique Peña Nieto, el priista que ansía la silla presidencial. Esta era la versión de la PGR. Pero es otra la que sostienen los espías –todos exagentes del Cisen– encarcelados. Aseguran que actuaron “por órdenes de Los Pinos” y que sí espiaron al gobernador mexiquense, e incluso a su prometida, la actriz Angélica Rivera.



La llamada fue alrededor del mediodía y no tardó más de un minuto. Del otro lado del auricular una voz anónima denunció que afuera de las instalaciones del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) uno de los empleados había “entregado documentos de manera sospechosa” a un individuo que no trabajaba ahí. Se trataba de un agente especializado en el manejo de “información reservada y datos sensibles”, que aquel 4 de agosto de 2008 fue sorprendido “mientras volteaba nervioso a varios lados para ver quién lo observaba”.

Desde ese momento, Alejandro Rodríguez Rosas, jefe de departamento en la Subdirección de Investigación Metropolitana del Cisen, encargado de partidos y organizaciones políticas, quedó sujeto a vigilancia especial.

En los días siguientes se reportó que se “apreciaron actitudes” que corroboraron la denuncia: el funcionario facilitaba documentos a un grupo de exempleados del Centro que compraban información no sólo al Cisen, sino a personas con acceso a datos restringidos que laboraban en dependencias como la Policía Federal, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Hacienda, el Instituto Federal Electoral y hasta bancos y empresas telefónicas.

Este es el inicio de lo que habría de convertirse en una investigación especial, pues se enfocó a un grupo de exfuncionarios del Cisen que trabajaron durante dos décadas en los órganos de inteligencia civil hasta finales del sexenio de Vicente Fox y que, más tarde, durante 2007 y 2008, fueron “reclutados” para efectuar tareas de espionaje contra los principales actores políticos de cara a la elección presidencial de 2012.

Entre los sujetos espiados por este grupo había gobernadores, legisladores y secretarios de Estado, así como presidentes municipales, tanto perredistas como panistas y priistas. Pero en la lista resalta la ausencia de un personaje: Enrique Peña Nieto.

Una investigación ministerial de la Procuraduría General de la República consignada al Juzgado 18 de Distrito, con sede en el Reclusorio Norte, recopiló evidencias que apuntaban al gobierno del Estado de México como presunto responsable de las citadas actividades de espionaje, pero el hilo de la madeja no se siguió, según se desprende de documentos judiciales cuya copia tiene Proceso.

Días antes de la elección federal de julio de 2009, salieron a la luz datos acerca de los espiados; meses después, en noviembre, se difundieron también detalles, recopilados de manera ilegal, en torno a la vida privada de algunos políticos.



La red



La tarde del 9 de septiembre de 2008, Alejandro Rodríguez Rosas llegó al restaurante El Portón de la plaza comercial San Jerónimo. Buscó una mesa y pidió un café. Mientras esperaba hizo un par de llamadas con su teléfono celular. Minutos más tarde llegó un hombre al que saludó de manera amigable. Ambos platicaron poco más de media hora. Antes de despedirse intercambiaron unos sobres amarillos tipo nómina. En uno había documentos; dinero en efectivo en el otro. Quienes los vigilaban alcanzaron a escuchar que el funcionario del Cisen decía: “Muy bien, jefe Dena”.

Días más tarde, Rodríguez salió de su oficina en su vehículo y tomó Periférico rumbo al norte de la ciudad. Nunca se dio cuenta de que lo seguían. Se estacionó en la calle Antonio Cárdenas, a las afueras de una casona en Lomas de Huizachal, por el rumbo del campo militar. Media hora después salió acompañado del mismo hombre con el que fue visto en el restaurante. Ambos llevaban unos fólderes cuando abordaron una camioneta Lincoln que apenas avanzó una cuadra, hasta la calle Felipe Ángeles. Entraron a una casa y al poco rato Rodríguez salió solo, abordó su vehículo y regresó al Cisen.

En otra ocasión, por la noche, el funcionario abandonó su trabajo acompañado de Enrique Zaldívar González, jefe del departamento de Servicios Técnicos. Los dos se dirigieron a la calle Lago Ginebra, por el rumbo de la Torre de Pemex, donde entraron a las oficinas de la empresa Seguridad Privada Inteligente Proveedora de Soluciones Activas, S.A.

Eso era lo que los agentes comisionados al seguimiento esperaban descubrir. Así que, a finales de septiembre, visitaron las instalaciones de la compañía haciéndose pasar como clientes interesados en contratar sus servicios. Ahí los recibió Luis Miguel Dena Escalera, un individuo que se presentó como director y que resultó ser el mismo con quien días antes habían visto a Rodríguez Rosas.

Comenzaron por preguntar acerca de los costos de la investigación de personas. Dena comentó que “había ciertas investigaciones que resultaban caras”, ya que por lo regular se operaba en ellas con “anuencia de la autoridad”. Así, el costo variaba en función del número de personas a investigar y el cargo que ocuparan, además de que se precisaba contactar con gente que les vendiera “información 100% fidedigna”.

A la reunión se sumó Guillermo Lago Montes, a quien Dena presentó como uno de los directivos de la empresa. Uno de los agentes preguntó cómo se podía obtener información confiable sobre un gobernador. Dena respondió que en esos casos tenían que buscar a sus contactos en la Secretaría de Gobernación: ese tipo de datos se obtenían a través del Cisen. Charlaron un poco más y se despidieron.

Ya afuera de las oficinas, los agentes estacionaron su vehículo en una calle cercana y montaron guardia. Observaron que al anochecer Dena salió acompañado de Lago Montes y que ambos se dirigieron al mismo restaurante de San Jerónimo, donde ya lo esperaba Rodríguez Rosas acompañado de Zaldívar González. Los cuatro sostuvieron una prolongada reunión. Al final, intercambiaron sobres amarillos, unos con documentos y otros con dinero en efectivo.



El búnker



En mayo de 2008, Luis Miguel Dena Escalera buscaba urgentemente una casa para rentar en un lugar tranquilo, fuera del bullicio y tráfico citadino; no quería que se notara que serían oficinas. Encontró un inmueble de dos plantas con jardín en la parte trasera, en una calle cerrada: Alberto Cárdenas, del Huizachal, zona residencial habitada sobre todo por militares retirados. Ante los dueños de la casa se presentó como director de una compañía de seguridad privada. El espacio le pareció ideal para sus “ejecutivos”: era amplio y tenía un cuarto de dos niveles en la parte posterior, junto al jardín, que podría servir de estudio para su novia, una pintora.

Los propietarios del inmueble notaron que Dena portaba varios teléfonos celulares en el cinturón y que conducía un vehículo muy lujoso. Él no se tomó la molestia de revisar las condiciones del contrato. Lo que quería era instalarse a la brevedad.

Al paso de los días, en lo que se formalizaban los detalles del contrato de arrendamiento, Dena comenzó a alardear de que conocía a funcionarios “muy importantes” en el Estado de México y pidió a los dueños del inmueble que le hicieran los recibos a nombre de la empresa de Lago Ginebra. Meses después, cuando la casa fue asegurada por la PGR, urgió a los propietarios a cambiar los comprobantes por otros a nombre de Servicios de Inteligencia Industrial y Comercial FEVI, otra empresa “fachada” dedicada a espiar y de la que, a diferencia de la anterior, no aparece acta constitutiva.

A sus 43 años de edad, Luis Miguel Dena Escalera era un hombre de complexión robusta, cabello lacio y de trato cordial que decía vivir en Cancún, Quintana Roo. Su empresa tenía oficinas ahí, al igual que en Querétaro, Aguascalientes y Zacatecas, donde nació. Comenzó su carrera en el servicio público en 1986 en el Instituto Nacional de Migración.

En marzo de 1994 ingresó al Cisen como delegado en Chiapas, pocos meses después del levantamiento zapatista. De ahí ascendió a director de Investigación del organismo en la Ciudad de México, por lo que acordaba con el director general, Jorge Tello Peón, quien a la postre se convertiría en asesor de seguridad de Felipe Calderón. Poco después fue nombrado delegado en la capital, y más adelante tuvo el mismo cargo en el Estado de México.

En su ficha judicial quedó registrado que trabajó en el Cisen hasta el 15 de noviembre de 2005 y que después entró a la Secretaría de Seguridad Pública como coordinador de Inteligencia para la Prevención de la Policía Federal Preventiva, cargo al que renunció el 31 de julio de 2006, después de que versiones periodísticas lo vincularan con el narcotráfico.

Algunos meses antes de que Dena rentara el inmueble, uno de sus socios, Yosef Shevah Porat –mayor del ejército israelí especialista en artes marciales y tácticas antiterroristas– había arrendado una casa en Felipe Ángeles, una calle contigua. Este hombre permanecía en el país en calidad de “no migrante” y apareció en registros como “visitante con actividades lucrativas”. Huyó cuando se descubrió que apoyaba a Dena en labores de espionaje.

La casa del Huizachal fue cateada, a raíz de lo cual se encontró una credencial de elector con la foto de Dena Escalera a nombre de Antonio Ricardo Caballero Charón. También se halló equipo sofisticado para realizar grabaciones de audio y video oculto en anteojos, corbatas y carteras, así como aparatos inalámbricos capaces de grabar audio a través de paredes, pisos, puertas y techos. Junto a la documentación que lo acreditaba como “perito en aspectos técnicos y en medidas de seguridad electrónica de la información” aparecieron unos formatos de diploma vacíos, los cuales tenían “antefirmas de diversos funcionarios del Estado de México”.

El equipamiento de la casa de la calle Antonio Cárdenas con tecnología de punta para espiar se realizó durante julio de 2008. El encargado de ello fue Zaldívar González, especialista del Cisen. De acuerdo con el testimonio judicial de uno de los técnicos que participó en dicho equipamiento, los sistemas informáticos tenían una página web con los mismos datos e información que usaban en el Cisen, y “clonaron” el software donde se resguardaban los “panoramas informativos”, las “agenda de riesgos”, el “panorama nacional”, los “ciclos de inteligencia” y la “guía para realizar entrevistas en materia de inteligencia”, así como la “guía para utilizar la técnica de sonsacamiento en materia de inteligencia”, entre otros aspectos.

Los panoramas, las notas informativas y las sinopsis de Estado o de personas las realizaban con información de radio, televisión, internet, diarios y revistas, pero también privilegiaron “fuentes cerradas o confidenciales de acceso restringido” y la “intercepción de comunicaciones privadas”.

Junto a Dena, encabezaron la estructura de espionaje varios de sus viejos conocidos del Cisen, como Guillermo Lago Montes, un exempleado de Gobernación que laboró en distintas áreas de inteligencia de noviembre de 1980 a abril de 1993 y que, tras renunciar a la dependencia, se dedicó a brindar “consultorías privadas”, por las que llegó a cobrar hasta 150 mil pesos al mes.

En dicha estructura también figuraban Miguel Ángel Solís Hernández, exagente enfocado al estudio “sociopolítico de la información”; Alfredo Ávila Uribe, empleado de Gobernación de enero de 1986 a septiembre de 1993, especialista en “subversión” y temas “delictivos”; José Tagle Balderas, agente del Cisen de 1993 a 2006, donde planeaba estrategias de investigación.

Estos dos últimos sujetos, según el expediente judicial citado y cuya copia tiene Proceso, trabajaron en la coordinación de Inteligencia de la Policía Federal Preventiva hasta 2007. A todos ellos se sumó Alejandro Rodríguez Rosas, quien desde 1991 era empleado activo del Cisen, donde fue subordinado de Dena entre 2005 y 2006. Él renunció “voluntariamente” al Centro el pasado 15 de febrero de 2009, poco antes de ser detenido.

Además de sus “ejecutivos”, Dena contrató a un grupo de “analistas”. Una de ellas, Adriana Morales Rodríguez, dejó un testimonio judicial. Reveló que a la información recopilada tenía que dársele un formato con puntos a desarrollar, como “sinopsis, vínculos, relaciones afectivas, información general, fortalezas, debilidades o vulnerabilidades, y la trayectoria profesional del indagado”. También, dijo, los analistas anexaban datos “confidenciales”, como domicilio, enemistades, lugares que frecuentan en su vida pública, situación patrimonial (bienes y cuentas bancarias), trayectoria laboral, vulnerabilidades profesionales y personales, vínculos políticos, teléfonos celulares y fijos.

Con esta información, los “ejecutivos” obtenían las llamadas “sábanas” o “edredones”, que eran los listados de números y llamadas entrantes y salientes, útiles para obtener lo “relevante”, es decir, información que alimentaba un programa de cómputo que permitía establecer gráficamente la “red de vínculos” de los espiados.

Los “panoramas” se elaboraban mediante intervenciones telefónicas que les permitían a los espías acceder a aspectos de la vida privada. A estos archivos de audio les llamaban “canciones”, y la “lista de artistas” incluía a personajes como Fidel Herrera Beltrán, el gobernador priista de Veracruz; Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno del Distrito Federal; Beatriz Paredes, presidenta Nacional del PRI; Germán Martínez Cázares, a la sazón dirigente nacional del PAN; el legislador panista Santiago Creel, el priista Manlio Fabio Beltrones y el perredista Carlos Navarrete, además del excandidato presidencial de la coalición Por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador; Leonel Godoy, gobernador de Michoacán, y el perredista Alejandro Encinas, entre otros, de cuyos casos dio cuenta la prensa en julio y noviembre pasados.



“Huellas” mexiquenses



“Hay que esperar a que (el caso) se enfríe un poco”. Eso es lo que, según los defensores de uno de los afectados por el aseguramiento del inmueble de la calle Antonio Cárdenas, les dijo un funcionario de la PGR cuando se presentaron a reclamar la devolución de la casa. Habían pasado varios meses desde que exigieron a la dependencia responder por qué había sido asegurado el lugar.

La PGR no quiso obedecer al juez de distrito que ordenó en su sentencia de amparo dar detalles sobre la investigación, dice uno de los litigantes.

La actitud de la dependencia también extrañó al juzgado donde se consignó el caso, no sólo por las implicaciones políticas de los delitos por los que se dictó formal prisión a Dena y a 11 coacusados (una sobrina suya entre ellos, Teresita de Jesús Flores Dena, copropietaria en una de las empresas), sino porque quedaron sin concluir varias líneas de investigación que podrían llevar a la identificación de quienes financiaron cada bloque de espionaje, valuado cada uno entre 350 mil y 450 mil pesos.

En uno de los cateos a las cuatro casas que se aseguraron como parte de las indagatorias se encontró un “contrato de prestaciones de servicios entre Laura Elena Ortiz Chapa y Seguridad Privada Inteligente Proveedora de Soluciones Activas, S.A.”. Estaba junto a un engargolado con la leyenda “Centro de Información y Seguridad, CISET, agosto de 2008”, un órgano autónomo del gobierno estatal. En otro inmueble se localizó el “seguimiento” telefónico hecho a la actriz Angélica Rivera, prometida del gobernador mexiquense, y una serie de “encuestas” sobre el mandatario.

En el domicilio del exempleado del Cisen Guillermo Lago Montes, localizado en la calle Luis Cabrera, las autoridades encontraron grabaciones de las llamadas telefónicas hechas por la misma actriz junto con otros audios y documentos relativos a ella. En otro de los domicilios cateados en la colonia Popo hallaron reportes sobre los “avances en la transcripción de audios de Gaviota”. En varias ocasiones, según el expediente, la señora había señalado que sabía que sus conversaciones eran espiadas.

En lo que atañe a Dena Escalera, en su computadora personal se encontró una serie de trabajos de su autoría para el gobierno del Estado de México. Uno de ellos se titula Sectores de información para la Agenda de Riesgos del Estado de México, con los apartados: “Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Político, Laboral, Empresarial, Campo, Educativo, Cultos, Popular, Seguridad Pública, Subversión, Contrainteligencia, Medios de comunicación”.

En el rubro de Contrainteligencia, realizó un seguimiento especial a las “actividades de inteligencia” del Cisen, la Secretaría de la Defensa Nacional, la PGR, la Secretaría de Seguridad Pública federal y “organismos extranjeros”.

Cuando el pasado 21 de enero la PGR efectuó una diligencia para devolver el inmueble de la calle Antonio Cárdenas a sus propietarios, los agentes federales tuvieron que llegar con una mudanza para llevarse el mobiliario y los equipos, y contrataron una grúa para sacar una camioneta Lincoln asegurada.

A la basura no le hicieron caso. En algunos botes aparecieron documentos que detallan cómo Dena y sus “ejecutivos” se preparaban para darle seguimiento a las elecciones de 2012. Alguien anotó en una hoja amarilla, fechada en septiembre de 2008, que tenían previsto un estudio de la última jornada electoral mexiquense para ubicar tendencias y solicitar información al IFAI sobre sus “objetivos”.

*Tomado de la revista Proceso.